Este lunes 10 de mayo, y a través del Decreto 322/2021 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno extendió la vigencia de la Ley de Biocombustibles, que estaba prevista que venciera el próximo miércoles 12 del mismo mes. Con la firma del presidente de la Nación Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Economía Martín Guzmán.
En uno de los puntos resaltantes del considerando, se marcó: "Con el fin de asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario del citado proyecto, sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión, permitiendo de este modo la continuidad temporaria del régimen hasta ahora vigente, se considera necesario extender el plazo originalmente previsto hasta el 12 de julio de 2021".
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¿Qué busca el Poder Ejecutivo con la prórroga? Que el Frente de Todos tenga más tiempo para avanzar en el Congreso con el proyecto de Ley de Biocombustibles, que busca crear un nuevo marco regulatorio. De hecho, en marzo pasado, los diputados que presentaron el proyecto de Ley de Biocombustibles -liderada por Marcos Cleri, que responde directamente a Máximo Kirchner-, indicaron: "Buscamos lograr que la demanda de los combustibles se vea beneficiada tanto por la oferta de biocombustibles originados en producción primaria de origen nacional, como por la diversificación de la oferta".
Cabe resaltar que, en 2006 y durante el Gobierno de Néstor Kirchner, la Argentina apostó por la generación biocombustibles, con hincapié en el biodiesel, y sancionó una ley que fijó normativas que alentaban la producción por parte de las pymes. Fue una de las actividades que mejores réditos había dado hasta el 2015, agregando valor a la cadena agropecuaria.
Los puntos más importantes del proyecto de Ley de Biocombustibles
El proyecto establece que el gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiésel de 5%, con la facultad otorgada a la autoridad de aplicación para reducirlo al 3% bajo determinados contextos específicos. En cambio, para las naftas se establece un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12%.
Con el foco en incrementar la producción nacional de biocombustibles, la iniciativa plantea fijar un régimen de “Sustitución de importaciones”. De forma complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, "la Autoridad de Aplicación arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo", indica un artículo.
Por otra parte, crea un régimen de “Infracciones y sanciones” para aquellos que violen o incumplan el marco regulatorio, y establece que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2) que afecta a todas sus etapas de producción, distribución y comercialización. En el caso de la mezcla de dichos biocombustibles con combustibles fósiles, el gravamen recaerá sólo por el componente de combustible fósil que integre la mezcla.
También se explicitan los lineamientos para el “Abastecimiento de biocombustibles para la mezcla obligatoria y otros destinos” donde se instituyen los parámetros de precio y distribución de cantidades, y los lineamientos de la determinación de los precios de los biocombustibles para el abastecimiento de las mezclas mínimas obligatorias.
Por último, se estipula la creación de la Comisión Especial de Biocombustibles, que tendrá por finalidad el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria.
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