A pesar de las presiones públicas del FMI para recortar los alcances de la moratoria y en plena visita de funcionarios estadounidenses a Argentina, la directora de la Anses, Fernanda Raverta, descartó este martes que la puesta en marcha del plan de pago previsional haya sido modificado. La marplatense enfatizó la necesidad de llegar a todas las personas en condiciones de jubilarse a través del nuevo mecanismo. Además, aseguró que la entidad no tiene diálogo con el Fondo y apuntó contra la oposición por dilatar la aprobación de la ley en el Congreso.
En las recomendaciones de política económica que hizo el FMI en su informe de revisión trimestral, había remarcado: “Se requieren acciones tempranas y decisivas para abordar de manera duradera los importantes costos fiscales no financiados de la moratoria de pensiones imprevista, de 0,4% del PBI a mediano plazo, para asegurar el camino de la consolidación fiscal”. Y había agregado: “La moratoria creó desafíos adicionales para la consolidación fiscal, para lo cual se requerirán medidas de política adicionales para mitigar el impacto y mantener la senda de ajuste fiscal programada”.
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Sin embargo, la directora ejecutiva del organismo previsional negó que estas "recomendaciones" hayan cambiado la aplicación del plan de facilidades para futuros jubilados. A raíz de las publicaciones del organismo a cargo de Kristalina Georgieva, medios de comunicación dejaron trascender que la cantidad de personas alcanzadas por esta medida se reduciría fuertemente. En declaraciones a un grupo de medios, entre ellos El Destape, Raverta negó esta posibilidad y aseguró que se mantiene el universo de personas proyectadas para ser incluidas: 800.000 personas.
"No hablamos con el FMI. Tampoco tienen acceso a nuestras casuísticas. Nada cambió luego de lo que ellos dijeron porque esas recomendaciones ya estaban previstas en el texto original que elaboramos por nuestra cuenta", sostuvo Raverta. De la suma de normativas contempladas en la ley, el decreto reglamentario 173/2023 y la resolución general conjunta Anses-AFIP 3545/2023, se establecieron una serie de parámetros de ingresos, consumos y patrimonios para delimitar el universo de potenciales beneficiarios, así como las incompatibilidades con otros beneficios.
El documento del Fondo había soslayado que para hacer frente a los costos de la moratoria, previstos para este año en 0,2% del PBI, y para el mediano plazo en 0,4%, “se están realizando esfuerzos para emitir un reglamento de aplicación, para orientar la entrada en la moratoria a aquellos con mayor necesidad”. El FMI mencionaba cuatro puntos: garantizar “fuerte verificación de recursos”, basada en ingresos y riqueza; aumentar las deducciones de las pensiones, mediante una estructura de tipos de interés que aumente con el aumento de las cuotas de cotización; permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones y no estén recibiendo otros beneficios sociales; y por último, renunciar al acceso al tipo de cambio oficial.
Raverta y sus colaboradores precisaron que más allá de las restricciones marcadas en la última resolución "el número de 800.000 (personas que podrían acceder a la jubilación) se mantiene", además de remarcar que "en la reglamentación se trabajó con todas las áreas y va en línea con la ley", además de subrayar que las normas aprobadas "no se contradicen" con las recomendaciones formuladas por el Fondo.
En su primer día de vigencia, se concretaron 2.290 jubilaciones y Raverta confió en que se cumplirá con un promedio de "50.000 altas por mes". Con el plazo previsto de dos años de extensión, se llegaría a la cifra final estimada.
"La oposición puso en riesgo la jubilación"
Al reflexionar sobre la tardanza en la aplicación de la ley, afirmó que el sistema jubilatorio argentino "estuvo en riesgo, porque el Congreso estuvo parado". Según las estimaciones de Anses, de no haberse aprobado el plan, nueve de cada 10 mujeres no se podrían jubilar este año, mientras que para los hombres esta proporción es de siete de cada 10.
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Raverta consideró que la negativa a sesionar por parte de la oposición obedeció a que "tienen un modelo económico distinto" al del Frente de Todos" y, por lo tanto, "también un sistema de seguridad social distinto". Además, restó importancia a las críticas por sus supuestos efectos negativos en el plano fiscal y subrayó que "el mayor déficit del régimen previsional fue entre 2016 y 2019".
Si se tiene en cuenta que en muchos casos las erogaciones adicionales que resultan de las nuevas jubilaciones se compensan con la renuncia a algunos de esos dos beneficios, el plan "no tendrá un impacto fiscal como han tenido otras moratorias", advirtió.
Una moratoria especial
El texto indica que el plan se conforma de dos capítulos clave: una Unidad de Pago y una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad. Además, los períodos a incluir en el plan comprenden lapsos que sean anterior a diciembre de 2008 inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.
En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley y podrá ser prorrogado por igual período. Para acceder a esa Unidad de Pago, será necesario que cumplan con la edad jubilatoria o la cumplan dentro del plazo de dos años desde la vigencia.
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¿Cómo se paga? El monto surge de multiplicar la cantidad de meses adecuados por el valor de la Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP) y dividir por la cantidad de cuotas, que pueden ser 2, 6, 15, 30, 450, 60, 90 o 120. La persona debe elegir alguna de estas alternativas, según la cantidad de años que deban cancelar.
La UPDP es equivalente a un mes de períodos de aportes. La fecha de corte para la cancelación es el 2008 y el monto es equivalente a la remuneración mínima imponible ($ 4.896 a diciembre de 2022), el cual se actualiza por ley de movilidad. previsionales. Este esquema incluye a 447 mil mujeres y 295 mil varones. Del universo cercano a 800.000 personas, el promedio de años de aporte es de solo ocho años.