El abogado penalista Maximiliano Rusconi presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, un pedido de no innovar ante una medida tributaria autorizada por la Corte Suprema durante la presidencia de Mauricio Macri, que perjudicaría a miles de trabajadores argentinos y que favorecería a la vez a dos multinacionales que tienen ya el 90% del mercado de cigarrillos local.
Según la presentación ante la CIDH, cuya petición sobre no innovar lleva el número P-1984-21 y el análisis de la cautelar el número MC-1031-21, la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 27.430, publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017, "establece de manera arbitraria un piso de tributación, muy por encima del precio de comercialización de los productos elaborados por Tabacalera Sarandí SA, tornando en confiscatoria su aplicación".
En la denuncia, a la que tuvo acceso Télam, también se expone que "paradójicamente, el nuevo sistema perjudica también al Estado, no sólo al generar un contribuyente menos de quien puede hacerse de ingresos para acrecentar las arcas del Estado por la recaudación impositiva, sino que también y, en definitiva, reduciendo a la pobreza a todos los trabajadores involucrados".
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Rusconi sostuvo que resulta "irracional" el modo en que la Suprema Corte convalidó el cálculo del impuesto a los Cigarrillos, utilizando para ello el precio de la marquilla más vendida, "que obviamente es la de una multinacional”, con lo que "obliga a las pymes a vender mucho más caro que lo que puede hacer".
La denuncia expone así "la existencia de un nuevo sistema normativo que establece una ecuación tributaria, que resulta inequitativa y desproporcionada para las empresas que previo a la promulgación de la ley de impuesto mínimo (llamada ley Massalin) practicaban precios inferiores al monopolio del tabaco".
El letrado acompañó la presentación con la firma de gran cantidad de trabajadores de la pyme nacional Tabacalera Sarandí, quienes temen por el cierre de la empresa por razones ajenas a su funcionamiento.
Agregó Rusconi que en realidad "son miles" las familias argentinas que proveen de distinta forma a la industria tabacalera en el país, las que se verán seriamente perjudicadas.
Al respecto, calificó la ley como "totalmente irracional", un "inmoral traje a medida de las multinacionales para distorsionar el mercado", y consideró que la decisión del máximo tribunal de la Nación se produjo "en un momento muy cuestionable de nuestra Corte Suprema", apoyando así a “un lobby sin límites de las multinacionales en el país" a favor de la concentración del mercado y el cierre de las pequeñas y medianas empresas nacionales.
Añadió el abogado que en caso de que tal medida cautelar no prospere, se procederá a realizar un planteo ante la Corte Interamericana de DDHH, la cual podrá constituir una orden judicial de cumplimiento obligatorio.
"El Estado debiera aprovechar la instancia de mediación y a través de eso corregir los excesos de una política tributaria que sólo ha tendido a proteger los intereses de las grandes corporaciones en detrimento del trabajo nacional y de las pymes nacionales", concluyó Rusconi.
Con información de Télam
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