La futura licitación del espectro para la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G) se encamina a ser implementada en Argentina. El proceso licitatorio podría arrancar en febrero de 2023 y se habla de una inversión por US$ 1.400 millones que reforzarían las arcas del Estado.
A principios de mes ingresaron al Tesoro US$ 27 millones por la concreción de la licitación de frecuencias de la telefonía móvil de 4G. El proceso tiene por objetivo aumentar, mejorar la cobertura en aquellas zonas con escasa o nula calidad de servicios móviles, y acercarse a la cobertura plena. De acuerdo a lo informado por el Enacom, esto permitirá aumentar la eficiencia en el uso de la banda, dada la nueva disposición en forma contigua de los rangos asignados. Aunque se toma con cautela el horizonte respecto a la venida de inversiones, en febrero podría darse el primer paso.
La cifra de US$ 1.400 millones se originarían por disposición tres bloques de 300 MHz de la banda de 3,5GHz. El Enacom había catalogado como bandas aptas para 5G la de 3,5GHz, la de 1.500MHz, la AWS-3, la de 2300MHz, la de 26GHz y la de 38GHz.
La tecnología de los celulares evoluciona al pasar los años: del 1G al 2G, 3G y 4G. La denominación de 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles que conocemos y permitirá navegar hasta a 10 GBps (gigabytes por segundo), 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica del mercado. A ese ritmo se podrá, por ejemplo, descargar una película completa en cuestión de segundos.
Además, la latencia (el tiempo de respuesta de la red) también experimentará un avance significativo. Según los operadores, esta podría reducirse a 5 milisegundos, un período casi imperceptible para los humanos, lo cual permitirá conectarse prácticamente en tiempo real. Este dato es especialmente importante, por ejemplo, para minimizar el tiempo de respuesta de un vehículo autónomo de cara a mejorar la seguridad tanto de los ocupantes como de cualquier viandante que le circunde.
Aún así, es importante remarcar que muy pocos países ostentan redes 5G en gran parte de sus territorios, por lo que se podría hablar de demoras para su implementación en Latinoamérica. Además, se trata de inversiones que deben realizar las empresas, no los Estados. Gobiernos como los de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y Australia adoptaron normas de seguridad y bloquearon a la china Huawei como proveedor. El argumento es que no se debería entregar la infraestructura de telecomunicaciones de un país al Estado chino.
Aquí yace un conflicto geopolítico que involucra a la Argentina, de relaciones fluidas con China. En paralelo, la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía intensificó los lazos con Estados Unidos, que disputa publicamente con China por el segmento 5G.
Desde la llegada del Frente de Todos al gobierno, el Enacom desplegó una política de ampliación de conectividad que se corresponde con este tipo de proyectos. Según la última información disponible, para el cuarto trimestre de 2019 había 8.793.181 total de accesos a internet fija, mientras que para el mismo periodo de 2021 trepó a 10.489.794 (+19,29%), y la velocidad promedio mejoró 85,2%. En tanto, para la comunicación móvil se registraban 56.352.947 accesos para fines de 2019 y en 2021 aumentó a 59.065.827 (+4,8%).
El DNU 690
Esta semana, el Poder Judicial dictó una prórroga a la medida cautelar que paraliza el DNU 690 que regula el servicio de las telecomunicaciones en favor de la empresa Telefónica, y en consecuencia al resto de las compañías líderes del mercado. Las negociaciones lucen estancadas para buscar una salida y las empresas hablan de trabas para el ingreso de inversiones. A contramano, el Gobierno apela los fallos que se acumulan para que la Corte Suprema defina, una situación que se vislumbra como poco probable.
De acuerdo a un informe al que accedió este medio, en 2021, las empresas se aprovecharon de la medida cautelar que otorgó el poder judicial para aplicar aumentos desmedidos y este año prosigue la misma dinámica. Tanto las tarifas de televisión paga, el servicio de internet y la telefonía móvil mostraron la voracidad de las compañías contra los usuarios.
Por ejemplo, para el servicio móvil postpago, el organismo autorizó incrementos del 21% el año pasado, pero Claro aumentó un 45%, Movistar un 44% y Personal un 49%. Los paquetes que representan el plan prepago son más diversos pero las subas que fijaron las firmas fueron igualmente altos y llegaron hasta un 50%. Asimismo, para el servicio móvil mixto, Claro aumentó la tarifa un 33%, Movistar un 44% y Personal un 49%.
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