El Gobierno nacional sigue festejando el superávit primario en base a brutal ajuste del gasto público. Según lo informado desde el Ministerio de Economía, durante noviembre el resultado positivo fue de 1,1 billones de pesos. La crisis económica auto infligida indició en una caída de los recursos tributarios. Entre enero y noviembre hubo una reducción de ingresos del 4,6%% en términos reales, mientras que el gasto se redujo un 27% en términos reales.
“En lo que va del año los recortes más pronunciados se concretaron en gastos de capital (76,8% interanual), en gran medida por menores transferencias a empresas públicas y a provincias, y en transferencias corrientes a las provincias (76,6% a/a), fundamentalmente por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente”, indicaron desde la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Por otro lado, el gasto en jubilaciones cayó 17,5% interanual. “El ritmo de retroceso se viene desacelerando en los últimos meses, con motivo de la implementación del nuevo esquema de movilidad de actualización mensual (DNU 274/24), sumado a la desaceleración de la inflación. Los haberes superiores a la mínima muestran una recomposición real de 12,4% respecto a diciembre 2023”, agregaron desde la OPC.
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El Plan de hambre
Al analizar el desagregado de las partidas presupuestarias sobresalen las caídas de recursos en los principales programas de la seguridad social, entre ellos la Pensión Universal para el Adulto Mayor con un ajuste del 39%; seguido por las pensiones no contributivas, con una caída del 24%, y las transferencias a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, fundamentalmente el PAMI, con un recorte del 62%.
“En materia educativa se observa fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-86%), las Becas Estudiantiles (-66%), y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-89%)”, puede leerse en un reciente informe del Centro de Economía Política (CEPA).
En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Esta situación (que podría rozar lo criminal) se extiende a programas tales como “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-54%), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (-73%), “Atención Sanitaria en el Territorio” (-96%), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-97%).
“Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 57% y el 82%. Destaca este mes el crecimiento del programa de prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles de 12%”, agregó el documento del CEPA.
Los servicios sociales también sufrieron fuertes recortes. Los casos más resonantes son Agua y Alcantarillado (-80,4%), Trabajo (-65,5%), Vivienda y Urbanismo (-84,8%), Educación (-49,6%), Salud (-41,5%) y Promoción y Asistencia Social (-60,4%). Asimismo, cayó la ejecución en Seguridad Social (-19,1%) que, como se mencionó previamente, tiene una muy elevada incidencia en el gasto total.
Pobreza mileista
La administración de Javier Milei avanza con su programa de disciplinamiento social con la licuación de los recursos presupuestarios vinculados a los sectores más vulnerables. También avanza con la mercantilización de las políticas públicas. “La masa de ingresos transferida a través de las diferentes política sociales (AUH, Progresar, Ex potenciar trabajo) tuvo una reducción real en torno al 25% interanual”, puede leerse en un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), coordinado por el economista Claudio Lozano. El informe destaca el tratamiento heterogéneo brindado por el Gobierno entre los diferentes programas de la cartera de Capital Humano, una suerte de “bomba de humo” del relato de la casta mileista.
“La profundización del discurso mercantilizador se observa en los programas dirigidos a las personas vulnerables en edad activa como Volver al Trabajo o Acompañamiento Social. En ambos casos se devaluó significativamente el valor real del beneficio, se declaró que no se actualizaría, y se explicitó que la no actualización buscaba incentivar su absorción por el sector privado”, puede leerse en el documento del IPyPP.
“En el caso de las pensiones no contributivas, el recorte en los recursos transferidos es del 23% real, debido a la trayectoria de la movilidad previsional en conjunto con el congelamiento del bono”, analizó el informe del IPyPP.
Por otro lado, el ex programa Potenciar Trabajo (ahora escindido en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social), cuyas erogaciones representaban un 20,6% de las transferencias en 2023, se redujo al 10% en 2024, producto principalmente del congelamiento en los montos, que implicó un recorte del 63% real en la masa transferida.
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