La próxima semana se presentaría la propuesta de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, cómo adelantó El Destape días atrás. El Gobierno buscará avanzar para que el proyecto sea sancionado antes de fin de año para aplicar la ley a partir de enero.
La comisión bicameral del Congreso, encargada de la redacción del proyecto de ley sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, prevé intensificar su actividad sobre la iniciativa que debe definir el nuevo esquema automático de aumentos de los haberes. Según pudo saber este medio, el mismo estaría basado en el sistema que se prolongó entre 2009 y 2017, y contemplaría aumentos trimestrales en las jubilaciones y pensiones.
En diálogo con Radio Nacional, el diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión Bicameral, Marcelo Casaretto, afirmó: “Estimamos que la semana que viene vamos a avanzar en definiciones en el seno de la comisión para poder tratarla antes de fin de año y que tenga vigencia a partir de enero del año que viene”. Los legisladores que integran la Comisión aún no tienen el texto final pero los plazos indican que este lunes sería el día D para la propuesta.
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Según Casaretto, el concepto que manejan “está más cerca de la fórmula de 2008 que tuvo vigencia desde 2009 hasta 2017, permitiendo que los haberes de los jubilados aumenten por encima de la inflación”. Tras recordar que el gobierno de Mauricio Macri en 2017 “cambió la fórmula”, sostuvo que la modificación impulsada por la gestión de Cambiemos “significó una reducción de los haberes del 19 por ciento entre 2018 y 2019”.
“Los tres conceptos más importantes para valorar la movilidad son los haberes de los trabajadores en actividad, la recaudación y la inflación”, aseguró el legislador. Desde el Gobierno especulan con que previamente se sancione la ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional (FGS), la cual tendrá su tratamiento en el Senado dentro de dos semanas, con media sanción en Diputados.
Construir una fórmula sostenible
Uno de los puntos centrales del proyecto introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta los activos del FGS. Expertos que disertaron en las reuniones de comisión plantearon que estos fondos podrían ser utilizados para cubrir los hipotéticos desfasajes que pueda haber en la actualización de los haberes.
Cabe recordar que el Gobierno había prorrogado por 180 días (hasta el 31 de diciembre) el lapso de tiempo para que la Comisión de Previsión y Seguridad Social- conformada por representantes del ámbito legislativo y ejecutivo - elabore un nuevo índice de actualización para los jubilados. El plazo original que plantearon los artículos 55 y 56 de Ley de Emergencia Social vencía el 31 de junio.
El argumento esgrimido en su momento fue que la pandemia había distorsionado la recaudación de los recursos de la seguridad social, en las remuneraciones al trabajo y en la evolución de los precios al consumidor. Además, se tornaron inciertos los parámetros más relevantes utilizados para establecer una metodología rigurosa de cálculo para determinar la movilidad previsional.
En el oficialismo se había remarcado que los regímenes jubilatorios “tienen que balancear dos objetivos: mantener la suficiencia de las prestaciones y asegurar su sustentabilidad”. Ambas metas, según precisaron, no podían llevarse a cabo ante “las condiciones macroeconómicas inestables, el aceleramiento de los cambios demográficos y las crecientes transformaciones en el mundo del trabajo y las relaciones laborales”.
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