Barrios populares: el ojo puesto en sostener la integración urbana esencial para 5 millones de personas

Al menos 1,17 millones de familias viven en 5.687 barrios populares en todo el país. Más de la mitad no accede, regularmente, a más de dos servicios básicos (luz, agua de red, cloacas) ni cuenta con títulos de propiedad del suelo, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Esta realidad tiene, a su vez, directa vinculación con “la imposibilidad de grandes sectores de la población de acceder al hábitat a través del mercado formal" y plantea “la necesidad de afianzar la política de integración socio-urbana”, según destacó el informe Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda, de las organizaciones CIPPEC, TECHO y ACIJ. 

En ese sentido, la investigación analizó el rol clave que viene cumpliendo el régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana (Ley 27.453) “impulsada por organizaciones sociales y habitantes de villas y asentamientos que estableció una política para la integración de los barrios con distintos avances como la realización de obras, mejoramientos de viviendas, acceso a lotes y entrega de Certificados de Vivienda Familiar”. No obstante, también se puso el ojo en que es necesario una “profundización de los procesos para alcanzar a más barrios informales” y puntualmente mecanismos que permitan “una mayor sostenibilidad del financiamiento de la política”. El Aporte Solidario y extraordinario de las Grandes Fortunas sancionado en el 2020 fue clave para impulsar esta política, aunque al ser por única vez, su impacto en el tiempo se ve limitado. Asimismo se advirtió que otro recurso clave proviene del Impuesto País que se aplica para la compra de moneda extranjera, y que también podría verse afectado en un eventual cambio de gobierno que implique eliminar las regulaciones existentes.

Otro punto que se resaltó tiene que ver con el papel central de las organizaciones sociales “que conocen muy de cerca el territorio y sus actores y generan procesos participativos muy valiosos” y que deberían “estar acompañadas por las provincias y los municipios para evitar trabas en la ejecución de la política, sobre todo en lo que respecta a los procesos de regularización dominial y de extensión y conexión de los servicios”. 

Condiciones de vida

Actualmente más de 5 millones de personas viven en los 5.687 barrios populares que fueron registrados en todo el país a partir de los relevamientos realizados por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). En el 66% de estos barrios, la mayoría de sus habitantes no tiene acceso formal a energía eléctrica, en el 90% a la red de agua, en el 97%, a la red cloacal y en el 99%, a la red de gas, de acuerdo con datos del primer Observatorio oficial de Barrios Populares, lanzando en abril de 2023.

Sobre las características de cada barrio, según la misma fuente, en el 80,5% de los casos se trata de asentamientos y en el 19,5% de villas, en tanto que prácticamente la totalidad (99,9%) no cuenta con título de propiedad. Un dato no menor es que la década de mayor crecimiento de los barrios informales fue la del 2000 (28%), en el marco de la crisis social, política y económica tras las políticas neoliberales de los ’90 que llevaron a la destrucción de fuentes de trabajo, a una mayor fragmentación social, crecimiento del desempleo (escaló al 20%) y de la informalidad (43%), afectando el acceso a un conjunto de derechos básicos para la mayoría de la población.

A nivel federal, la distribución por cantidad de barrios por provincias es la siguiente: Jujuy (141), Salta (233), Santiago del Estero (93), Formosa (111), Chaco (401), Misiones (375), Corrientes (200), Santa Fe (408), Entre Ríos (212), CABA (50), Buenos Aires (1933), Córdoba (281), La Pampa (5), Chubut (70), Santa Cruz (22), Tierra del Fuego (47), Río Negro (208), Neuquén (102), Mendoza (317), San Luis (30), San Juan (85), La Rioja (24), Catamarca (41) y Tucumán (298).

“A partir del Régimen de Integración Urbana y Regularización Dominial y Registro Nacional de Barrios Populares, impulsados por un conjunto de organizaciones sociales, se relevaron barrios en todo el país y junto con el registro se crearon los denominados Certificados de Vivienda Familiar, otorgados por el RENABAP y la ANSES para los hogares censados, que tienen la finalidad de acreditar el domicilio y facilitar la conexión de estos hogares a los servicios básicos”, explicaron en el informe presentado esta semana por el CIPPEC, TECHO y ACIJ. En tanto que detallaron que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Integración Socio Urbana, se registran a la fecha distintos avances como la realización de obras en al menos 834 barrios, se mejoraron más de 1000 viviendas, 17.632 lotes accedieron a servicios y se entregaron 758.979 Certificados de Vivienda Familiar.

Esas leyes impulsaron desde entonces la regularización de los barrios populares a partir de la expropiación de las tierras donde se encuentran emplazados, así como la suspensión de desalojos (en 2022 se extendió por 10 años más) y habilitaron a que las empresas prestadoras de servicios realicen las obras necesarias. También se dispuso la creación del Programa de Integración Socio Urbana (PISU) y del Fideicomiso de Integración Socio Urbana. 

La clave del financiamiento

Uno de los apartados de la investigación privada que indagó en el acceso al suelo, al hábitat y a la vivienda en los últimos 40 años en el país, puntualizó en el estado de situación y desafíos en torno al financiamiento de esta política pública. “No solo es necesario atender el stock de barrios informales, sino también el flujo a través de políticas que creen suelo urbanizado. Para esto es central, por un lado, reconocer la función social del suelo y de la propiedad, y por el otro, trabajar en la articulación entre planificación y ordenamiento territorial y las políticas habitacionales”, señalaron.

En ese sentido, las organizaciones involucradas evaluaron que “es necesario profundizar el alcance de los procesos de integración socio a partir se desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento”. Sobre esto, las políticas desarrolladas por la Secretaría de Integración Socio Urbana se financian a través de tres fuentes, la principal es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), se trata de un Fideicomiso conformado por impuestos con afectación específica, el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario de la Grandes Fortunas y el 9% del Impuesto PAIS. Con datos actualizados a inicios de este mes, el monto de ejecución en 2023 supera los 93 mil millones, de los cuales unos 82 mil millones provienen del Fideicomiso. Se agregan en menor medida fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y fondos nacionales. 

“Proponemos analizar nuevos mecanismos de financiamiento para pensar la sostenibilidad a futuro, es necesario que ese fideicomiso se retroalimente para que pueda seguir funcionando”, comentó al respecto María Lucía Groos de la ONG TECHO e indicó que también proponen “profundizar alternativas contempladas dentro del marco normativo del FISU como financiamientos de organismos multilaterales y mecanismos de participación y repago en el sector público, con los gobiernos subnacionales”. Según la investigadora, el objetivo es crear un financiamiento “cíclico” considerando además que el Aporte de Grandes Fortunas fue por única vez, y que cualquier cambio en la política de regulación cambiaria, vinculadas a la compra de divisas, puede afectar el Impuesto País, y por ende los fondos disponibles.

También destacaron la necesidad de “mayor coordinación interjurisdiccional entre provincias y municipios con un organismo rector a nivel nacional, de contar con equipos con capacidades técnicas y sociales, y mayor involucramiento de la ciudadanía, con foco en los habitantes de los barrios y las organizaciones”. Así como facilitar la realización del trámite para regularizar la tenencia del suelo mediante los gobiernos locales.

Desigualdad social y de género

“El mejoramiento de las condiciones de habitabilidad e integración urbana tiene un impacto diferencial en las mujeres, al ser las principales responsables de hogar y las que más tiempo dedican a los trabajos de cuidados. Asimismo, la falta de acceso a los servicios básicos en barrios populares supone una mayor exigencia y dificultades para garantizar las tareas cotidianas vinculadas con los cuidados propios y del conjunto del hogar”, señaló el Relevamiento sobre condiciones socioeconómicas y uso del tiempo de las mujeres y personas travestis-trans en barrios populares, realizado por el del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP) y presentado en junio pasado. 

Según se relevó, el 87% de las mujeres que viven en barrios populares del país son responsables del hogar, cerca del 23% de las encuestadas participa de espacios socio-comunitarios sosteniendo las tareas de cuidado, el 53% de las mujeres declaró que realiza trabajo remunerado en el marco de la economía popular y solo el 6,7% trabaja en el sector asalariado registrado. Además el 54,4% tiene ingresos por debajo del monto mínimo necesario para que una sola persona alcance la canasta básica ($33 mil al momento de la encuesta) y en el 23,8% de los casos los hogares son monoparentales.

“La desigualdad de género se conjuga con la desigualdad social, redundando en el aumento de la brecha de género en los barrios populares. Por este motivo, las acciones de integración socio urbana desde una perspectiva de género tienen la potencialidad de revertir esas diferencias en favor de la igualdad de derechos”, señalaron las investigadoras en el informe.

Las mujeres de los barrios populares dedican, al medir el tiempo con simultaneidad, en promedio 12 horas y 24 minutos por día al trabajo no remunerado, mientras que las mujeres de aglomerados urbanos relevados por el Indec dedican 6 horas y 31 minutos. Según los resultados de las 2.255 encuestas realizadas a mujeres de barrios populares de seis provincias las actividades que les gustaría realizar si tuvieran más tiempo están vinculadas la formación (estudiar 16,9%) y el cuidado personal (hacer ejercicio 16,8% y descansar 14,6%), así como las que predican sobre la autonomía económica (trabajar de manera remunerada 16,5%), y socialización (salir con amigas, juntarse a charlar 15,5%).

“Promover estrategias de urbanización con una perspectiva de género y seguridad integral, implica avanzar en el acceso universal a los servicios básicos que impactan en la salud, condiciones de vida generales y bienestar de la población, especialmente para quienes asumen el rol de responsables de hogar”, subrayaron en el informe y destacaron el rol de políticas de ingresos como la Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo, así como el programa Mi Pieza que implica un aporte económico para que las mujeres de barrios populares puedan mejorar sus casas. 

Según los últimos datos oficiales, a junio de este año, el programa llegó a 189.959 beneficiarias, alcanzando a 4.553 barrios, con más de 239 mil obras en ejecución y con una inversión acumulada de $47 mil millones. Por su parte, el resumen de ejecución 2022 destacó que “el 42,7% de las mujeres participantes declaró vivir en condiciones de hacinamiento al momento de inscribirse. Con la asistencia económica, más de la mitad de ellas realizó ampliaciones en su vivienda, siendo las más frecuentes nuevas habitaciones, cocinas, comedores o baños” en tanto que destacaron que esta política les permitió “una menor carga de trabajo doméstico en relación con la facilidad de limpieza de los materiales utilizados, por ejemplo, cuando la obra implicó el arreglo de goteras, o una conexión en la cocina que evita el acarreo de agua con un balde” sumado a que “la línea refuerza la autonomía de las mujeres a partir de su participación: toma de decisiones sobre la obra, uso del subsidio, entre otros”.