Congelamiento de precios e intervención estatal: un golpe de timón ¿a tiempo?

Aunque previsible, resulto muy negativo el dato de la inflación de septiembre, pues el índice de 3,5 por ciento quebró una tendencia a la baja que había comenzado en el mes de abril, aún cuando estos guarismos nunca bajaron del alto 2,5 por ciento mensual.   

Lo cierto es que la respuesta llegó un día antes de que se difunda el dato, cuando el flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti, sorprendió con el anuncio de un pedido a 40 representantes de las principales firmas de alimentos y otros productos de la canasta básica de sostener un congelamiento de precios de 1.245 productos de consumo masivo, el cual de tener éxito implicaría en muchos casos un descenso en los precios, pues pidió además que estos se retrotraigan al día uno de este mes.

Razones objetivas para la medida no le faltaban a Feletti. Y es que la inflación en alimentos superó en la medición interanual de septiembre el promedio de inflación, más precisamente y de acuerdo al Indec, 53,5 contra 52,5. Sin embargo, aun cuando las materias primas experimentaron un importante aumento en lo que va del año,  ninguno de los otros principales costos se acercó estos índices, pues los precios regulados de tarifas y combustibles estuvieron muy por debajo (ambos 29 por ciento), al igual que el valor del dólar oficial y sus cotizaciones paralelas (15 por ciento), mientras que la paritaria del sector de alimentación para el presente año fue del 42 por ciento, pero en cuatro tramos que hasta el momento representan un 32 por ciento.  

Este cuadro es parte del escenario que plantea Feletti, quien afirmó que desea retrotraer el peso de la canasta básica alimenticia a diciembre de 2019, cuando la misma consumía el 9 por ciento de un trabajador registrado con sueldo promedio, en lugar del 11 que ocupa actualmente, y que en el contexto actual de reactivación del consumo podría asegurar rentabilidades por volumen de venta en lugar de por remarcación, más aún si se tiene en cuenta que la capacidad instalada en uso de la industria alimenticia es solo del 62 por ciento.   

Cambio de rumbo 

Más allá del grado de cumplimiento que pueda llegar a tener la sorpresiva medida, lo cierto es que, en sí misma, representa una importante modificación en el sesgo conservador que llevó adelante la política económica durante el presente año, donde pareció imponerse el sector de la coalición más vinculado al establishment. Y es que en efecto, si durante el año pasado medidas como el Aporte Solidario y Extraordinario a las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, o la reestructuración de la deuda en dólares, que significó una quita de 37.700 millones de dólares en el pago a los bonistas privados, junto con la inversión de un punto del PBI para apoyar a pymes, trabajadores, y beneficiarios de planes sociales, tuvieron como objetivo que el costo de la crisis derivada de la gestión macrista y la pandemia sea en parte absorbida por el sector más concentrado de la economía, esta año dicha política pareció ser en gran medida dejada de lado para esperar que el rebote económico y el mercado armonizaran la situación socioeconómica, un proyecto que al parecer fue rechazado por el grueso de la población el pasado 12 de septiembre.
Incluso, hasta el pasado miércoles el gobierno había efectuado pocas modificaciones al rumbo económico, donde el costo de las medidas que más se destacaron, como el aumento del salario mínimo para beneficiar a más de un millón de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, la duplicación de las asignaciones familiares, o la suba del mínimo no imponible en Ganancias, no solo mantuvieron esas prestaciones en niveles inferiores a diciembre de 2019, sino con un costo absorbido por la totalidad de la población, el Estado, antes que por el sector más concentrado de la economía.
Por eso, el flamante congelamiento de precios, retoma de alguna forma algunas de las políticas implementadas en 2020, si se tiene en cuenta que el sector alimenticio está liderado por grandes empresas monopólicas y oligopólicas, que, tal como demostró El Destape, en medio de la segunda ola y antes del despegue económico, ya obtenían ganancias extraordinarias.  

Probabilidades de éxito

Resulta complejo estimar cuan posible será que el plan de la Secretaría de Comercio llegue a buen término. Y es que si bien es cierto que prácticamente todos los gobiernos, incluyendo los neoliberales de la dictadura cívico militar y de la alianza Cambiemos, recurrieron en algún momento a acuerdos de precios sin mayores éxitos, no menos real es que entonces la disputa de fondo era con la presión salarial, actualmente en uno de sus índices más bajos históricos.  

Con todo, existe un antecedente exitoso. Fue durante el tercer gobierno de Perón, cuando a instancias del ex presidente, la CGE, organización gremial que representaba a 1.300.000 pequeños y medianos empresarios, firmó junto a la CGT el denominado “Pacto Social”, el cual posibilitó un descenso de la inflación del 80 por ciento en 1972 al 27 por ciento para fines de 1974, redistribuyendo al mismo tiempo el ingreso nacional, pues los trabajadores pasaron a obtener del 33 al 42 por ciento del PBI, gracias a un paralelo aumento salarial. Este Pacto, pudo resistir incluso un shock externo como la crisis mundial del petróleo, derivada de un boicot a Occidente por parte de la organización de países exportadores de petróleo, la OPEP.
Todos los analistas coinciden en que la clave del éxito era política antes que económica, pues el Pacto estaba respaldado por la autoridad presidencial, en ese momento en manos de Perón.
Tal vez este último aspecto sea la principal carencia en la medida dispuesta por Feletti, quien sin embargo cuenta con condiciones económicas objetivas para que su propuesta llegue a buen puerto.