El flamante Presidente estadounidense Joseph Biden, en su primera presentación en el Congreso, pidió respaldo para implementar un paquete de ayuda social directa por u$s 1,8 mil millones y destinar u$s 2,3 millones a inversión pública.
Estas medidas, sumadas al apoyo a familias por u$s 1,9 millones, totalizan u$s 6 millones destinados a recuperar la economía del impacto de la pandemia. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sostiene la imperiosa necesidad de gravar tributariamente a las fortunas acumuladas en estos tiempos para financiar el paquete de estímulo fiscal descripto.
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Por su parte, la Reserva Federal anunció a comienzos de este año que mantendrá la política monetaria expansiva de modo de converger con la política fiscal.
La política monetaria y fiscal expansivas seguidas por la principal economía del mundo son una buena noticia para la tracción de la demanda global. Decisiones similares se adoptan en otros bloques económicos como la Unión Europea y naciones como China y Rusia.
Sin duda, estas políticas de recuperación de la demanda efectiva incidirán en sostener elevados los precios de los alimentos, que en un escaso semestre han alcanzado subas considerables, ubicándose en niveles de una década.
Que la tonelada de soja se desenvuelva por encima de los u$s500 en los mercados internacionales constituye una fuente de recursos para potentes programas de incentivos a la recuperación económica nacional, tanto por la afluencia de dólares al Banco Central como por el ingreso del producido por los derechos de exportación al Tesoro.
Sin embargo, eso no se ha verificado, al menos hasta el presente. La contracción de la economía durante el año 2020 fue del -9,9%, más aguda que la de México del -8,2% y la de Brasil del -4,1%, para comparar economías regionales de porte similar.
Teniendo a favor los precios internacionales de los productos primarios que exportamos, es importante identificar cómo se ha desenvuelto la política económica y cuáles fueron sus resultados:
Respecto del sector externo, cuyo equilibrio es clave para la estabilidad macroeconómica, se decidió:
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Mantener el control de cambios sobre la cuenta capital
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Reestructurar la deuda pública con el sector privado alargando plazos y disminuyendo los servicios de intereses
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Apuntalar el superávit de la balanza comercial regulando parcialmente las importaciones
Estas medidas debieron haber permitido acumular dólares en el Banco Central para dotar de estabilidad cambiaria al diseño económico. El cuadro que sigue correlacionando la oferta de divisas del excedente comercial con la variación de las reservas brutas del Banco Central revela que eso no ocurrió:
En el 2020 las reservas brutas del BCRA descendieron u$s 5.461 millones y en el primer trimestre 2021 subieron apenas u$s 206 millones. En ambos períodos presentan brechas significativas respecto del excedente comercial.
La reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera con residentes en el exterior por u$s 66.000 millones reunió una aceptación del 99% de los tenedores de bonos. Lo extraño es que el riesgo país, que llegó a un mínimo cercano a los 1.100 puntos básicos al momento del canje en septiembre 2020, fluctúa en el presente en torno a los 1.550 puntos básicos.
El reordenamiento de los pasivos externos implica un sendero de previsibilidad de las cuentas con del balance de pagos que se refleja en el descenso del riesgo país y en el reflujo de dólares al circuito de producción y consumo. Un riesgo que fija una tasa mínima de retorno del 16% anual para una colocación en moneda extranjera torna inviable una afluencia de capitales.
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Desde esta columna afirmamos en más de una oportunidad que la confluencia de control de cambios sobre la cuenta capital, superávit de la balanza comercial y reestructuración de deuda debieran permitir un atesoramiento de divisas en el Banco Central suficiente para consolidar la estabilidad del tipo cambio, clave para la recuperación sostenida de la economía.
Las autoridades del Ministerio de Economía no han explicado las razones por las que el canje de deuda no produjo los resultados esperados, pese a que consumió un tiempo considerable de la agenda económica del año pasado.
En una suerte de ir hacia adelante, ahora la prioridad pareciera ser el acuerdo con el FMI, que insume ingentes recorridos por el exterior del ministro Guzmán. No obstante, no hay un balance de los resultados de la política sobre el sector externo y el kilo de asado flota en los $750.
Al respecto de la inflación, es otra arista que la política económica ha abordado de modo difuso, porque desconoció dos factores que inciden en la suba de precios:
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La presión monopólica sobre la producción y el consumo de alimentos, que provocó que en el 2020 la canasta básica alimentaria aumentara un 45% pese a que la economía experimentó la contracción señalada del -9,9%. Este comportamiento de precios puso en evidencia que la red de protección alimentaria construida desde la crisis del 2001 es apropiada por un conglomerado de empresas que imponen precios, habida cuenta que el Estado proporcionará los recursos para evitar la propagación del hambre. Sorprende que no se los regule y se acabe con la extorsión.
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El peso de la demanda externa promovida por los paquetes estímulo de las grandes economías antes comentado, que desplaza al consumo interno de los alimentos. El ejemplo concreto se da en el mercado de carne donde el kilo de asado aumentó un 91% forzado por el alto nivel de exportación de la faena que triplica lo vendido en el exterior en el 2015, y el kilo de pollo subió un 58% forzado por la elevada exportación de maíz que restringió el forraje para la cría de pollos.
Sin regulación sobre los monopolios productores y comercializadores de alimentos, ni desacople de los precios internacionales respecto de los internos, la inflación desbarata la política de ingresos en que se asienta la recuperación de la economía.
La política económica se plantea controlar la volatilidad de precios desde la política fiscal, buscando cerrar la brecha negativa entre ingresos y erogaciones en el convencimiento que un menor déficit de las cuentas públicas reducirá la emisión de pesos para financiarlo y, consecuentemente, acotará la inflación.
Esta visión ortodoxa provocó una baja del gasto público en términos reales del 12,3% medido el primer trimestre 2021 respecto del primer trimestre 2020. A la vez, la esterilización monetaria para reducir el volumen de pesos circulando generó que los instrumentos de absorción monetaria emitidos por el Banco Central (LeLiq + Pases) alcanzara a $ 3,1 billones, un 25,4% superior a la Base Monetaria.
En síntesis, política monetaria y fiscal restrictivas, a contramano de las políticas de EEUU y otras naciones, pero la inflación se aceleró y la economía registró una contracción histórica.
Hay mucho que revisar.
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