La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), evitó el contrabando a Paraguay de 54 toneladas de metales valuados en 77 millones de pesos.
Agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto interceptaron durante controles en ruta a dos camiones en la provincia de Chaco y Formosa que se dirigían a la ciudad fronteriza de Clorinda, para allí cruzar de forma clandestina al país vecino.
En ambos casos, se comprobó que el destinatario de la mercadería carecía de capacidad operativa, económica o financiera como para llevar adelante la compra del material o procesarlo, por lo que se procedió a su interdicción.
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En la ruta nacional 16, en el acceso a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, personal de la DGI realizó tareas de constatación de validez de origen de la mercadería y cotejo documental a un camión que transportaba 28 toneladas de fardos de cobre prensados por 54 millones de pesos.
A partir del análisis de la información interna de la AFIP se pudo constatar que el destinatario era una persona monotributista.
En ese sentido, el tipo de mercadería declarada en los registros era diferente a la efectivamente transportada, que tiene un valor de mercado sensiblemente superior.
En tanto, en la localidad formoseña de General Lucio V. Mansilla, sobre la ruta nacional 11, se detuvo otro envío con 26 toneladas de aluminio acomodados en fardos de lata prensada valuados en 23 millones de pesos, que se dirigían a Clorinda con el supuesto objetivo de "reprocesarlos".
Dado que en Clorinda no existe ningún establecimiento, fundición o fábrica capaz de procesar el material, los inspectores de la AFIP presumieron que los dos casos se trataba de maniobras fraudulentas para colocar los metales en Paraguay de forma ilegítima.
El contrabando del cobre y el aluminio les permitiría obtener una ganancia superior, dado que cotiza a un precio mayor en el país vecino.
Por otra parte, la documentación presentada no permite identificar al remitente ni establecer el origen de la mercadería, como así tampoco su trazabilidad del envío.
Ante las numerosas irregularidades detectadas, el personal de la AFIP incautó las cargas y labró actas administrativas que pueden conllevar sanciones como multas, clausuras y su decomiso.
Con información de Télam