La concesión de la Hidrovía quedó encallada en la Casa Rosada

El Gobierno canceló el miércoles la licitación de la concesión de la Red Fluvial del Paraná, conocida como Hidrovía. “Es lo que se tenía que hacer”, señalaron desde la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) luego de presentar un dictamen con el señalamiento de una serie de irregularidades en el pliego licitatorio. A la hora de la apertura de los sobres, hubo una sola empresa oferente, la belga DEME, la misma que había denunciado una serie de irregularidades durante el proceso licitatorio, entre ellas la discrecionalidad del Poder Ejecutivo hacia otras compañías.

El Gobierno, para evitarse posibles conflictos administrativos y judiciales, optó por cancelar la licitación y convocar a la Comisión de Defensa de la Competencia para que “investigue presiones sobre la única oferente o la presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado nacional". Una bomba de humo.

Luego de hacer una defensa cerrada del proceso licitatorio sobre la concesión de la red fluvial del Paraná, la administración Milei tuvo que inventarse un giro copernicano para cambiar de opinión y declarar nulo el proceso que se había iniciado el pasado 20 de noviembre. “La única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes de la presentación de ofertas”, sostuvo el vocero Manuel Adorni durante una conferencia de prensa.

Pese a la inscripción de 11 empresas en el proceso y la existencia de consultas formales e informales sobre la participación de más compañías, ninguna otra presentó oferta. Ante esto, el Gobierno ordenó una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o si hubo una posible asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos. Este fue el giro argumentativo del Gobierno para salir del embrollo en el que se metió con los pliego de dicha licitación.

Según denunció un informe de la PIA, el direccionamiento del pliego apuntaba a otra empresa, JAN DE Nul, la actual concesionaria de la red fluvial del Paraná. El texto de la fiscalía, firmado por Sergio Rodríguez y Esteban Venditti, había sido contundente, al afirmar que “hubo un direccionamiento explícito para favorecer a la belga Jan De Nul y excluir competidores internacionales, no hubo un dictamen fidedigno de la comisión evaluadora y no se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Desde la PIA indicaron a El Destape que la cancelación del proceso licitatorio anunciado este miércoles por el Gobierno “era lo esperable, lo que debía ocurrir”.

La postura del Gobierno

El Gobierno ordenó una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o si hubo una posible asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos. La estrategia obedece a la necesidad de construir una narrativa que quite al Poder Ejecutivo del centro de las irregularidades. De todas maneras, Defensa de la Competencia tendrá las chances de ofrecer su análisis sobre la cuestión.

“Desde que se lanzó la licitación, nos acusaron de que la misma estaba direccionada a favor de un operador puntual, con la clara intención de sabotear el proceso. Nos llama la atención que, en un supuesto direccionamiento, la única oferta que se haya presentado haya sido la de DEME, la cual fue la principal artífice de estas acusaciones”, manifestó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor.

Por su parte, la empresa señalada afirmó que “desea que el nuevo proceso licitatorio se establezca desde los más altos estándares internacionales de transparencia y eficiencia, siguiendo los lineamientos oportunamente presentados por la PIA hace 24 horas”. “Estas mejoras solo pueden redundar en beneficio de la República Argentina, sus empresas, su logística y su población”, agregó el comunicado oficial.

“Desconocemos la razón por la que la actual empresa dragadora y otras competidoras no se han presentado sus ofertas”, concluyó el texto difundido por DEME.

Acerca de la Hidrovía y su contexto

La llamada "Hidrovía" posee un total de 3.442 kilómetros; se extiende desde Puerto Cáceres, en Brasil hasta Nueva Palmira, en Uruguay, mientras que el tramo que se concesiona posee alrededor de 1.200 kilómetros (entre el kilómetro 1.238 del río Paraná y el kilómetro 239 del canal de Punta Indio, en el Río de la Plata). Dicha red vincula el tráfico de los ríos Paraná y Paraguay con el océano Atlántico a través del río de La Plata, por donde se despacha el 80% de las exportaciones agroindustriales nacionales. Pero su relevancia no solo pasa por el río; también todo lo que circula por rutas y caminos terrestres.

Para Carlos Cruz, ex titular de la UIF, todo lo que sucede sobre el eje del Paraná constituye una parte central del entramado de criminalidad económica vinculado a la Argentina y sus países limítrofes. Esto incluye al narcotráfico, la trata de personas, el manejo y apropiación de los recursos naturales.

“Es necesario optimizar los controles sobre el referido Corredor litoral y la Hidrovía, sus puertos y rutas terrestres, que desde hace décadas viene siendo utilizado para llevar adelante operaciones de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas alrededor de la zona de la triple frontera y contrabando de granos, aceites y harinas con países limítrofes”, analizó Carlos Cruz, el ex titular de la UIF durante la administración del FdT, en diálogo con El Destape.

El dictamen de la PIA

El dictamen de la Procuración de Investigaciones Administrativas fue contundente. Tras analizar todos los documentos vinculados al proceso licitatorio concluyó que, de no mediar una modificación de todo el proceso, la administración Milei podría ser sometida a reproches administrativos y penales.

A continuación, las principales objeciones de la PIA.

• Una mayor competencia aumenta las probabilidades de la Administración de poder contratar en mejores términos. Se incorporaron requisitos y restricciones para participar sin haberse explicado debidamente el porqué de tales decisiones.
• Esta Procuraduría no observa en el expediente documentación alguna que acredite fehacientemente la idoneidad de la comisión evaluadora, ni de los miembros titulares de la comisión ni de los suplentes, circunstancia que resulta imprescindible.
• En esta línea, la PIA sostuvo que dichos “técnicos”, de apellido Cherubini, Devincenzi y Sofio ya habían torcido el tablero en favor de Jan De Nul en un proceso licitatorio similar ocurrido en 2022, el cual quedó desierto.
• Las empresas que denunciaron una exclusión arbitraria de la licitación fueron la belga Dredging International (DEME), la compañía dinamarquesa Rohde Nielsen y también oferentes chinos, a pedido explícito de la embajada norteamericana.
• Sobre China, el pliego incluía un artículo que decía lo siguiente: queda excluida toda persona jurídica que sea controlada, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma. De este modo, empresas como Shanghai Dredging  Co., filial de la China Communications Construction Company (CCCC), quedaron afuera de la compulsa.
• Plazo de la concesión: la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables se limitó a poner en conocimiento que el plazo estimado de la concesión cuyo trámite de licitación se tramita de 30 años, sin que exista análisis ni ponderación de ese plazo. No surge justificación alguna de cómo se arribó a él ni su conveniencia.
• El plazo por concesionar puede ser a 10 años, tal vez 15, tal vez una prórroga de 5 años, pero no hay ningún fundamento para considerar plazos mayores.
• Sobre la cláusula anticorrupción: el artículo 17 del Pliego establece que será causal de rechazo inmediato de la oferta o de rescisión del contrato el dar u ofrecer dinero, cualquier dádiva o ejercer cualquier tipo de coacción o presión para que un funcionario con competencia en la licitación haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Hasta ahí, todo legal. Sin embargo, el pliego continúa con lo siguiente: “Si el contrato hubiera tenido principio de ejecución, podrán reconocerse al Concesionario las prestaciones sobre la base de los principios del enriquecimiento sin causa.
• ¿Responde a un principio de justicia -y transparencia- indemnizar al sujeto activo -directo o indirecto del hecho corrupto, siendo que su propio accionar irregular es quien origina la anulación del vínculo contractual? La cláusula redactada en los términos indicados, no parece garantizar la transparencia ni el cumplimiento por parte del Estado Argentino de las obligaciones asumidas en las Convenciones en materia de lucha contra la corrupción. Todo lo contrario”, concluyó la PIA.