El gran acuerdo que Javier Milei le propuso a toda la dirigencia política y mandatarios provinciales (la casta que dice detestar), titulado Nuevo Orden Económico, puso sobre la mesa de remate los recursos naturales del país. “Se buscará el compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, afirmó el Presidente. Toma, Daca y claudicación. Durante la presidencia de Macri, las provincias tuvieron que endeudarse en dólares para sobrevivir, frente a los recortes arbitrarios del Poder Ejecutivo. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei jugó una carta cuasi extorsiva. Les garantizó una nueva coparticipación y la explotación total de la minería a cambio de apoyar la Ley de Bases.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO-Macri), quien parecía liderar la revolución patagónica, festejó. Ningún rastro de su otrora valentía. La empresa Benetton, con sus intereses puestos en la explotación del oro de la maseta provincial, también festejó.
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La revolución patagónica por el manejo de los recursos naturales no debería caducar por la negociación individual entre Torres y Milei. Su debate es mucho más profundo y de larga data. El rol de cada uno de los estados locales es clave.
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Las jurisdicciones de la región poseen todos los instrumentos jurídicos y políticos para defender y empujar un desarrollo regional con equidad. En su momento, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, planteó el debate sobre cómo incrementar la captación de la renta minera para financiar inversiones de infraestructura en toda la región. Una suerte de Fondo soberano al estilo noruego.
Otro desarrollo regional es posible
En su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias, Milei convocó a la dirigencia y gobernadores a firmar una suerte de pacto por un “nuevo orden económico”. Pero antes, el Congreso y los mandatarios provinciales deberían aprobar la ley de bases. “Como un gesto de buena voluntad”, sostuvo.
En su pelea con Chubut y el Gobernador Torres, La Libertad Avanza insinuó que la provincia podría vivir de la minería. Desde hace años, la provincia logró aprobar un plebiscito por el “no a la mina”, que fue defendido por su ex gobernador, Mario Das Neves. Su sucesor, Mariano Arcioni (alfil de Sergio Massa) pretendió modificar lo ratificado por la voluntad popular en 2003 pero no lo consiguió. Torres piensa como Bullrich y Milei. La provincia debería sucumbir ante la minería a cielo abierto.
“Hay un concepto que se hizo popular en asambleas y mesas familiares, el de crisis de diseño, aquella generada para meta-propósitos que exceden el interés común de quienes habitamos esta tierra. Porque lo cierto es que la megaminería sigue sin lograr mayoritariamente la licencia social que requiere para instalarse en territorio chubutense”, explicaba María Elvira Gauna, médica generalista, militante por los derechos humanos y habitante de Esquel.
El cónclave patagónico que se juntó para oponerse al unitarismo de Milei tiene todos los elementos para plantear el debate por el manejo de los recursos de cara a la sociedad. El acuerdo Milei–Torres no salda la puja por la soberanía vinculada a los recursos naturales, y el desarrollo del país. En tiempos de falsas libertades y destrucción de todo lo que sea estatal desde las oficinas mismas de la Casa Rosada, las provincias podrían constituir una suerte de dique de contención frente al avance del mesianismo mileista.
Una de las personas que estudió el desarrollo productivo de la Patagonia y sus desafíos fue Rubén Zárate, especialista en políticas públicas e integrante de la comisión de Educación del Instituto Patria en tiempos macristas. “Uno de los problemas más graves en la concepción oficial es la idea de que los resultados de la historia socioeconómica del país fueron solamente un conjunto de distorsiones impositivas o subsidios. Entonces los beneficios industriales (subsidios) para Tierra del Fuego son analizados como una distorsión; las políticas públicas de expansión de la obra pública en infraestructura, lo mismo. Tenemos que desafiarnos a pensar en el concepto de desarrollo endógeno, donde lo más relevante sería lo propio del territorio”, explicó Zárate en un diálogo con este cronista ocurrido en Comodoro Rivadavia en 2019.
La profundización del concepto de desarrollo endógeno corresponde a un texto de Walter Storhr, Teoría y práctica del desarrollo endógeno europeo, publicado en 1990. “El desarrollo ‘desde abajo’ requiere la creación de impulsos dinámicos de inversión dentro de las áreas menos desarrolladas; requiere la creación de factores endógenos de cambio a fin de aumentar la equidad de la dinámica del desarrollo. En consecuencia, el desarrollo desde abajo requeriría que la mayor parte de cualquier excedente –generado a partir de la especialización productiva de un área- fuese invertido en la región con el propósito de diversificar la economía regional”.
Aquí es donde entrarían a jugar las empresas regionales, con el impulso de sus estados y de la ciudadanía. “Lejos de la idea liberal que indica que para crecer como país o región los gobiernos deberían bajar o eliminar los impuestos a la producción (incluidos los costos laborales), fórmula repetida como mantra de un éxito que nunca es tal, quizás lo que realmente se necesite sean nuevas estructuras impositivas descentralizadas que estimulen la acción de los gobiernos locales, de los actores sociales y de la ciudadanía para generar riqueza y simultáneamente contar con instrumentos que permitan su apropiación local”.
Así fue definido en el libro “Ciudadanía, territorio y desarrollo endógeno. Resistencias y mediaciones de las políticas locales en las encrucijadas del neoliberalismo”, escrito por Rubén Zárate y Luis Artesi (2007).
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En política, nada debe ser inexorable. La correlación de fuerzas, siempre pueden cambiar. Pero no será por actos de magia ni pactos de gobernabilidad. Con este planteo teórico y político de fondo, la posible creación de una empresa patagónica de energía, esbozada por los mandatarios y legisladores patagónicos la semana pasada, cobra otro sentido, más allá de que Torres haya cedido a las mieles libertarias.
Bancar lo público
En la provincia de Santa Cruz se dio una experiencia durante el gobierno de Alicia Kirchner, en un momento donde la administración de Mauricio Macri había cortado todos los recursos como parte de la demonización hacia el kirchnerismo. La provincia creó un Fondo de Desarrollo llamado “UniRSE” a partir de la captación de una parte de la renta minera con el objetivo de distribuirlo de manera federal en toda la provincia a través de proyectos de infraestructura, viviendas, acceso a la salud, becas deportivas, entre otros objetivos.
El 21 de junio de 2016 la provincia publicó el Decreto Nº 1188 por medio del cual creó el Fondo Fiduciario Público “UniRSE”. Todas las empresas mineras pasaron a aportar entre el 1 y 2 por ciento de la venta bruta de la onza de oro (según el valor de la materia prima), aparte de las regalías mineras que son del 3 por ciento. Durante los primeros dos años de vigencia de este Fondo, los recursos contribuyeron a cubrir el ahogo financiero generado desde Nación; una vez estabilizada la cuestión fiscal provincial, parte de esa renta minera empezó a volcarse hacia el fomento y promoción de las inversiones productivas. Nada indica que dicha captación de rentabilidad no pueda ser mayor.
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Entonces, ¿por qué no levantar la apuesta? ¿Por qué no contemplar el financiamiento de distintos clusters productivos como la pesca o el desarrollo de proveedores para la industria de los hidrocarburos o la misma minería? ¿Y por qué no hacerlo a través de un Fondo de Desarrollo regional para toda la Patagonia? Algo similar al Fondo noruego en relación a la captación de los recursos extraordinarios de su industria petrolera.
Como la mega minería fue prohibida en Chubut luego de un plebiscito en 2003, un Fondo de Desarrollo Regional de estas características bien podría integrarse con el aporte de diferentes sectores productivos privados para que luego sean reinvertidos en el territorio de manera federal y participativa en el desarrollo de proveedores, la creación de nuevas empresas ancladas en el territorio patagónico, el financiamiento de infraestructura, viviendas, innovaciones tecnológicas.
Es lo que históricamente impulsó YPF en todo el país.