Un nuevo encuentro entre la UTA y las cámaras del sector del transporte terminó este martes a la noche solo con la promesa de volver a reunirse el jueves próximo a las 13, es decir, en la misma fecha que el sindicato de colectiveros había puesto como plazo máximo para resolver su reclamo salarial. Las negociaciones están trabadas y, antes de la reunión del martes, los empresarios ya habían lanzado una advertencia que ahora cobra más fuerza: si no hay un aumento en el giro de fondos por parte del Gobierno o una autorización a subir el boleto, el sistema de colectivos del AMBA se encamina hacia un inminente achicamiento, que reduciría la flota en un 16% y empeoraría un 20% la frecuencia.
La disputa es por el pago de una suma no remunerativa de 250.000 pesos. Producto de una cláusula ambigua, la UTA sostiene que esta suma esta ya fue homologada en la paritaria, pero el Gobierno afirma lo contrario. Las empresas sostienen que solo podrán pagar esa diferencia si la Secretaría de Transporte les gira los fondos correspondientes. Por ahora esto no ocurrió, pese a estas largas semanas de conflicto.
La única esperanza para evitar un nuevo paro para el 25 de abril está puesta en la reunión tripartita que iba a ocurrir este miércoles en la Secretaría de Trabajo y ahora se postergó al jueves a las 13. Pero las empresas sostienen que no habrá pago de los 250.000 pesos si el Gobierno no aumenta los fondos.
Básicamente, las cámaras sostienen que hay dos posibles salidas al conflicto gremial. O bien el Ministerio de Economía, que controla a la Secretaría de Transporte, dispone de un aumento de los subsidios, o bien autoriza una suba significativa del boleto.
Sin embargo, los empresarios transportistas ven poca o nula voluntad de las autoridades de avanzar en este sentido. Según entienden, Luis Caputo cambió las reglas de juego al absorber Transporte. Cuando esta área todavía dependía el extinto Ministerio de Infraestructura, la intención del entonces ministro Guillermo Ferraro era dejar que haya paritarias libres y permitir un aumento del boleto en el AMBA hasta equipararlo con el valor de Córdoba y Rosario.
En cambio, Caputo impuso su sesgo puramente fiscalista y antiinflacionario al secretario de Transporte, Franco Mogetta, para poner un techo a las paritarias, negar aumentos en los subsidios y cortar con los aumentos bimestrales del boleto.
De hecho, desde las cámaras ya dan por sentado que en mayo no habrá autorización para aumentar el boleto de colectivos pese a la oficialización de la suba del boleto de trenes de ayer. En todo caso, están expectantes de que el Gobierno permita una suba de la tarifa para junio, que podría llevar el boleto, aseguran, a entre 600 y 700 pesos.
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El riesgo inminente de una reducción en los colectivos del AMBA
En este contexto, la única solución que ven en las empresas, si se comprueba la negativa del Gobierno a aumentar subsidios o subir tarifas, es achicar el sistema de transporte de colectivos en el Área Metropolitana.
Desde una de las cámaras le ponen cifras números a este posible escenario. La cifra mágica son 50.000 millones de pesos por mes entre subsidios y recaudación por boleto, que permitirían cubrir los costos de funcionamiento sin incluir el pago de salarios. Si no llegan a este número, el achicamiento de la flota de colectivos sería inevitable.
Lo que ven como más probable es que sea necesario recortar, en ese caso, unas 3.000 unidades, equivalente a un 16,6% de la flota total de 18.000 colectivos que hay hoy en el AMBA. Un número que, según sostienen las empresas, es alentado desde el propio Gobierno. Esto llevaría a una obvia baja en la frecuencia, calculan, en alrededor de un 20%.
En verdad, este procesó ya comenzó lentamente en el verano, admiten desde esa misma cámara transportista, pero agregan que se acelerará en las próximas semanas si no cambia el tono de las negociaciones con el Gobierno. O, en todo caso, si la UTA no cede en su reclamo, algo a todas luces improbable porque implicaría una baja salarial nominal.
Las cámaras aseguran que esta es la última solución que desean implementar y se resisten a llevarla adelante porque se trata de un proceso poco reversible. Una vez que una unidad queda en el garage por mucho tiempo, se vuelve difícil de restaurar y termina siendo vendida, a veces como chatarra.
Los empresarios aseguran que el mensaje que baja del Gobierno es que "se tienen que achicar", y agregan que las propias autoridades les dicen que "el sistema de transporte debe ser como el de un país pobre" de América Latina. La motosierra se acerca peligrosamente.
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