El Gobierno destinará más fondos a subsidiar la exención impositiva del Poder Judicial en 2025 que la proyección de financiamiento universitario que vetará la administración de La Libertad Avanza y que profundiza el congelamiento salarial de los profesionales de la educación pública. Esta semana se espera que la Marcha Federal Universitaria sea masiva, donde docentes, no docentes, rectores y estudiantes de las universidades nacionales de todo el país saldrán a las calles en reclamo de, entre otras cosas, mejoras salariales para los trabajadores. Desde que comenzó la gestión de Javier Milei, los sueldos de este sector perdieron más de un 60% contra la inflación que mide el Indec.
El financiamiento de las universidades nacionales que planea vetar el Gobierno tenía un costo fiscal estimado en 0,14% del Producto Interno Bruto, unos 738.595 millones de pesos, según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En comparación, las exenciones de los ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provincial están estimadas en 767.000 millones de pesos (0,10% del PBI) en 2025.
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No es la única vía de financiamiento posible, ya que el Gobierno fijó sus prioridades presupuestarias de cara al próximo año, las cuales dejan olvidada a la educación universitaria. Por el total de los gastos tributarios vinculados a exenciones o rebajas impositivas, el Estado dejaría de recaudar el próximo año cerca 23,7 billones de pesos. Es decir, el 3,10% del PBI.
Cuál es la estrategia del Gobierno antes de la gran marcha universitaria del miércoles
Fiel a su estilo, los voceros de La Libertad Avanza apenas atinan a desmerecer el reclamo de los trabajadores y estudiantes mediante acusaciones sin fundamento estadístico. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusó a las universidades de "inventar alumnos" para fundamentar el brutal ajuste al sector educativo. Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, agregó en sus redes sociales: "No sabemos si van a tomar clases o qué hacen dentro de la Universidad".
Más de una vez, el presidente Javier Milei adelantó que vetará la ley, que ya fue aprobada tanto en Diputados como en el Senado. La semana pasada, el Gobierno quiso "primerear" a los gremios docentes y no docentes y les ofreció un aumento del 5,8% adicional del 1% fijo, propuesta que los sindicatos definieron como una "falta de respeto" ante la caída salarial de "más del 60%".
En lo que va de 2024, el Gobierno apenas asignó actualizaciones de partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento. Las remuneraciones que reciben de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son tan solo un 5%.
Desde el inicio de la gestión del anarco-libertario, los gremios universitarios sufren las insuficientes actualizaciones que otorgó el Gobierno: un 4% en junio, un 9% para mayo, un 8% en abril, un 12% en marzo y en febrero, un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Después, sumaron un 7% de julio.
Las universidades nacionales de Río Negro y San Martín difundieron un informe, publicado y avalado por el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el que se concluyó que más del 85% de los trabajadores universitarios se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Según el documento, los trabajadores y trabajadoras universitarios perdieron más de un cuarto de su poder adquisitivo real y se encontrarían en emergencia salarial.
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