Telecom, que junto con el Grupo Clarín, concentra el mayor conglomerado de medios de comunicación de Argentina y uno de los más importantes del continente, sigue dispuesto a mantener la pulseada contra el Gobierno en materia de tarifas hasta las últimas consecuencias. Este lunes se conoció que las empresas Telefónica y Claro se comprometieron a devolver los importes mal cobrados en enero y febrero, pero Telecom "continúa en rebeldía", según confirmó a El Destape el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López.
Pese al ultimátum y las amenazas de sanciones por parte del organismo, la empresa no respeta los márgenes de aumentos dispuestos y busca conseguir en la Justicia algún fallo que convalide los excesos que pretende cobrar. En el ENACOM señalan que existen distintas herramientas para sancionar y forzar el reintegro pero todavía no se aplicó ninguna.
En diciembre, el ENACOM puso en marcha la Prestación Básica Universal y autorizó sólo el 5 por ciento de aumento para el mes de enero en los servicios TICs para grandes empresas y de hasta un 8 por ciento para pequeñas prestadoras. Algunas empresas, aduciendo que la Resolución era del 18 de diciembre y ya habían emitido las facturas, cobraron con un aumento superior y no autorizado.
Como consecuencia se definió que en febrero tenían que aplicar un reembolso del 15 por ciento facturado de más. Tal como informó este medio, algunas operadoras, entre ellas Telecom, no devolvieron el aumento ilegal cobrado durante enero e incluso volvieron a enviar facturas con los mismos incrementos del 20 por ciento para el segundo mes del año. El ENACOM abrió un sumario, a partir del cual dictará una sanción económica contra la empresa del holding Clarín y la intimará para que reintegre el porcentaje cobrado de más en enero y anule la boleta de febrero.
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Estos aumentos impactaron sensiblemente en las mediciones de inflación de los meses de enero y, se espera, también en febrero. Según datos oficiales del INDEC, la inflación de enero trepó al 4 por ciento a nivel general, pero el dato sobresaliente en la medición fue que la mayor suba del período correspondió al rubro de las comunicaciones, que aumentó por encima del 15 por ciento. Es decir, buena parte de la inflación de enero correspondió a subas ilegales o no autorizadas, dado que se trata de servicios regulados por el Estado que requieren de autorización oficial.
La fecha límite para que la empresa Telecom, fusionada con Cablevisión en una mega compañía telefónica que controla TV por cable, Internet, telefonía móvil y telefonía fija, devolviera la diferencia cobradas en ambos meses era el viernes 5 de febrero pasado. De esa fecha ya pasaron dos semanas y media y los usuarios siguen sin recibir notificación sobre el reembolso por parte de la compañía. "Los usuarios de Telefónica y Claro con la facturación de marzo van a recibir el reintegro de lo que les cobraron por encima de lo autorizado en enero y febrero", confirmó a El Destape el vicepresidente del ENACOM.
El funcionario aclaró que Telecom, la única empresa que no cumplió con el decreto 690, será "sancionada y se le cobrará intereses por lo que le están cobrando incorrectamente a los usuarios". Desde el organismo analizan además sanciones no económicas más severas, como impedir que las empresas que no cumplan con la ley participar de futuras licitaciones del espectro radioeléctrico, como un futuro 5G. Muchas empresas cobraron sólo lo autorizado, otras van a devolver los importes mal habidos y Cablevisión-Telecom, desafiando lo prescripto por la Ley, volvió a facturar febrero con un aumento del 20 por ciento a todos sus clientes.
La mayoría de las empresas en el transcurso de las últimas semanas se ajustó a derecho, aunque algunas grandes se mantuvieron en rebeldía hasta último momento. Telecentro y Direct TV devolvieron los importes, ahora lo están haciendo Telefónica y Claro, y sólo Telecom decidió no cumplir con la ley, según detalló López a este medio. En el caso de Telefónica y Claro, la devolución que anunciaron será de alrededor del 12,5 por ciento. "El Estado va a actuar conforme a la ley hasta las últimas consecuencias, porque el servicio público no se discute, y el jueves tenemos una reunión con los defensores del pueblo y las asociaciones de usuarios", adelantó el funcionario.
Telecom se resiste a realizar el reembolso, el cual implicaría unos 4.000 millones de pesos que cobraron por encima del aumento previsto, explicó en declaraciones a FM La Patriada. “La declaración de servicio público es inamovible. Una cosa es debatir cómo se ajustan los precios, los costos, a partir de normas que establecieron. Otra es que las empresas libremente fijen el precio, sin hacerse cargo que esto es un servicio público esencial”, enfatizó López .
La empresa se ampara en un fallo de la Justicia cordobesa que convalidó un freno a la aplicación del decreto 690 para una pequeña operadora, el cual fue amplificado por otras firmas (como Telecom-Cablevisión) y cámaras del sector para intentar universalizar la decisión, pese a que la situación patrimonial de estas multinacionales diste de la de una cooperativa o pyme. “El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, ratificado por el Poder Legislativo, se encuentra plenamente vigente”, respondió el ENACOM.
El decreto estableció "que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia". Ese decreto habilita a la regulación de tarifas. “No hay argumento jurídico real, tenemos que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Están desafiando al gobierno pero están quedando solos en este pelea”. “Desconocen la potestad del decreto 690 que es el Estado el que autoriza la fija de precios”, remarcó el vicepresidente del ENACOM. Según adelantó, hay montos de hasta 500 mil pesos que se pueden multiplicar por cada usuario con que no cumplan. Vamos a ser severos con los intereses”, insistió López.
Al ser consultadas sobre el reembolso, las empresas piden a los usuarios hablar por mensaje privado y les rechazan el reclamo. "Pueden ir a Defensa del Consumidor o a alguna de las entidades de protección a los usuarios. O directamente viene al ENACOM o al Defensor del Pueblo. O no paga. Cada uno puede hacer lo que le parezca. Lo que digo es que la empresa cobra de más", había alertado el funcionario.
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