La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó el informe sobre el uso de títulos públicos como garantía de iniciativas y ejecución de inversión de proyectos para la producción de energía renovable, durante la gestión Cambiemos, en el cual concluyó que el fondo creado como respaldo generó una deuda indirecta por USD 7.368 millones.
La AGN examinó la deuda pública contingente generada por la emisión que realizó el Ministerio de Hacienda y Finanzas públicas de las Letras del Tesoro Nacional para ser otorgadas al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), y como garantía de las rondas 1,1.5 y 2 del Programa RenovAr ejecutado por el entonces Ministerio de Energía.
El Foder es un fideicomiso público, de administración y financiero, que sirvió como respaldo al otorgamiento de préstamos para los titulares de proyectos de energías renovables, y el otorgamiento de avales y garantías, respaldados por el Estado Nacional y por el Banco Mundial, para garantizar el cumplimiento de los contratos de compraventa de energía eléctrica a suscribir por Cammesa.
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El informe fue realizado por la Comisión de Supervisión de la Deuda Pública que preside el auditor general de la Nación, Francisco Javier Fernández, y se centró en la gestión y cumplimiento de las Operaciones de Crédito Público y Sustentabilidad durante el período 2016-2019.
El mismo se presentó hoy durante la sesión del Colegio de Auditores Generales, en la que participaron el presidente de la AGN Jesús Rodríguez, y los auditores generales Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva. El informe fue aprobado, con disidencia parcial de los auditores generales Nieva y Pichetto.
La auditoría señaló que "el uso de títulos públicos para garantizar el programa de energías renovables generó una deuda indirecta por US$ 7 368 millones", y determinó que ese mismo stock de Letras en garantías del Foder "representó el 2,29% del total de la deuda y el 61,5% la deuda indirecta".
Entre las conclusiones del informe se indicó que "el balance del fideicomiso no posee una cuenta específica para identificar los montos de la garantía de pago por energía". Además, los valores de los estados contables de los años 2017,2018 y 2019 "no coinciden" con los montos detallados por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) -que actuó como ente fiduciario- como afectados a la garantía de pago del precio por energía.
"Los pagos que realizó la compañía eléctrica mayorista Cammesa desde mayo de 2019, no los hizo con fondos provenientes de su propia recaudación, sino que la operatoria se hizo directamente con los fondos que el Foder le transfirió", se explicó.
El BICE no realizó ningún proceso de verificación para controlar la disponibilidad de fondos por parte de Cammesa, mientras que "el Estado Nacional incumplió con el marco normativo. Esto significa que no procuró una partida presupuestaria para cancelar obligaciones de pago en caso de que la empresa beneficiaria reclamara las Letras de garantía", aseveró la AGN.
Por otra parte, se registraron "deficiencias en la carga y validación de datos" en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SigadeI), y en la "identificación del origen interno o externo" de la deuda.
Finalmente, se observó una mayor exposición al riesgo de divisas, ya que durante el período auditado, las calificaciones de la deuda de la República Argentina estuvieron por debajo del grado de inversor.
Además, el saldo negativo de las Reservas Internacionales Líquidas a 12 meses se incrementó de los USD -9.493 millones en el ejercicio 2017 a los USD -27.879 millones en el ejercicio 2019; al igual que la brecha cambiaria creció un 25% respecto del Tipo de Cambio Oficial.
Sobre la base de estos hallazgos, se concluye que programa RenovAr generó una deuda contingente de USD 7 368 millones. Ésta deuda indirecta representaba, a diciembre del 2019, el 60% de la totalidad de contingencias por garantías y avales.
"La alta probabilidad de que la deuda indirecta se transformara en deuda directa, obliga a pensar en las distintas herramientas que podría haber utilizado el Estado Nacional para hacer frente al pago", afirmó el documento de la AGN.
Con información de Télam