La Justicia convalidó una medida cautelar contra Autopistas del Sol S.A (AUSOL), en el marco de la causa en la que el Estado busca dejar sin efecto el opaco acuerdo de renovación de la concesión de los pasos viales aprobado por el macrismo. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, presentó el año pasado una demanda por instrucción expresa del Poder Ejecutivo para que trate con carácter urgente el dictado de una medida cautelar “inaudita” parte a fin de que el Estado se haga cargo de la gestión de las autopistas.
Como contrapartida, Ausol recurrió a la protección de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ratificando los términos del acuerdo firmado con el ex presidente Mauricio Macri. Ahora, según informó la empresa a la Bolsa porteña y las autoridades de la Comisión de Valores, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°6 ordena a Ausol “abstenerse de continuar impulsando el procedimiento de arbitral” hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso de judicial.
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El acuerdo macrista
En 2018, las concesionarias Autopistas Del Sol y Grupo Concesionario del Oeste firmaron con el gobierno de Cambiemos acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de 813,1 millones de dólares (540,5 para el caso de AUSOL y 272 millones para GCO). En ese acuerdo se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8 por ciento anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda.
Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses sumarían 1161,2 millones de dólares. Se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria.
En ese acuerdo se convino también que la tarifa de peaje se dolarizara ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores. A su vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los 2000 millones de dólares. Cabe destacar que además de esos ingresos esperados, las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos.
En esos acuerdos celebrados en 2018 se estableció que los millones de dólares que reciben por esos complejos no cuenten para cancelar la deuda asumida por el Estado, lo cual significan además un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las Concesionarias. También es muy importante destacar que todas las obras ejecutadas actualmente en los Accesos no se financian con la tarifa que pagan actualmente los usuarios y usuarias, sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos de 2018 paso a manos de ambas Concesionarias. La tarifa pretendida por AUSOL y GCO en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios al usuario.
El recorrido judicial
El Gobierno interpuso una acción de lesividad en los términos del artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549. Esa acción tenía como objetivo que se declare nulo el ‘Acuerdo Integral de Renegociación’ que establecía, entre otros, “una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años.
De forma previa a la sustanciación de la demanda, la cartera de Obras Públicas solicitó a la Justicia con carácter urgente el dictado de una medida cautelar “inaudita” a fin de que el Estado nacional se haga cargo de la gestión del Acceso Norte. También se interpuso una acción de lesividad que permita modificar el Acuerdo Integral de Renegociación celebrado con el Grupo Concesionario del Oeste.
Las causas quedaron bajo la órbita del Juzgado N 6 a cargo de Enrique Valerio Lavie Pico, quien deberá definir si acepta o rechaza el reclamo oficial ya que, de concederlo, en los próximos días la autopista Panamericana y el Acceso Norte quedarán a cargo de Vialidad Nacional. Ausol pidió “protección” ante el CCI, asegurando que se trata de un acuerdo “plenamente legítimo” que fue aprobado por las máximas autoridades del Estado nacional "siendo el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por un año".
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Tanto Ausol como GCO enviaron otras notas a la Comisión de Valores cuestionando la decisión presidencial de solicitar a la justicia un recurso de amparo para declarar la nulidad de los contratos y devolver al Estado ambas concesiones. Este miércoles, Ausol comunicó a las autoridades bursátiles que fue notificada “de una nueva medida cautelar dictada en el proceso judicial en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°6”.
“La medida cautelar antes referida dispone la suspensión provisoria de los efectos del artículo 16 (arbitraje) del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte aprobado por decreto 607/2018 y ordena a Ausol abstenerse de continuar impulsando el procedimiento de arbitral identificado como ‘Autopistas del Sol contra el Estado Nacional’ hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso de judicial antes referido”, informó la compañía.
"La Sociedad se encuentra analizando las vías recursivas y cursos de acción a seguir frente a los dispuesto por la medida cautelar y mantendrá al mercado de cualquier nuevo hecho relevante sobre esta cuestión”, concluye la comunicación de Ausol que se publicó en la web de los organismos de control.
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