Los oligopolios alimenticios incrementaron sus ganancias al ritmo de la inflación vertiginosa que sufre Argentina. Si bien se trata de un rubro con muchos actores, un puñado de corporaciones se quedan con la producción de la mayoría de los productos que se consumen en la mesa de los argentinos, al mismo tiempo que ocho empresas facturan el 84% de las compras en supermercados. Esta semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó un programa para congelar unos 1800 artículos de primera necesidad por cuatro meses.
La inflación interanual a septiembre fue del 83%, de acuerdo al Indec, aunque la acumulada dio 66,1%. No puede atribuírsele al azar que, en los primeros nueve meses del año, Arcor multiplicó sus ganancias integrales 89,9% respecto a 2021. Esto dio por encima del IPC nacional e incluso de los alimentos, que cerraron entre tres y cuatro puntos por arriba del promedio. Entre enero y septiembre, la multinacional argentina de alimentos dirigida por Luis Pagani mostró un resultado positivo de $ 23.554,1 millones, tal como consigna el balance que presentaron el viernes ante la CNV.
Si la lupa se para entre julio y septiembre, se observa la consecuencia de la escalada inflacionaria tras el portazo de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. En esa convulsión de precios que también se llevó puesta a Silvina Batakis y a casi cualquiera que hubiera ocupado su lugar, Arcor se hizo de 188% más ganancias que el año anterior, con lo que sus integrales llegaron a los $ 7.399,4 millones.
Se destaca este oligopolio como la principal en el rubro de los alimentos secos, donde acumula el 17,1% del total de la facturación, de acuerdo a un relevamiento de CEPA. Además, la empresa posee una posición dominante o más que relevante en nueve segmentos: aceite, enlatados, galletitas, legumbres, aderezos, jugos en polvo, dulces.
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Le siguió en cuanto a rendimientos porcentuales Molinos Río de la Plata. La corporación manipulada por la familia Pérez Companc, multiplicó por 72,6% sus utilidades integrales para los primeros nueve meses de este año. En la comparación interanual pasaron de los nada magros $ 4.166,5 millones a los $ 7.299,8 millones.
Molinos Río de la Plata mantiene un monopolio de los fideos con el 79% de las ventas. Del arroz controla el 45% de la facturación y del aceite el 36%, de acuerdo al estudio.
El balance que presentó esta semana la controlante del supermercado La Anónima resulta menos pomposo, ya que expone un leve descenso en el resultado positivo entre julio y septiembre de este año. La utilidad neta cedió 3% a $ 1.545,9 millones. Esto contrasta fuertemente con la variación de 2020 a 2021, cuando el resto trimestral que le quedó a los accionistas se multiplicó 1.315%. En junio, el mes previo al comienzo de este período, se había reído de las remarcaciones de precios que realiza Federico Braun, el presidente del súper que formalmente se denomina Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia.
En su primer acto público tras el atentado, la Vicepresidenta criticó a las grandes corporaciones que “dibujan” sus estados contables para abonar menos tributos. En total, millón y medio de personas físicas que pagan impuesto a las ganancias, las que representan el 30% del total, mientras que las 226.000 sociedades comerciales explican el 52 por ciento. “Los que se llevan la productividad, los que ponen los precios en los supermercados, en las fábricas, pagan mucho menos de ganancias que cualquier trabajador de los que están sentados hoy aquí”, cuestionó Cristina Kirchner en el plenario de la UOM, sentada al lado de su secretario general, Abel Furlán, y del intendente de Pilar, Federico Achával.
“¿Y por qué?”, se preguntó Kirchner. “Por una razón muy sencilla: a un trabajador que supera el tope de ganancias le aplican la alícuota del 35 por ciento, no tiene posibilidad de dibujar el salario como se dibujan los balances de las grandes empresas que terminan pagando un cinco o un seis por ciento del impuesto a las ganancias y no el 35 por ciento”, esgrimió.
Los perjuicios de las grandes corporaciones lo padecen principalmente quienes cuentan con menos recursos. El fenómeno de “trabajadores pobres” que la Vicepresidenta había descripto meses atrás sigue cobrando fuerza. Los bancos acostumbran ofrecer como créditos pre acordados adelantos para quienes tienen cuenta sueldo. Cuando los titulares de una entidad de primera línea recibieron el reporte interno que mostraba un incremento en estos préstamos encendieron las alarmas: el promedio solicitado del mes había sido de $ 37.000. Esto quiere decir que no se pidieron para comprar bienes onerosos o renovar la casa, sino más bien para pagar gastos comunes.
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La estabilización de Massa
En este contexto de alta inflación, el ministro de Economía anunció Precios Justos: un acuerdo voluntario por 120 días entre el Estado Nacional, las empresas proveedoras de bienes de consumo masivo y los supermercados. Mantendrán congelados 1.700 artículos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza.
El acuerdo consta de dos ejes. En primer lugar, los productos que se mantendrán con precios fijos tuvieron la autorización de incrementarlos antes hasta un 4%. Además, el resto de lo que comercialicen las empresas que se suman al programa tendrán una pauta de aumento mensual de hasta el 4% para los mismos 120 días en el precio de venta a los supermercados y mayoristas.
El Gobierno se comprometió a otorga “garantía y certidumbre” en el proceso de importación de bienes intermedios, bienes terminados que son parte de la cadena de valor e insumos para las empresas que se comprometen en este acuerdo de precios. “El objetivo de la medida es lograr la estabilidad de los precios de productos esenciales que consumen los hogares argentinos por un período de tiempo determinado”, planteó Massa.
El día anterior, Massa admitió que todo forma parte de la primera etapa de su arribo a Economía, antes de llevar adelante políticas que impulsen al crecimiento o desarrollo. "El proceso de estabilización aún no terminó, debemos fortalecer el programa de reservas del Banco Central, mostrar gestos de austeridad desde el Estado frente a la crisis", dijo frente a la Unión Industrial Argentina.
Este proceso de estabilización incluye acuerdos y el fomento de medidas que refuercen el ingreso de dólares. En ese contexto había lanzado el programa Crédito Argentino, por $ 500.000 millones, y un impulso a la industria de bienes de capital. Estas políticas contaron incluso con la presencia, Silvina Batakis, quien sin rencores aparentes apoya las decisiones económicas desde la presidencia del Banco Nación.
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