“El gasto en jubilaciones y pensiones se guiará por el nuevo mecanismo de actualización adoptado a fines de 2020 (…) Se prestará atención especial a la evaluación de los regímenes especiales previsionales, y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”. Este es el párrafo referido a las jubilaciones en el borrador del posible acuerdo con el FMI, en el cual igualmente se aclara que el “párrafo completo es objeto de una discusión más amplia”.
Frente a las dudas generadas en relación a los regímenes especiales, fue el propio presidente Alberto Fernández quien en diálogo con El Destape Radio señaló que “básicamente” se limitaban a “embajadores y jueces”, con lo que pareciera ser ya un hecho que el posible acuerdo no afectará la situación de los 6.367.856 jubilados que cobraban las jubilaciones del régimen general a diciembre del año pasado, siendo además que las mismas ya sufrieron un fuerte ajuste, pues según el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) durante los últimos cinco años experimentaron una reducción del 15 por ciento en su poder adquisitivo.
El hecho puso sin embargo bajo la lupa los denominados “regímenes especiales”, llamados comúnmente “jubilaciones de privilegio”, las cuales son rechazadas por gran parte de la población, pues según una encuesta de la consultora Trespuntozero de diciembre de 2019, el 85 por ciento de los argentinos estaba “muy o bastante de acuerdo” con modificarlas, en uno de los pocos temas donde no había mayores discrepancias entre kirchneristas y macristas, pues los primeros, con 85,6 por ciento, y los segundos, con 87 por ciento, demandaban cambios en este aspecto.
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Sin embargo, dentro de este régimen existen tanto jubilados que cobran cerca de 20 veces la mínima como otros que cobran poco más de dos veces y media, por lo que la información específica sobre este régimen puede dar cuenta del espacio que existe para reajustar sobre este segmentos de jubilados, que pese a representar menos del 4 por ciento del total de trabajadores retirados, capta más del 11 por ciento del presupuesto del total de las jubilaciones, las cuales el año pasado representaron un total de 3,8 billones de pesos, esto es cerca de un 35 por ciento del presupuesto y un 8,4 por ciento del PBI.
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Según los datos a diciembre de 2021 del Boletín Estadístico de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo al que tuvo acceso El Destape, existían a esa fecha 270.312 jubilados de regímenes especiales, entre los cuales eran los miembros retirados de la justicia y del servicio exterior aquellos que destacaban por sus onerosos ingresos, con haberes promedio superiores al medio millón de pesos. La mayor diferencia entre ambos grupos de privilegiados, es que mientras los retirados del servicio diplomático eran solo 665, con lo que recibían el 0,13 por ciento del total de los fondos para jubilaciones, los ex miembros de la justicia sumaban 7.150 y se llevaban el 1,25 por ciento del total. De hecho, estos ex funcionarios de la institución que según la consultora Taquion genera mayor desconfianza entre los argentinos (83,3 por ciento) se llevaban la misma proporción que los 45.636 policías y miembros del servicio penitenciario retirados, que cobran en promedio 81.337 pesos.
En términos generales, la porción que más incidía dentro de los regímenes especiales era la de docentes, a los que se les destinaban el 6,25 por ciento del total de los fondos para jubilaciones, pero no porque sus ingresos puedan considerarse “de privilegio”, pues los mismos promedian 109.000 pesos, sino porque la recibían 163.917 ex trabajadores de la enseñanza, siempre a diciembre de 2021. De hecho, en relación al monto de jubilación, quienes les siguen a los ex miembros de la justicia y diplomáticos, son un grupo de docentes e investigadores universitarios, que superan los 220.000 pesos, y al contarse por cerca de 9.000, se llevan el 0,7 por ciento del total.
El actual gobierno ya había intentado modificar las jubilaciones de privilegio de los miembros retirados de la justicia y el servicio exterior, cuando en abril de 2020 sancionó la ley 27.546 que subió del 11 al 18 por ciento los aportes de jueces y diplomáticos, consideró como base del cálculo el promedio de los sueldos de sus últimos 120 meses de trabajo en lugar del último (que suele ser el más alto) y redujo del 85 al 82 por ciento de este promedio el monto de las prestaciones para diplomáticos, además de elevar de 60 a 65 años la edad mínima para el retiro en el caso de los hombres.
Las modificaciones eran para los nuevos jubilados, que en mucho casos decidieron igualmente presentar demandas judiciales para preservar sus privilegios, por lo que resta ver cual será su impacto real. Por el momento, poco parece haberse modificado, pues los miembros retirados del Poder Judicial perciben en la actualidad 519.611 pesos y los ex diplomáticos 563.362 pesos, mientras los 2.420.449 trabajadores retirados que aportaron durante 30 años para su jubilación reciben en promedio 55.476 pesos, mientras que los 3.511.565 trabajadores que mayoritariamente debieron trabajar en oficios precarizados pero pudieron jubilarse por las moratorias dispuestas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, solo perciben 30.742 pesos.
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