El fin de semana, el Gobierno de Javier Milei se vanaglorió de haber logrado un superávit presupuestario, pero ese resultado lo alcanzó pisando partidas alimenticias, de medicamentos, de transferencias a las provincias y en jubilaciones. Según señaló un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la Administración Pública Nacional logró en enero un superávit financiero equivalente a 0,2 por ciento del PBI y lo hizo gracias a una fuerte y generalizada reducción real del gasto público (salvo intereses). Dentro de esta reducción, la caída en el valor real del gasto en jubilaciones y pensiones es la más decisiva.
Pero el informe también alertó de otra cosa: la imposibilidad de seguir manteniendo este tipo de políticas a lo largo del tiempo. Esto quedó demostrado en febrero mismo, cuando el Gobierno hizo anuncios para reactivar la distribución de alimentos, garantizar las partidas nacionales a hospitales y hasta anunció que está analizando dar ayudas a la clase media para costear lo que se esperan sean cuotas escolares mucho más altas en marzo.
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Cómo fue el ajuste
La Administración Pública Nacional muestra superávit en el mes de enero 2024. La principal causa es la fuerte caída del gasto social, en especial, las jubilaciones. Dado que las jubilaciones están en su mínimo histórico, es necesario rápidamente migrar hacia fuentes más genuinas de sostén del equilibrio fiscal. Para este mes, los haberes jubilatorios serán los más baja en términos reales que durante la crisis de 2002, con una mínima 127 mil pesos aproximadamente si se mantiene el congelamiento.
En los menos de dos meses que el gobierno lleva en el poder, estos traspiés exteriorizan las dificultades que enfrenta para transformar el Estado y, particularmente, equilibrar las cuentas públicas. Sin perjuicio de ello, los funcionarios nacionales expresaron enfáticamente que se mantienen en la meta del déficit cero. La contracara fue un castigo a las provincias a las que no les transfirieron los fondos.
Además, para llevar a cabo tamaño ajuste, Milei recortó un 27 por ciento el gasto primario en enero de 2024 respecto a 2023. Los más damnificados fueron Provincias (PBA en especial), salud, educación, obra pública, industria, jubilaciones y política ambiental. Veamos el ahogo financiero a las provincias. El recorte a las provincias, especialmente a Buenos Aires, fue de un 56 por ciento en términos reales comparado con enero de 2023. Eliminaron las transferencias de recursos a cajas previsionales provinciales, infraestructura de hospitales, políticas educativas y penitenciarias, entre otros. Esto implica un recorte de salarios estatales que, durante la semana pasada, el Gobierno anticipó su congelamiento.
Al gobierno bonaerense directamente le recortaron todas las transferencias que no sean del Fondo de Incentivo Docente, incluido el Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Éste buscaba reducir las asimetrías del sistema de coparticipación donde la Provincia aporta aproximadamente el 40 por ciento de la masa coparticipable y recibe el 20 por ciento. Esto explica el resultado de enero, pero es una medida que no se podrá replicar, por razones obvias, en el resto de las provincias.
También recortó las ayudas a comedores y Desarrollo Regional, con cero por ciento de partidas ejecutadas o el funcionamiento de hospitales, como el Néstor Kirchner. "Si hacemos el desglose (sin los fondos del Fondo Nacional de Incentivo Docente) queda demostrado el ahogo a las provincias. ¿A cuáles les hicieron transferencias? A Catamarca, Corrientes y Tierra del Fuego para obras de agua potable. Las ATN solo fueron a Corrientes", destaca el informe de OCIPEx.
Las transferencias a los municipios prácticamente se eliminaron respecto a enero de 2023. En términos totales, siendo siempre la mayor damnificada la Provincia de Buenos Aires, sus municipios y su población. En el caso de las cajas previsionales provinciales, la reducción de las transferencias fue pareja y casi total, con un promedio del recorte del 91 por ciento interanual en términos reales. "Los ajustes más relevantes del gobierno nacional estuvieron en políticas ambientales -83 por ciento; política laboral -65 por ciento; provincias -56 por ciento; vivienda y agua potable -50 por ciento; salud, industria y seguridad social más del 30 por ciento de recorte, agrega el informe.
También paralizó la obra pública la paralizaron. Disminuyó un 88 por ciento respecto a enero de 2023 en términos reales y solo se realizan obras con financiamiento internacional. La inversión en rutas cayó un 63 por ciento y un 52 por ciento en agua potable. La inversión en salud cayó un 63 por ciento interanual y se eliminaron las transferencias a hospitales, medicamentos en respuesta a VIH, prevención y control de enfermedades transmisibles y medicamentos. A su vez, el PAMI sufrió un recorte del 34 por ciento del presupuesto girado respecto a enero de 2023.
En Educación se eliminó la inversión en infraestructura escolar y se redujo un 96 por ciento la inversión en notebooks para la alfabetización digital. Por último, el gasto en jubilaciones y pensiones cayó un 43 por ciento respecto a enero de 2023. Las mayores caídas se vieron en los más indefensos: prestaciones por moratoria (-53 por ciento), ex combatientes de Malvinas (-83 por ciento), pensiones no contributivas y madres de más de 7 hijos (-97 por ciento). Las empresas públicas también sufrieron el achicamiento en general. Correo Argentino, Aguas Argentinas, Corredores Viales, Télam y Medios Públicos no recibieron transferencias y Fabricaciones Militares las vieron reducidas a más de la mitad.
En resumen, para lograr ese superávit, Milei fundió a las provincias y sus habitantes hasta que no le aprueben la Ley Ómnibus. Mientras se recorta a todos los argentinos y argentinas, se paga la deuda con el FMI, como también a otros organismos multilaterales. Como ya dijo Avellaneda la deuda se pagará con “la sangre y el sudor de los argentinos”.
Estos datos muestran un persistente y profundo deterioro en el poder de compra de las jubilaciones. El monto en diciembre del 2023 es inferior al promedio de todo el 2023 y se ubica cerca del menor valor que tuvo en el siglo que fue el del 2002. "Dado que las jubilaciones se ajustarán recién en marzo del 2024, suponiendo que la inflación en enero sea aproximadamente del 20%, el valor real de las jubilaciones en enero 2024 será el equivalente a $88.094 a precios de diciembre 2023. En febrero seguramente se ubicará por debajo del valor real que tenían en el 2002. Es decir, en febrero, las jubilaciones tendrán el menor valor real del siglo XXI", señala la OPC.
La motosierra no se sostiene todo el verano
Esta semana, el Gobierno anunció que daría marcha atrás en la suspensión de partidas que había hecho para enero; básicamente todas. Entre ellos los anuncios de alimentos con iglesias evangélicas, como Caritas (los fuimos dando) y que en febrero van a transferir a los hospitales, como el Garrahan. También deslizaron que están analizando dar una ayuda para pagar las cuotas de los colegios en marzo. todos anuncios que atentan contra el ajustazo de enero
Los Ministerios de Economía y de Salud de la Nación informan que las partidas destinadas a los Hospitales Nacionales están garantizadas. En lo que respecta al presupuesto nacional destinado a la función salud, no se ha aplicado ningún tipo de recorte en las asignaciones para los hospitales de gestión nacional entre los que se encuentran el Hospital Garrahan, el Hospital El Cruce de Florencio Varela, y el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverria, de acuerdo con el comunicado oficial. De esta manera, se continúa con normalidad el envío de los fondos destinados a insumos, salarios del personal, obras de infraestructura, entre otros ítems incluidos en el presupuesto nacional.
La estrategia de equilibrar las cuentas públicas en base a la licuación de jubilaciones es muy endeble. Por un lado, porque tiene un impacto muy regresivo y genera tensiones políticas. Por otro, porque aumenta las demandas judiciales contra la ANSES debido a que la justicia previsional no tolera la licuación de jubilaciones. "No es la primera vez que el ajuste fiscal se sostiene licuando jubilaciones, pero nunca con este nivel de intensidad. La principal conclusión es que el superávit de enero es positivo, pero muy precario", destaca el informe oficial del Congreso.
Para eliminar la inflación y generar un contexto amigable para la inversión y la creación de empleos de calidad es imprescindible equilibrar las cuentas públicas. Por eso, priorizar la meta de déficit cero es pertinente. Pero también es esencial convencer que es factible sostener el equilibrio fiscal en el tiempo. Si los agentes económicos perciben que, por resistencias sociales, políticas y/o judiciales, el equilibrio fiscal no será sostenido los beneficios se diluyen. Como lo demuestran experiencias pasadas, el ajuste por licuación de jubilaciones lleva a dilapidar esfuerzos, tanto de la sociedad como del gobierno.
"Para migrar desde un equilibrio fiscal basado en la licuación del gasto público a otro con bases más sostenibles hay que abordar un ordenamiento integral del Estado. Por el lado de los ingresos, avanzar en la unificación y simplificación de impuestos y tender a que cada nivel de gobierno sea responsable de generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos", señala el informe de la OPC. Por el lado de los gastos, eliminar superposiciones entre niveles de gobierno, ordenar el sistema previsional y mejorar la gestión pública. Esto demanda ideas innovadoras y capacidad para llevarlas a la práctica. Hasta ahora el gobierno ha demostrado tener ideas, pero carece de la pericia política y técnica para instrumentarlas.
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