A los seres humanos no nos es dado modificar el pasado ni adivinar el futuro. Esa trágica condición se actualiza en estas horas entre nosotros. Claudio Lozano, director del Banco Nación en representación del oficialismo dice que el acuerdo con el FMI es un default diferido y no una solución al endeudamiento y que el gobierno ha desistido de denunciar ante los foros políticos y judiciales internacionales las múltiples irregularidades en que incurrió el FMI. Por su parte, Matías Kulfas, ministro de producción, sostiene, en cambio, que el acuerdo con el FMI genera mayor previsibilidad para sostener la reactivación económica y el desarrollo productivo del país. No es difícil imaginar que en estas horas este contrapunto se multiplique en el interior del espacio político que, con diversos matices, apoya al gobierno de Alberto y Cristina Fernández.
La deuda contraída por el gobierno de Macri es claramente ilegal. Y la ilegalidad fue avalada y protegida por el staff del FMI. Consistió en saltar todos los requisitos legales y constitucionales que debe cubrir un proceso de endeudamiento del tesoro público y en el visible desvío de los fondos prestados, de cualquier finalidad de orden nacional hacia su utilización para el fraudulento beneficio de grandes grupos nacionales y trasnacionales especulativos. El acuerdo no debería revertir las promesas presidenciales formuladas el último 1ero de marzo en materia de investigación y castigo de este claro delito contra la patria. La impunidad no es un buen camino para evitar que hechos como este -y como muchos de esta naturaleza que recorren nuestra historia- sean premiados con el olvido. Es decir, se puede discutir mucho sobre el fondo del problema, sobre la relación entre el país y el mundo, entre el mercado y el estado, entre la igualdad social y la libertad económica: pero los delitos son delitos.
Acordar con el Fondo no debería, entonces, equivaler al olvido ni al perdón de quienes han delinquido. La recuperación democrática argentina de 1983 se construyó con las premisas de memoria, verdad y justicia. Y hay que enfrentar a quienes pretenden revertir ese logro, sobre la base de ignorar o minimizar episodios gravísimos como las operaciones gubernamentales, judiciales y de inteligencia operadas en contra de políticos, sindicalistas, empresarios de medios y militantes sociales durante la época de las “mesas judiciales”. Tampoco habría que permitir un manto de olvido sobre el modo de proceder de los funcionarios del FMI que, de uno u otro modo, facilitaron el delito; no es nuevo en nuestra historia el accionar conjunto de fuerzas nativas y extranjeras en operativos en contra de los intereses de la nación. Sería un falso pragmatismo el que contribuyera al no castigo del delito, porque estaría creando las bases para una repetición más de acontecimientos y conductas que han perjudicado históricamente al país y a sus habitantes.
La discusión sobre la decisión del gobierno nacional puede contribuir a una maduración política colectiva de las fuerzas políticas y sociales que lo apoyan. El Frente de Todos es una construcción política colectiva reciente, tuvo un bautismo de fuego claramente exitoso, cuando después del discurso de CFK del 18 de mayo de 2019, la dispersión popular cedió al acuerdo de unidad. Sin ese proceso, dicho sea de paso, ninguna discusión política sobre el proceso de endeudamiento ilegal e irresponsable hubiera sido viable. Una nueva gestión macrista hubiera pagado sin chistar y hubiera puesto en marcha lo que Macri llamó pomposamente “reformismo permanente”, que fácilmente se entendía -y se sigue entendiendo- como mayor concentración de la riqueza, vaciamiento de las funciones estatales, primarización de la economía y compromiso internacional ilimitado con los intereses de Estados Unidos. Eso no puede estar ausente de ningún debate popular que se pretenda fecundo. En un momento en que se exalta el lugar político de la voluntad, no debería olvidarse que fue justamente esa voluntad política la que abrió paso a la derrota electoral de las políticas necoloniales y a la apertura de un proceso -duro y contradictorio- de recuperación popular. Y tampoco sería justo dejar de decir que el proceso de desarrollo y crecimiento de esa voluntad no ha sido parejo y rectilíneo; más bien fue lento y hasta penoso. La derrota electoral del año pasado está innegablemente unida a esa debilidad. El Frente de Todos no expresa un nivel de confluencia a la altura de las dramáticas circunstancias por las que atravesamos. Ante la realidad del acuerdo con el fondo hay que evitar por la expectativa ingenua y, lo que es peor, pasiva, tanto como la crítica basada en supuestos principios políticos independientes de las circunstancias concretas. Los límites que el Fondo incluye en el acuerdo son indiscutibles y la pretensión de ignorarlos agravaría sus consecuencias. El retorno de las revisiones del organismo sobre las decisiones del Estado argentino constituye una profunda regresión respecto del momento en que el entonces presidente Kirchner pagó al contado la deuda con el fondo y lo suprimió como actor de la escena política argentina. Claro que la ausencia en el documento (aparente, porque el texto específico no lo conocemos) de referencias a la legislación del trabajo o a la política previsional es un buen dato inicial, aunque su valor puede asegurarse nada más que hasta la próxima elección.
Es muy importante tener presente que el acuerdo, lejos de ser un obstáculo para la búsqueda de otras opciones financieras, destraba la exploración de esas nuevas oportunidades. La República Popular China tenía condicionado su plan de colaboración binacional con nuestro país, justamente al alcance de ese acuerdo. Coincidencia feliz, entonces, la que permite la cercanía en el tiempo entre el acuerdo y el viaje del presidente a Rusia y a China que marcará la señal de una firme voluntad de tener una política internacional independiente, basada en el interés nacional. Hace poco más de dos meses, una nota del diario La Nación -nunca desmentida- atribuía al actual presidente del Banco Nación, Miguel Pesce, la idea de la “diversificación de acreedores”, sobre la base de abrir la posibilidad de acuerdos “bilaterales” entre nuestro país y otros que estén dispuestos a cooperar con la recuperación argentina, aún cuando nuestro país no figure en la categoría internacional de “países pobres”. Lejos de alejar esa perspectiva, la firma del acuerdo la facilita.
El acuerdo con el fondo no cierra ningún camino. Tampoco abre ninguno de modo automático. Lo importante, lo decisivo es lo que el recordado Aldo Ferrer llamaba “densidad nacional”, lo que, en nuestra propia interpretación, hoy sería unidad en una voluntad popular transformadora y dotada de una amplia capacidad de movilización.
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