Sin capítulo fiscal, el Gobierno analiza descongelar el impuesto a los combustibles

El gobierno de Javier Milei analiza la posibilidad de aumentar el impuesto a los combustibles esta semana, como forma de compensar, parcialmente, la recaudación que se perderá por la eliminación del capítulo fiscal de la ley ómnibus.

Se trata, en rigor, de dos impuestos diferentes, que son los que mayor carga tienen el precio de los combustibles: el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono.

Ambos fueron actualizados por última vez en octubre de 2022 (en un 25%), aunque por las subas correspondientes al primer y segundo trimestre de 2021. Por lo tanto, todavía resta aplicar la suba del tercer y cuatro trimestre de 2021, así como las de todo 2022 y de todo 2023.

Esto se debe que el gobierno de Alberto Fernández resolvió congelarlos para evitar un mayor impacto en el consumidor. Primero, en el marco del acuerdo de precios con las petroleras, en el que estas aceptaron no subir el valor del litro a cambio de que los impuestos tampoco aumentaran.

Luego, el congelamiento de los impuestos continuó en el marco de las últimas elecciones. Precisamente, la última vez que se resolvió postergar la suba fue el 1º de noviembre pasado, cuando se pateó el aumento hasta el 1º de febrero.

Ahora, fuentes oficiales confirmaron a El Destape que efectivamente está bajo análisis volver a aumentar estos dos impuestos en esta semana entrante.

En el sector petrolero estiman que el atraso de los impuestos es de más de 200%, por lo que dudan de que la actualización correspondiente pueda aplicarse en un solo tramo, ya que el traslado a precios es directo y total. Más aún, luego de los fuertes aumentos establecidos entre diciembre y enero, cercanos a un 100% en total, que llevaron el litro de nafta súper a entre 700 y casi 800 pesos dependiendo del surtidor.

Aun así, en las petroleras entienden que sería lógica una suba impositiva al menos parcial, que podría llevar el precio final por litro a un valor cercano o superior a los 1000 pesos en el inicio de un proceso de próximas actualizaciones sucesivas. En el Gobierno evitan por ahora adelantar cualquier cifra concreta.

Para Milei y Luis Caputo sería una forma de compensar parcialmente el agujero en la recaudación que dejará la postergación del tratamiento del capítulo fiscal de la ley ómnibus, anunciada el viernes. Particularmente, por la eliminación de la suba de las retenciones a los derivados de la soja, del blanqueo, del adelanto de Bienes Personales y, en paralelo, de la reinstalación del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.

La estrategia no reviste muchas complicaciones. Se trata, en primer lugar, de un aumento fácilmente justificable, no por el lado del bolsillo pero sí por el atraso producto del congelamiento de los últimos años. Y, en segundo lugar, es un impuesto de fácil recaudación por cobrarse directamente sobre el litro de nafta vendido.

De concretarse, se sumará a los tarifazos esperados para febrero en gas y de la electricidad, así como en el transporte de colectivos y trenes del AMBA por un 250%, por el momento suspendido debido a una cautelar dictada por la justicia federal.