“Prefiero tener 10 por ciento más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina” señaló en abril pasado el presidente Alberto Fernandez, dando toda una definición sobre cómo debería ser evaluada su gestión económica durante la pandemia, un elemento que debería ser clave en los análisis que formulan al cumplirse un año de su gestión.
Sucede que si bien el gobierno finalmente privilegió la economía a las restricciones de circulación, no menos cierto es que la cuarentena estricta de los primeros tres meses, fue la mayor causante del proyectado derrumbe del 10,5 por ciento sobre el PBI. Pero posibilitó, paralelamente, que con 1.000 muertos por coronavirus, es decir una tasa de 223 muertes cada millón de habitantes, el país estuviese muy lejos de los guarismos de otras naciones de la región, que en prácticamente todos los casos llegaban a los dos dígitos por cada 100.000 ciudadanos.
Subordinar en aquel momento la economía a la situación sanitaria, no implicó por supuesto su abandono. Y es que con una inversión total del 6,7 por ciento sobre el PBI, la mayor en la historia argentina, el gobierno lanzó un inédito programa de asistencia económica, con el fin de financiar a 9 millones de trabajadores informales y desocupados, así como a 500.000 trabajadores registrados de empresas que por el aislamiento no podían realizar su habitual producción. Para ello, el ejecutivo desterró cualquier visión ortodoxa y dio lugar a una mega emisión de 1,6 billones de pesos, único camino posible frente al cierre total del financiamiento, luego de que la alianza Cambiemos consumiera todo el crédito disponible y dejará al país en “reperfilamiento” o default.
Era posible señalar, entonces, que se estaba cumpliendo, aún en pandemia, con el contrato electoral de “comenzar por los últimos para después poder llegar a todos”, un compromiso que había comenzado con el aumento de las jubilaciones mínimas y la suba de retenciones, y que en pandemia significaba que la libre circulación afectaría fundamentalmente a los trabajadores, como lo harían también las restricciones laborales sin una contraprestación pública para ellos y las Pymes que los emplean.
A partir de julio, comenzó en los hechos una segunda etapa, donde se pueden encontrar también medidas progresistas, tendientes en este caso a descomprimir el déficit fiscal pero apuntando al pico de la pirámide, como ser la reestructuración de la deuda con una quita de 37.000 millones de dólares para los sectores concentrados del capital financiero, y la sanción del impuesto a la riqueza para las 12.000 mayores fortunas, mediante el cual se podría llegar a recaudar otros 300.000 millones de pesos.
Sin embargo, está segunda etapa estuvo también marcada por una decisión que en principio fue contraria a la idea inicial de Fernández, pues se produjo una amplia apertura de la actividad económica, que llevó al país a ubicarse segundo en Latinoamérica en la cantidad de muertos por millón de habitantes, con una cifra de 898. A ello, se sumaron los anuncios del retiro del IFE, solo en parte compensados por bonos alimentos, así como de futuros aumentos tarifarios, además de una leve baja en las retenciones hasta diciembre. Cierto es que frente al paquete descripto anteriormente, estas últimas medidas no pueden evaluarse como centrales para una evaluación objetiva del manejo económico en la pandemia, pero tampoco soslayarse en una alianza de gobierno que integra en su seno a un sector claramente comprometido con los trabajadores y las pymes pero también a otro mucho más permeable a las demandas de grupos económicos, los cuales no dieron tregua en su enfrentamiento, incluso en pandemia, hacia medidas que buscaban asegurar la salud y el ingreso mínimo de los argentinos.
Lo que se viene
La pandemia no ha quedado atrás. Pero entre el anuncio de las llegadas de las vacunas y la dinámica que el gobierno tomó en los últimos meses, es evidente que los mayores esfuerzos del ejecutivo se están concentrando en disminuir los niveles de daño a la economía que inicialmente produjo la reimplementación del neoliberalismo en 2016 y que se profundizó exponencialmente con el coronavirus.
Un elemento no puede ser descartado, como lo es una segunda ola aun con la vacunación presente, lo que pondría en suspenso cualquier previsión. Sin embargo, existen elementos posibles de ser analizados para trazar un panorama futuro de la economía. El primero de ellos, es el rebote económico, como sucede luego de cualquier crisis del sistema capitalista. Con un robusto superávit comercial, un dólar extremadamente competitivo, y un consumo rezagado, las previsiones del gobierno de un crecimiento del 5,5 por ciento del PBI pueden incluso ser pesimistas. Sin embargo, las fuentes consultadas dan cuenta de dos elementos de posibles zozbras que surgirán como coletazo de las extraordinarias medidas aplicadas en este 2020. Una de ellas es el nivel de endeudamiento del BCRA con los bancos, debido al generalizado uso de las Leliqs para esterilizar el crecimiento de la base monetaria, que tiene a las entidades financieras como acreedoras por 2,6 billones de pesos (de los cuales 650.000 millones son ganancias de los bancos). El otro elemento es la escases de reservas, hoy por debajo de los 40.000 millones de dólares, motivadas por una tendencia a la dolarización de empresas e individuos frente a la incertidumbre de la pandemia y luego de la debilitada economía que dejó el macrismo. Así, frente a un 2021 en el que el crecimiento provocará una demanda de divisas aún mayor, la habitual “restricción externa” o carencia de divisas con la que convivimos los argentinos, tendrá seguramente un nuevo capítulo.
Ambos puntos, se anudan directamente al de mayor envergadura, como lo es el posible acuerdo con el FMI por la deuda contraída durante la gestión de la alianza Cambiemos. Allí el gobierno deberá transitar un estrecho camino, como lo es el de desandar sin traumas la descripta situación macroeconómica, y, paralelamente, sostener sus iniciales promesas de redistribución, mejora socioeconómica, y protección hacia los más débiles.
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