Mientras las grandes corporaciones apuntan al peso de los impuestos en el entramado productivo del sector agroexportador, el principal costo que enfrentan las explotaciones rurales (sin campo propio) es el arrendamiento. De acuerdo con el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (Bcbcc), el peso del alquiler de campos para la cosecha 2023/2024 –que se mide en quintales de soja por hectárea—representa, según el cultivo, entre el 38 por ciento, para la soja y el 29 por ciento, para el maíz. Los impuestos, descontando las retenciones que varios cultivos ya no tienen, van del 1 al 5 por ciento de los costos.
El precio del arrendamiento se estima en quintales por hectárea de soja, siendo la unidad de medida más habitual. Según las zonas de producción se convierte a dólares por hectárea para un rinde estándar de 16 quintales la tonelada. Actualmente, por la sequía y la baja de precios de la oleaginosa ese costo se ubica en 12 quintales por hectárea.
No es lo mismo quien cultiva soja en campo propio que quien lo tiene que alquilar. Incluso, hay una trampa de precios que perjudica al pequeño productor y beneficia a los dueños de las tierras. Cuando hay una mala cosecha, suben los precios internacionales por una menor oferta global. Como los alquileres están pautados en precio por quintal de soja, los arrendamientos también se encarecen. Esto a los productores lo perjudica más que el mayor ingreso por precios internacionales ante una oferta acotada que no llega a compensar el incremento en los costos.
El rendimiento de indiferencia (producción que cubriría los costos totales del cultivo por unidad de superficie, incluyendo la comercialización y la cosecha) promedio para el margen neto con campo propio es 57,7 por ciento, con mínimo de 11,3 por ciento y máximo de 49,9 por ciento sobre rinde logrado.
Buena parte, casi la mitad, de la ganancia bruta de los productores de granos se la lleva el arrendamiento de campos, el cual actualmente llega pagarse a los 632 dólares por hectárea (para maíz y soja de 1era.), según el último informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Estos niveles de alquileres, sobre campos que no sufren una revaluación impositiva en muchos casos desde hace décadas, profundiza la clara diferencia de rentabilidades entre pequeños productores, arrendatarios y latifundistas.
A modo de ejemplo, en el caso de la soja, el rendimiento con “campo propio” asciende ahora en julio a 520 dólares la hectárea, mientras que esa ganancia se reduce a 41 dólares si se alquila. Si se hubiera liquidado el mes pasado, los márgenes hubieran sido de 611 y 81 dólares por hectárea respectivamente.
Las cifras privadas revelan que la caída de la actividad entre los principales cultivos exportables, además de la baja en sus precios, no respondió a un incremento en los costos, como denuncian desde el ala más combativa de las corporaciones agropecuarias.
Por su parte, los impuestos (descontando el precio recibido luego de las alícuotas de retenciones) se anticipan para esta campaña de entre 6 y 17 dólares por hectárea. A esto se suman los porcentajes de derechos de exportación, los cuales se ubican 33 por ciento para la soja y de 12 por ciento para el resto de los principales cultivos (trigo, maíz y sorgo).
El resto de los costos directos representan entre 27 y 46 por ciento, similares valores del arrendamiento. En ese tándem se incluye servicio de labranza, cosecha, herbicida, fertilizantes, insecticidas, fungicidas y semillas.
Entre el 50 y el 60 por ciento de la producción de los principales cultivos en el país se hace bajo algún esquema de arrendamiento. Por su parte, existe un mercado de arrendamiento de tierras que se aproxima a los 18 millones de hectáreas. La siembra de los principales cultivos del agro argentino (trigo, cebada, girasol, maíz, soja y sorgo) se ubica en torno a los 36,6 millones de hectáreas.
El Registro Nacional de Tierras Rurales revela que en la Argentina existen 267 millones de hectáreas rurales con posibilidad de explotación agropecuaria, ganadera, vitivinícola o minera, de las cuales, un 6 por ciento está en manos de extranjeros que cobran en dólares y se la llevan afuera.
Los principales pooles de siembra, un puñado de 15 grupos empresarios, detentan un estimado de 1,6 millones de hectáreas, con superficies promedio superiores a las 100 mil hectáreas en cada caso. Estos pooles explotan sus propios terrenos y absorben todo el beneficio inesperado de la suba en las materias primas.