El juez brasileño Alexandre de Moraes, que el año pasado lideró la decisión del Supremo Tribunal Federal que suspendió temporalmente la plataforma de redes sociales X en el país, dijo el miércoles que las empresas tecnológicas tienen que cumplir las leyes para poder seguir operando en Brasil.
Aunque no nombró a ninguna empresa, las declaraciones de Moraes se produjeron un día después de que Meta anunció a través de un video de su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, que suprimiría su programa de verificación de datos en Estados Unidos y reduciría los límites a los debates sobre temas polémicos como la inmigración y la identidad de género.
En un acto con motivo de los dos años de los disturbios en Brasil contra instituciones, incluido el Supremo Tribunal Federal, Moraes dijo que la máxima instancia judicial del país no permitirá que las empresas tecnológicas exploten su uso de la incitación al odio con fines lucrativos.
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"En Brasil, (las empresas) sólo seguirán operando si respetan la legislación brasileña, independientemente de los despotriques de los directivos de las grandes tecnológicas", dijo Moraes.
El año pasado, la plataforma de redes sociales X fue suspendida en Brasil durante más de un mes por no cumplir las órdenes judiciales, incluidas algunas relacionadas con la moderación de la incitación al odio.
La decisión de suspender X vino primero de Moraes, ya que los jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil pueden ejercer amplios poderes para tomar decisiones unilaterales, pero después fue respaldada unánimemente por un panel de cinco miembros del tribunal.
El multimillonario Elon Musk, propietario de X, denunció entonces las órdenes de Moraes como censura y calificó al juez de "dictador". Posteriormente, X cumplió las exigencias del tribunal, incluido el bloqueo de algunas cuentas, para reanudar su servicio en Brasil.
También el miércoles, los fiscales brasileños ordenaron a Meta que aclare si los cambios en su programa de verificación de datos en Estados Unidos se aplicarán también en el país sudamericano.
Meta, que declinó hacer comentarios a través de su oficina en Brasil, recibió un plazo de 30 días para dar una respuesta, mostró un documento visto por Reuters.
Los fiscales dijeron que la orden para obtener más detalles estaba relacionada con una investigación en curso sobre las medidas adoptadas por las plataformas de redes sociales para combatir la desinformación y la violencia en línea en Brasil.
Con información de Reuters
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