Argentina vs. Ecuador y la Copa América de los derechos humanos: ¿cómo es el resultado?

Más allá de los condimentos futbolísticos de los cuartos de final en el certamen continental: en un Argentina-Ecuador, ¿qué país gana la batalla en materia de derechos humanos?

03 de julio, 2021 | 10.30

La Copa América 2021 dejó atrás la fase de grupos y ya tiene a sus ocho equipos clasificados para los cuartos de final del certamen continental que lucharán por el título. Argentina y Brasil finalizaron como líderes de su grupo con 10 unidades y, sin lugar a dudas, son los grandes candidatos con Lionel Messi y Neymar Junior como principales figuras. Detrás de ellos aparecen Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Colombia y Ecuador.

Como ocurrió en la previa del duelo vs. Chilefrente a Uruguay y también contra Bolivia, la idea de El Destape es recorrer y visibilizar, más allá de las jugadas y los diferentes análisis en relación a lo futbolístico, los diferentes datos que atraviesan la realidad y actualidad de cada país en materia de derechos humanos. La idea, como en ocasiones anteriores, es comparar cinco aspectos sociales entre Argentina y, en esta oportunidad, el Ecuador liderado por el presidente Guillermo Lasso a quien la Selección de Lionel Scaloni se enfrentará por la primera fase eliminatoria.

Aborto en Ecuador y en Argentina

A diferencia de los casos repasados previamente en relación a lo que ocurre en Chile y Bolivia -despenalizado en tres causales- o en Uruguay -completamente despenalizado-, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Ecuador es legal solo cuando la vida o la salud de la madre está en riesgo. Cabe destacar que en el Código Orgánico Integral Penal dictado en 2014, donde no están considerados los parámetros anteriores, el aborto figura tipificado como delito con penas de seis meses hasta dos años. Esto regirá tanto para la mujer o persona gestante que aborte como también para quienes proveen los servicios. 

También se suma un asterisco en el aborto no punible por violación a personas con algún tipo de discapacidad. En los últimos días de junio, diferentes organizaciones de mujeres y colectivos feministas respaldaron un proyecto de ley orgánica que busca regular el aborto en todos los casos de violación -sin importar las facultades de la víctima-. Se realizará un debate legislativo y los distintos grupos piden tener participación. "En un país laico como Ecuador, es perturbador que las creencias personales se usen para negar la mínima decencia humana para las mujeres", manifestó una de las representantes.

En Argentina, como bien se conoce y recordamos en cada ocasión, desde el 30 de diciembre del 2020, en una jornada histórica, el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue aprobado en todo el territorio nacional. Es una práctica que se puede acceder de forma libre y gratuita, hasta la semana 14 de gestión inclusive. A pesar de esto, distintos jueces intentan poner trabas y no permitir cumplir un derecho básico.

Matrimonio Igualitario

En el caso de Ecuador, a diferencia de Chile y Bolivia, hay aspectos importantes y positivos en materia de derechos para la comunidad LGBT+. Durante el debate de la Constitución de Ecuador, en 2008, se incluyó la "unión civil" para parejas del mismo sexo; aunque se mantenía, a diferencia de las parejas heterosexuales, la prohibición para adoptar niños. El presidente Rafael Correa fue clave con su apoyo para esta inclusión. Pero fue el 12 de junio del 2019, cuando la Corte Constitucional de Ecuador reconoció al matrimonio igualitario en todo el territorio nacional. Se suma a Uruguay y por supuesto, también a nuestro país.

En Argentina, tal como repasamos las veces anteriores, se aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo a mediados del 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Así fue como nuestro país se convirtió en el primero de Latinoamérica en reconocer este derecho a lo largo y ancho del territorio nacional. Además, fue el segundo de América y el décimo a nivel mundial.

Educación Sexual Integral (ESI)

Desde hace décadas, fue un tema muy atravesado por prejuicios en familias, la política y la sociedad en general. Tanto es así que, por ejemplo, durante el 2017, los grupos religiosos y conservadores acusaron a las instituciones educativas que daban clases para que niñas, niños y jóvenes "obtengan material para vivir la sexualidad en libertad como anticonceptivos, preservativos, pastillas del día después" y sobre manuales que enseñaban a "tener relaciones sexuales de todas las formas inimaginables". Al mismo tiempo, declaraban que "promovía a la homosexualidad" y siguiendo esta línea, cientos de estudiantes homosexuales y bisexuales manifestaron haber experimentado violencia física durante su vida escolar. Algo que, sin dudas, da a cuenta la importancia de la ESI.

A su vez, sobre esto último, es importante destacar que los altos porcentajes de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y abortos clandestinos dejan a la vista la falla gubernamental en relación a las políticas educativas en relación al tema. Si bien no poseen leyes, las diferentes gestiones intentaron emplear estrategias para afrontar la problemática que, a la larga, parecen no hacer efectos en las cifras de adolescentes que atraviesan abortos o embarazos no deseados. Incluso, en la constitución se expresa que el Estado debe "asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente desde el enfoque de los derechos".

Por su parte, en Argentina, se sancionó en octubre del 2006, la Ley 26.150 que asegura la Educación Sexual Integral (ESI) en todo el territorio nacional. Con ella se busca que todos los educandos lleven adelante su derecho en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y también privada en todas las jurisdicciones. Además se indica que dicha ESI debe atravesar las distintas propuestas educativas y debe estar garantizada obligatoriamente -algo que a veces falla-, previniendo problemas de salud y procurando igualdad en el trato y las oportunidades.

Educación pública

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en sectores, privado y público. Como suele ocurrir en la mayoría de los países, las escuelas privadas están principalmente en las grandes ciudades. Durante la presidencia de Rafael Correa, por ejemplo, se cuadriplicó el presupuesto para la educación pública tanto a nivel inicial como universitario. Actualmente, en Ecuador, hay una lucha porque el presidente ha tomado la decisión de recortar el presupuesto en 98.000.000 de dólares en 32 universidades públicas. 

Por otro lado, en 2020 hubo un hecho llamativo. Ecuador subvencionó hasta el 25% de la educación de la escuela privada de todos los padres que se quedaron sin trabajo. Y, al resto, que no podían pagar los enviaron a la educación pública.  En junio 2020 se dio inicio al ciclo escolar en la costa de Ecuador, y la matrícula en instituciones públicas aumentó en 120.000 estudiantes (6,5%).

 La educación pública en Argentina se  promulgó la Ley N°1.420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria en nuestro país. Es decir, hace más de 137 años. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de niños y niñas, para acceder al conjunto mínimo de conocimientos que estipula la propia ley. En el caso de la universidad, hay opciones privadas y públicas sin exigentes requisitos para acceder. Mientras que el financiamiento y el control, tanto en públicas como privadas, quedó en manos del Estado. 

Salud pública

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en sectores, privado y pública. Como en casi todos los países. La cobertura de la seguridad social es bastante baja mientras que la red asistencial pública muy limitada quedando aproximadamente sin cobertura un 30% de la población. Esto se vio muy claro durante la pandemia, ya que -por ejemplo- se repitieron imágenes de personas muertas en las calles producto del COVID-19, ya que no había lugar para la atención.  Por ejemplo, en Abril de 2020, hubo 150 personas que murieron en casas en Guayaquil, mientras que otros 50 habían muerto en la calle esperando atención. Incluso solo llegaron a tener -entre sector publico y privado- 1.082 camas de COVID-19.

El sistema de salud de Argentina está compuesto por el sector público, de seguridad social y privado. El primero, como bien se conoce, está integrado por los ministerios nacional y provincial junto a la red de hospitales y centros públicos que prestan atención gratuita a toda persona que lo demande: especialmente, a quienes no poseen seguridad social o capacidad de pago. El seguro social obligatorio se organiza en torno a las Obras Sociales que aseguran y prestan servicios a trabajadores, trabajadoras y sus familias.