Después de muchas idas y vueltas, a causa de la gran cantidad de contagios por COVID-19 y las dudas sobre la situación pandémica en todas las sedes que se mencionaron, se inició la Copa América 2021 en Brasil. Si bien el partido inaugural tuvo de protagonista a Brasil, quien triunfó vs. Venezuela en Brasilia, todos los ojos estuvieron puestos en el debut de la Selección Argentina durante la tarde del lunes. En el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, perteneciente a Botafogo, el equipo de Lionel Scaloni se midió ante Chile, que terminó en un empate 1-1.
Los análisis en relación a las diferentes listas de convocados, las figuras que integran a cada plantel, quién tiene mejor equipo y quién posee más chances de coronarse campeón son puntos a descomponer y examinar a lo largo de la competencia. Lo futbolístico es, posiblemente, el principal foco a tener en cuenta de cara al certamen continental pero también es importante visualizar otros datos, fuera del deporte, que caracterizan a la actualidad de cada país en materia de derechos.
Por esa razón, de cara a los partidos del seleccionado nacional, la idea es comparar cinco aspectos sociales entre la Argentina y sus rivales. En esta oportunidad, el elegido es el Chile liderado por el mandatario Sebastián Piñera.
Aborto
Interrupción del embarazo en Chile
En Chile, el aborto fue definido como delito en el Código Penal de 1874. Aunque es importante destacar que, tal como ocurrió en Argentina, se establecieron distintas excepciones con fines terapéuticos durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en 1931. Junto a esta "protección" oficial determinada por el Código Sanitario del país, también se inició una campaña de difusión de métodos anticonceptivos. Todo esto, por supuesto, dejó de tener vigencia y pasó a ser penalizado, como ocurre en cada golpe de estado, a lo largo de la dictadura militar de Augusto Pinochet desde 1989.
Al igual que en nuestro país, se buscaba "proteger la vida del que está por nacer" sin darle importancia a lo que estaba atravesando el cuerpo gestante. Ni siquiera había excepciones en casos de violación o incesto. A partir de la vuelta a la democracia, se presentaron muchos proyectos de ley que buscaban reestablecer el "aborto terapéutico" como en la década del '30. Las trabas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la influencia de la Iglesia Católica, no lo permitieron. El presidente actual, Sebastián Piñera, dejó en claro que vetaría el proyecto en caso de aprobarse en el Congreso y se mostró en contra, por "atentar contra la vida", en reiteradas ocasiones. Tanto es así que en 2013 se aprobó el "Día del que está por nacer y de la adopción".
El gran cambio llegó durante el 2017 cuando la presidenta de aquel momento, Michelle Bachelet, lanzó la iniciativa y logró la aprobación tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores. De esta forma, el aborto se despenalizó parcialmente en tres causales: para proteger la vida de la madre, ante casos de violación o defectos del feto. Más allá de esto, el debate se mantiene hasta la actualidad y la marea verde argentina ya cruzó la Cordillera. Tanto es así que, a principios del 2021, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja buscó discutir un proyecto que despenaliza al aborto hasta la semana 14 de gestación. No tuvo quórum.
Interrupción del embarazo en Argentina
Por su parte, en Argentina, tras una jornada histórica llevada a cabo el 30 de diciembre del 2020, se aprobó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el aborto es legal en todo el territorio nacional. ¿Qué establece la ley? El derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto y, al mismo tiempo, recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.
Además se permitirá realizar un aborto hasta la semana 14 inclusive y fuera de ese plazo, en caso de violación, de que corra peligro la vida y la salud integral de la persona gestante. Tienen el derecho a acceder a la IVE en un plazo de 10 días corridos tras su requerimiento; en menores de 13 años se debe contar con el conocimiento informado y asistencia de progenitores y además, la persona gestante debe consentir la intervención por escrito.
Matrimonio igualitario
Matrimonio igualitario en Chile
En materia de derechos para la comunidad LGBT+, las leyes también fallan en contra de chilenos y chilenas. La primera vez que se habló a favor del matrimonio entre dos personas del mismo sexo fue durante las elecciones de 2005 mientras que la primera iniciativa para legislarlo se presentó en el Congreso, durante marzo del 2008, por un diputado que no consiguió el respaldo suficiente para lograr su aprobación. Lo mismo ocurrió a fines de agosto del 2010 pero, nuevamente, la solicitud no prosperó. Frente a esto, cada año, en la Marcha por la Diversidad Sexual se exige la aprobación del matrimonio igualitario en el territorio.
Otra vez, como en el caso del aborto legal, la oposición y el peso de la Iglesia Católica inclinan la balanza. Durante el 2011, el presidente Sebastián Piñera envió un proyecto de "unión civil" (denominado "Acuerdo de Unión Civil") para "reconocer" a las parejas del mismo sexo dentro del derecho de familia. Aún así, siguió habiendo una separación con el matrimonio civil heterosexual. Nuevamente, a mediados de 2017, sería la mandataria Michelle Bachelet la encargada de enviar la Ley de Matrimonio Igualitario al Congreso. A principios de junio de este año, Piñera anunció la urgencia de llevar a cabo el proyecto presentado por Bachelet en su segundo gobierno. En pocas semanas debería haber una determinación aunque ciudadanos y ciudadanas hablan de que se trata de un movimiento político.
Matrimonio igualitario en Argentina
En Argentina, se aprobó la ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo durante julio del 2010 mientras Cristina Fernández de Kirchner era presidenta. A partir de la aprobación por parte de la Cámara Alta y Baja de la Nación, se convirtió en el primer país de Latinoamérica en reconocer tal derecho a lo largo y ancho del territorio. A su vez, cabe destacar, fue el segundo país de América y el décimo a nivel mundial. En su momento se aprobó como "unión civil" pero el debate y la lucha se mantuvo a lo largo de los años, buscando igualdad de derechos. Finalmente se dispuso la modificación de algunos artículos del Código Civil entre los que figuran la definición de matrimonio entre "contrayentes" -no hombre y mujer- y la adopción entre cónyuges.
Educación Sexual Integral (ESI)
ESI en Chile
La educación sexual en Chile se encuentra vigente en la Ley N°20.418, donde se fijan distintas normas sobre información y orientación promulgadas durante el 2010. A principios del 2020, luego de debatir durante varios años las fallas en relación al tópico, se buscó llevar adelante la aprobación del proyecto de ley y posterior implementación de una Educación Sexual Integral (ESI) en todo el país. Según Amnistía Internacional, Chile tiene la mayor tasa de aumento de personas contagiadas por VIH en Latinoamérica y el 55% de la población juvenil indicó que la información sobre sexualidad es baja o nula.
No quedan dudas que la ESI es una medida urgente para proteger a los jóvenes de la violencia de género, el abuso sexual, el embarazo adolescente y la transmisión de VIH, entre tantas otras cosas. Si bien el proyecto era clave para establecer reglamentaciones en materia de sexualidad y género, no prosperó en la Cámara de Diputados. De esta manera, el cambio cultural a favor del respeto a todas las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, lamentablemente, deberá esperar. Otra vez, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica ponen trabas en la conquista de espacios.
ESI en Argentina
En Argentina, la Ley 26.150 que asegura la ESI se sancionó en octubre del 2006 y se promulgó pocos días después. A partir de ella se establece que "todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad y municipal". Allí se indica, además, que se incorpora la ESI dentro de las diferentes propuestas educativas, se busca asegurar la transmisión de conocimientos precisos y confiables, promover actitudes responsables, prevenir problemas de salud y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Debe estar garantizada obligatoriamente por las diferentes jurisdicciones, algo que puede fallar en algunas provincias.
Educación pública
El sistema educativo en Chile
El sistema educativo chileno sufrió distintas reformas durante la década del '80, especialmente con la Dictadura Militar, donde se crearon universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica privados. Lógicamente, estos trajeron como consecuencia una amplia segmentación social. Y en el medio, se desestatizó la educación pública produciendo una descentralización -su administración pasa a depender de cada municipio- y también se agregaron diversas complejidades a su acceso.
Con la llegada de la democracia buscaron igualar las cosas y mejorar la calidad educativa con grandes inversiones y fuertes cambios a las políticas pasadas. Se realizaron pautas para todos los niveles desde pre-escolares hasta la educación superior. Más allá de lo público de la escuela, especialmente para los y las estudiantes más vulnerables; es importante destacar que la educación universitaria mantiene sus trabas con requisitos exigentes y selecciones por el puntaje de cada postulante. En el medio se aprobaron normativas como la Ley General de Educación (2009), la de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la de calidad y equidad (2011), como respuesta a las grandes movilizaciones de estudiantes.
En 2017, el Congreso promulgó la Ley para crear el Sistema de Educación Pública -que requiere de perfecciones que deben ser tratadas urgentemente-. Allí se define poner fin a la administración de los diferentes municipios y devolverle la regulación a la entidad estatal. A partir de ella se crean Servicios Locales de Educación Pública (SLE) y diferentes comités para regir la calidad de la educación, cobertura y garantía de acceso y desarrollo de oportunidades e igualdad, entre otros. Por supuesto, a causa de la pandemia y diversos factores -técnicos y económicos-, el proceso de desmunicipalización no se llevó a cabo al 100%. En el medio, se argumenta que "no hay recursos" para su implementación aunque la gente, en las calles, dice lo contrario (+80% según la opinión pública).
El sistema educativo en Argentina
En este caso, otra vez, Argentina vuelve a destacarse. No solo por encima de Chile, sino también en comparación al resto de los países de Latinoamérica. Fue en julio de 1884 (sí, hace 137 años) cuando se promulgó la Ley N°1.420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria en nuestro país. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de niños y niñas, para acceder al conjunto mínimo de conocimientos que estipula la propia ley. Por supuesto, desde su promulgación, hubo diversos problemas especialmente relacionados con los contenidos religiosos y el papel de la Iglesia en la sociedad. Finalmente, este punto quedó en calidad de "optativo". En el caso de la universidad, hay opciones privadas y públicas sin exigentes requisitos para acceder. Mientras que el financiamiento y el control, tanto en públicas como privadas, quedó en manos del Estado.
Salud pública
El sistema de salud en Chile
La Superintendencia de Salud de Chile es el órgano que está encargado del cuidado de la salud y de las dos entidades aseguradoras: el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE). El primero es estatal y brinda cobertura a trabajadores dependientes e independientes junto a sus familias que elijen destinar el 7% de sus ingresos a dicho fondo, a quienes no perciban un subsidio único familiar, a adultos mayores pensionados y a personas con pensión de invalidez, entre otros. Por su parte, ISAPRE es de suscripción privada y está sujeto a determinadas normas.
FONASA clasifica a su población en cuatro categorías y a partir de ellas determinan si la persona debe pagar o no cuando se le brinda atención médica. Por lo que, a pesar de ser estatal, debe abonarse igualmente un arancel. En el grupo "A" están aquellas personas carentes de recursos y son atendidos de manera gratuita en hospitales y consultorios públicos y el "B" se compone de personas con un ingreso menor o igual a $276.000, siendo beneficiarias de Pensiones Básicas Solidarias, por lo que también se atienden de forma gratuita. Es en los últimos dos grupos donde esto se modifica: el "C", con ingresos mayores a $276.001 y menores o iguales a $402.960, paga un 10% de arancel y el último, el "D", con un ingreso mayor al anterior, abona un 20% más en la atención. Solo los últimos tres pueden atenderse en establecimientos privados.
Cabe destacar que si bien el sistema no tiene restricciones para distintas patologías, sí existe un límite de 30 consultas médicas anuales. Por otro lado, las urgencias médicas deben ser resueltas sí o sí en un establecimiento público. Mientras que, por otro lado, en relación a la atención de patologías graves se dificulta su atención. Si bien FONASA ofrece un seguro que cubre algunas enfermedades específicas, con una bonificación del 100%, solo estará avalado en los establecimientos médicos que FONASA determine.
El sistema de salud en Argentina
Por su parte, el sistema de salud de Argentina está compuesto por el sector público, de seguridad social y privado. El primero, como bien se conoce, está integrado por los ministerios nacional y provincial junto a la red de hospitales y centros públicos que prestan atención gratuita a toda persona que lo demande: especialmente, a quienes no poseen seguridad social o capacidad de pago.
El seguro social obligatorio se organiza en torno a las Obras Sociales que aseguran y prestan servicios a trabajadores, trabajadoras y sus familias; estas operan a través de contratos con prestadores privados y se financian con las contribuciones de trabajadores y patronales. Mientras que, por último, el sector privado está compuesto por profesionales de la salud y establecimientos que atienden a demandantes individuales, beneficiarios de Obras Sociales y seguros privados.
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