Argentina y Brasil se enfrentan en un nuevo clásico del continente, en busca del título en la final de la Copa América 2021. Más allá de los cientos de análisis futbolísticos, el presente de cada equipo y las figuras que se destacaron a lo largo de la competencia, hay otros detalles que se pueden tener en cuenta. Como ocurrió en la previa del duelo vs. Chile, frente a Uruguay, contra Bolivia y también ante Colombia, la idea de El Destape es recorrer y visibilizar, más allá de las jugadas y lo que ocurra durante los 90 minutos que dure el encuentro, los diferentes datos que atraviesan la realidad y actualidad de cada país en materia de derechos humanos.
Aborto
Repasamos los casos de Chile, Uruguay, Bolivia y Colombia hace varias semanas y observamos cómo, a medias, la práctica de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue despenalizada en ciertos casos. De las mencionadas previamente, Brasil es el país con una legislación mucho más restrictiva en cuando a la libertad de decidir sobre el propio cuerpo de la mujer o persona gestante. Según se conoce, por el Código Penal de 1940, es completamente ilegal salvo cuando se busca proteger la vida de la madre o persona gestante -no la salud física y mental-, en casos de violación y si hay deformación del feto, solo en casos de anencefalia.
Las penas determinadas por el Código Penal de Brasil y las máxima autoridades del país si una mujer realiza un aborto inducido -fuera de los ejemplos mencionados y despenalizados- son de cárcel entre uno (1) y tres (3) años. Si causa un daño mayor en la mujer o persona gestante, la pena es mayor. Por supuesto, si ella fallece en la intervención, quien realiza la IVE merece una pena del doble de años en prisión. Más allá de esto, como en cada país donde está prohibido, el aborto se practica en la clandestinidad
En Argentina, como bien se conoce y recordamos en cada ocasión, desde el 30 de diciembre del 2020, en una jornada histórica, el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue aprobado en todo el territorio nacional. Es una práctica que se puede acceder de forma libre y gratuita, hasta la semana 14 de gestión inclusive. A pesar de esto, distintos jueces intentan poner trabas y no permitir cumplir un derecho básico. Tal es la diferencia que, a principios de este año, se observó la llegada de mujeres brasileñas para abortar en nuestro país.
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Matrimonio Igualitario
A diferencia de lo que ocurre en otros casos como Chile, tanto Brasil como Argentina permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el territorio. En el caso de Brasil, este fue legalizado por el Poder Judicial el 14 de mayo del 2013 aunque cabe destacar que previamente varias parejas del mismo sexo consiguieron casarse por decisiones judiciales específicas. Años atrás, en 2011, el Supremo Tribunal Federal determinó que "constituyen familia" y debían "ser reconocidas como uniones estables en la Constitución Federal". De todas formas, Bolsonaro tuvo actitudes y declaraciones atravesadas por la homofobia.
Por otro lado, en Argentina se aprobó la ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo durante julio del 2010. A partir de la aprobación por parte de la Cámara Alta y Baja de la Nación, se convirtió en el primer país de Latinoamérica en reconocer tal derecho a lo largo y ancho del territorio. A su vez, cabe destacar, fue el segundo país de América y el décimo a nivel mundial. En su momento se aprobó como "unión civil" pero el debate y la lucha se mantuvo a lo largo de los años, buscando igualdad de derechos. Finalmente se dispuso la modificación de algunos artículos del Código Civil entre los que figuran la definición de matrimonio entre "contrayentes" -no hombre y mujer- y la adopción entre cónyuges.
Educación Sexual Integral (ESI)
Es importante destacar que Brasil no tiene ninguna ley que regule la Educación Sexual en el territorio como ocurre en Ecuador, Colombia, Uruguay y por supuesto, Argentina o leyes generales como Chile, Perú, Venezuela y Bolivia. En este caso, se implementan diferentes programas de educación sexual centradas principalmente a luchar contra la homofobia -que luego es desarrollada por el propio mandatario-. Algunos contenidos y aspectos son enseñados en materias relacionadas con la biología y el sistema reproductor pero las fallas son claras.
Asimismo, por su federalismo tan característico, cada estado remarca en mayor o menor medida los programas o las prohibiciones, muchas de ellas relacionadas específicamente con la negativa a todo contenido que tenga que ver con cuestiones de género. Sobre esto es clave destacar que a partir del 2017 se intensificaron las medidas más conservadoras. Cabe destacar que el 2018, el presidente Bolsonaro había expresado su "deseo" de que en las escuelas esté prohibido hablar sobre aborto, embarazo adolescente, SIDA y otros temas sexuales que componen a la ESI.
Por su parte, en Argentina, se sancionó en octubre del 2006, la Ley 26.150 que asegura la Educación Sexual Integral (ESI) en todo el territorio nacional. Con ella se busca que todos los educandos lleven adelante su derecho en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y también privada en todas las jurisdicciones. Además se indica que dicha ESI debe atravesar las distintas propuestas educativas y debe estar garantizada obligatoriamente -algo que a veces falla-, previniendo problemas de salud y procurando igualdad en el trato y las oportunidades.
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Educación pública
La escolarización en Brasil tiene, como en la mayoría de los países, una pata pública y una privada. Los datos marcan que solo un 19% de las familias pueden pagar la privada y esto queda a que el resto vaya la escuela financiada por el Estado. En un repaso que se hizo en tiempos de pandemia, se estableció que más del 40% de los colegios carecen de saneamiento básico, según reveló AFP. En este sentido, la escolarización en Brasil es obligatoria para niños de entre 6-14 años. Allí están obligados a estudiar una segunda lengua como puede ser inglés o francés.
No obstante, se especula que hay más de 3 millones de niños y niñas de entre 4 a 17 años están fuera del sistema educativo. Actualmente, Brasil tiene una tasa de analfabetismo que llega al 7%. Por otro lado, después de pasar esa etapa obligatoria, hay tres cursos no obligatorios para adolescentes de 14 a 17 años donde se los prepara para la universidad. A principio de año, en este sentido, Jair Bolsonaro promulgó, por otro lado, un fuerte ajuste a nivel educativo. El ministerio de Educación concentró el 30% de todo el ajuste estatal. No fue el primer ajuste que realizó Bolsonaro sobre la educación, a mediados de 2019, el presidente también hizo un recorte sobre la educación universitaria del mismo porcentaje que despertó masivas marchas en su contra.
La educación pública en Argentina se promulgó la Ley N°1.420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria en nuestro país. Es decir, hace más de 137 años. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de niños y niñas, para acceder al conjunto mínimo de conocimientos que estipula la propia ley. Es obligatoria hasta los 18 años de edad, es decir, al término de la escuela secundaria. En el caso de la universidad, hay opciones privadas y públicas sin exigentes requisitos para acceder. Mientras que el financiamiento y el control, tanto en públicas como privadas, quedó en manos del Estado.
Salud Pública
El Sistema Único de Salud (SUS) da cobertura a 75% de la población. También hay un sector privado que cubre a gran parte del resto de los habitantes de Brasil. El SUS presta servicios de manera descentralizada a través de sus redes de clínicas, hospitales y otro tipo de instalaciones. Fue creado en 1988 por la constitución democrática brasileña y allí se determina que es el Estado el que tiene que garantizar la salud a toda la población. A diferencia de la Argentina, no existen las obras sociales médicas de sindicatos. Durante el primer año de la pandemia, el mandatario Jair Bolsonaro firmó un decreto -que duró menos de 24 horas- en el que privatizaba el SUS y las primeras atenciones médicas. Este abría paso para que dicho sistema sea incluido dentro del Programa de Proyectos de Inversiones (PPI). Otro detalle llamativo es que, por ejemplo, Eduardo Pazuello, uno de los militares que el presidente de Brasil puso al frente del Ministerio de Salud durante la crisis más grave del COVID-19 en ese país, reconoció que “nunca había escuchado hablar” del SUS. Durante toda su presidencia, al igual que en educación, el mandatario brasileño hizo un fuerte recorte -de más del 20%- a la salud pública.
Por su parte, el sistema de salud de Argentina está compuesto por el sector público, de seguridad social y privado. El primero, como bien se conoce, está integrado por los ministerios nacional y provincial junto a la red de hospitales y centros públicos que prestan atención gratuita a toda persona que lo demande: especialmente, a quienes no poseen seguridad social o capacidad de pago. El seguro social obligatorio se organiza en torno a las Obras Sociales que aseguran y prestan servicios a trabajadores, trabajadoras y sus familias; estas operan a través de contratos con prestadores privados y se financian con las contribuciones de trabajadores y patronales. Mientras que, por último, el sector privado está compuesto por profesionales de la salud y establecimientos que atienden a demandantes individuales, beneficiarios de Obras Sociales y seguros privados.
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