En un hecho sin precedentes en los últimos años, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) registró entre enero y octubre un superávit financiero acumulado de 5,2 billones de pesos, según un informe Fundación Éforo. Lo histórico no implica que sea una buena noticia, dado que ese ahorro se consiguió a partir de menores transferencias a cajas previsionales provinciales, el veto al aumento jubilatorio y el recorte en asignaciones familiares. Con este feroz ajuste, el Gobierno podría otorgar un bono a fin de año de 760 mil pesos a todos los jubilados y pensionados (6,8 millones de beneficiarios) o de 1,8 millones de pesos si solo alcanzará a quienes cobran la mínima (3 millones). En este último caso, el haber más bono para la mínima llegaría a los 2 millones de pesos.
El total de la Administración Pública Nacional registra a la fecha un superávit de 1,9 billones de pesos, una mirada desagregada revela que esta cifra se debe en gran parte al excedente de la ANSES. Si se excluyen los recursos y gastos de la ANSES, el resto de la APN arrojaría un déficit de más de 3 billones de pesos.
En los primeros diez meses del año, la ANSES recaudó un total de 36,3 billones de pesos, mientras que sus gastos alcanzaron los 31,1 billones, resultando en un superávit neto de más de 5 billones. “A pesar de este superávit, el Poder Ejecutivo no ha destinado recursos adicionales para reforzar las prestaciones sociales o las jubilaciones”, criticó el documento. Por el contrario, a lo largo del año, se suspendieron las transferencias a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación; se vetó la ley de movilidad jubilatoria que proponía mejoras en los haberes de los jubilados y ajustaron las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y para las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
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Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la deuda acumulada a julio de este año con las nueve cajas provinciales por parte de Nación asciende a 703.353 millones de pesos, equivalente a 0,13 por ciento del PBI. El gasto adicional en jubilaciones y pensiones del impacto pleno de la ley de movilidad vetada hubiera sido del 0,44 por ciento del PBI, lo que equivale a un monto aproximado al ahorro actualmente vigente en las cuentas financieras de ANSES.
Distintas estimaciones sostienen que el recorte en jubilaciones y pensiones constituye el 25,3 por ciento del total del ajuste en las cuentas públicas nacionales. De acuerdo con datos actuales del Sistema Previsional Nacional Argentino (SIPA), existen 6,8 millones de perceptores de jubilación o pensión. De esta población, alrededor del 50 por ciento de los beneficiarios perciben una jubilación mínima. El 91 por ciento de la población adulta cuenta con algún tipo de cobertura brindada por el SIPA. El 9 por ciento restante comprende adultos mayores que aún se encuentran trabajando, adultos mayores sin empleo o adultos mayores que se desempeñan en la informalidad.
El 67 por ciento de las jubilaciones vigentes se obtuvieron por la implementación de moratorias. Esto se explica por la baja proporción de aportantes actuales en relación a los beneficiarios. La jubilación de agosto de 2024 abonada por la gestión de La Libertad Avanza fue de 227.265 pesos, lo que significa un incremento real del 4,8 por ciento respecto a la de noviembre de 2023. En febrero de 2024 se liquidó el haber mínimo más bajo de los últimos 15 años. Fue de 152.900 pesos a valores constantes de agosto de 2024.
Actualmente una jubilación mínima alcanza para cubrir apenas una canasta básica total para un adulto mayor. De seguir vigente la nueva movilidad jubilatoria, ese será el poder adquisitivo real en el corto y mediano plazo para casi la mitad de los beneficiarios del SIPA, que son los que perciben ese tipo de haber. En abril de 2016, la jubilación mínima representaba 1,8 veces la canasta básica total de un adulto mayor, lo que indicaba que los ingresos de los jubilados eran más que suficientes para cubrir las necesidades básicas, alejando a esta población de la línea general de pobreza.
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