El proyecto de ley remitido al Senado en revisión desde la Cámara de Diputados que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del Lavado de Activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva será debatido la semana próxima en un plenario de las Comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores.
Así lo confirmaron hoy fuentes parlamentarias y precisaron que la reunión fue convocada para el miércoles 31 de enero a partir de las 17 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.
El proyecto, enviado al Congreso durante la administración de Alberto Fernández, fue aprobado en Diputados en abril de 2023 y comenzó a ser debatido a nivel de comisiones en julio, con la presencia del entonces secretario de Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Ricardo Casal; y del ex director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero.
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En ese momento, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, argumentó que se trataba de una reunión solamente informativa y que el proyecto iba a seguir siendo debatido, aunque el plenario nunca volvió a reunirse.
La reunión del próximo miércoles contará, según las fuentes, con la presencia de Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Nicolás Vergara, jefe de gabinete de la misma repartición.
El proyecto sobre prevención y persecución de lavado de activos, que el presidente Javier Milei incluyó para su discusión en el período de sesiones extraordinarias del Congreso, tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que este año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe adaptar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
Uno de los artículos del proyecto amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En ese sentido se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.
Uno de los puntos del proyecto que generó mayor debate cuando fue tratado en Diputados fue por el artículo que incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y en ese sentido se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.
Con información de Télam
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