El gobierno de Javier Milei obtuvo u$s 1.000 millones para seguir sosteniendo tarifas "sociales" en electricidad y transporte, anunció el Banco Mundial. El organismo multilateral destinará u$s 500 millones para el "apoyo a la sostenibilidad y equidad del transporte público".
Esto permitiría garantizar la tarifa social en el transporte, que ofrece un descuento del 55% en la tarifa en 61 localidades del país donde está disponible la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales son los principales alcanzados. También habrá u$s 500 millones para "Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable".
Se usarán en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), que maneja los subsidios energéticos, y facilitará "la creación de nuevos mecanismos para recolectar la información disponible en otros registros". "Se espera que el esquema de subsidios sea más eficiente y (...) reduzca el consumo eléctrico", según el Banco Mundial. Ambos proyectos son préstamos de margen variable, reembolsables en 32 años y tienen un período de gracia de 7 años.
Emergencia energética
El Gobierno prorrogó hasta el 9 de julio de 2025 la emergencia en el sector energético, inicialmente establecida por el Decreto 55/2023 y que abarca a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
La medida implica mantener los subsidios al sector –pese a los tarifazos aplicados para eliminarlos—“para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios” y pospone los nuevos cuadros tarifarios hasta la misma fecha.
En los considerandos de la medida señala que para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los servicios en un contexto de crisis estructural “resulta indispensable y urgente extender la declaración de emergencia hasta el 9 de julio de 2025”. El decreto instruye a la Secretaría de Energía a "mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios".
En la medida se pospone hasta esa fecha la vigencia de los cuadros tarifarios resultantes de los procesos de revisión iniciados en 2023. En ese marco, la normativa establece que “la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 9 de julio de 2025” y se dispone que en el proceso de adecuación tarifaria se apliquen "mecanismos que posibiliten la participación ciudadana".
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