Una banda realizó operaciones cambiarias para evadir impuestos, fugar y contrabandear divisas por casi 20 millones de dólares. Tras un trabajo en conjunto de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Policía de Mendoza se logró identificar a quienes conformaron parte del entramado que operó con una estructura compleja de empresas argentinas y extranjeras.
La operatoria desarticulada por la Aduana, que depende de la AFIP, consistía en hacerse de moneda extranjera al tipo de cambio oficial a través de supuestos servicios de fletes internacionales que eran cobrados en Chile, confiaron fuentes oficiales a El Destape. La investigación permitió establecer que una parte de esos billetes eran reingresados al país de manera ilegal para ser colocados en el mercado informal de cambios.
La Aduana, encabezada por Silvia Traverso, radicó la denuncia en el Juzgado Federal 3 de Mendoza y, como resultado de la presentación judicial, se ordenaron ocho allanamientos que contaron con el apoyo de la Policía de Mendoza. En ellos, se detuvo a una persona y se secuestró material relevante para la causa. También se requirió información a seis bancos en los que operaba esta asociación ilícita.
El expediente se inició tras una denuncia anónima que recibió la AFIP. Avanzó con una investigación de la Aduana, donde se identificó que una asociación conformada por una familia tenía empresas bajo distintas razones sociales radicadas en Chile y en la Argentina que simulaban fletes internacionales.
El organismo recaudador identificó que conformaron una organización cuya finalidad era la de realizar maniobras de evasión impositiva, contrabando de divisas, de lavado de dinero y otras infracciones a la ley de Régimen Penal Cambiario, a través de la utilización de empresas de transporte argentinas y chilenas, sobre las cuales poseen el control.
Instrumentaron una compleja ingeniería que incluyó más de siete compañías en Argentina, vinculadas entre sí, que a su vez simulaban prestar servicio de flete internacional con otra firma más, radicada en Chile, también vinculada por parentesco con las empresas argentinas. La Aduana pudo confirmar que esta estructura incluyó servicios no prestados, montos excesivos con facturación apócrifa que superaba en hasta 1.000% lo que se cobra por un servicio similar.
La logística implementada implicó un manejo cuidadoso y pormenorizado de divisas y de depósitos de los pesos -conseguidos en el mercado informal- en los bancos, que se hicieron siempre en montos chicos para intentar no llamar la atención. Contó además con la experiencia de una despachante de aduanas (perteneciente al grupo familiar) y una contadora (que era la misma para todas las empresas) para simular la operatoria como si fuera real, montada a su vez sobre operaciones registradas. Para hacerlo adulteraron documentación de comercio exterior, indicaron a este medio fuentes oficiales.
El Estado argentino constató el giro de aproximadamente U$S 20 millones desde Argentina hacia Chile entre las empresas del grupo familiar en un período menor a 2 años. Esto respondería en su totalidad a una maniobra fraudulenta llevada a cabo por esta presunta asociación ilícita.
A partir de la denuncia, la Fiscalía Federal 1 de Mendoza, por intermedio del Juzgado Federal 3, ordenó el allanamiento de ocho domicilios. Se secuestraron documentación, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, cheques, armas, sustancias estupefacientes, teléfonos celulares, computadoras y otros elementos informáticos.
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