Cristina Kirchner presentó un proyecto de ley para anular la parte del acuerdo con el FMI que puede costarle millones al Estado por un juicio de una AFJP.
La senadora nacional de Unidad Ciudadana pone así en jaque el pacto del Gobierno con el ente internacional.
Cristina solicitó que se anule del Memorándum de Entendimiento Técnico con el FMI la definición de "incautación", referida a la recuperación y nacionalización de los fondos de jubilaciones y pensiones, cuya administración estaba en manos privadas, y no eran de propiedad de las empresas administradoras.
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En un proyecto de ley presentado hoy, la ex Presidenta advirtió que la expresión "incautados en 2008", que el gobierno de Mauricio Macri incluyó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para definir a los fondos de jubilaciones y pensiones que administraban las AFJP "es una afirmación falsa" y "merece ser suprimida de manera urgente ante las posibles consecuencias gravosas que la misma puede acarrear para nuestro país".
"Aun teniendo en cuenta que el acuerdo celebrado entre el Poder Ejecutivo Nacional y el FMI debe ser debatido en el ámbito del Congreso de la Nación, de conformidad con lo prescripto en el artículo 75 de la Constitución, la "gravedad de la situación" hace necesario y urgente el tratamiento de este proyecto de ley. Según la Real Academia Española, el término “incautar” tiene dos acepciones: "privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o infracción administrativa", y el más directo "apoderarse ilegítimamente de algo"", afirma un comunicado de su bloque.
En este sentido, el proyecto firmado por Cristina explica que "la Ley N° 26.425, al unificar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público (SIPA), resolvió la recuperación y nacionalización de los fondos de jubilaciones y pensiones cuya administración estaba en manos privadas, y no eran de propiedad de las empresas administradoras.
"La situación no merece mayor análisis", considera, y afirma que "sostener ahora, que esa medida adoptada por este Congreso Nacional, pudo haber sido una 'incautación' de bienes propios de las AFJP, decretada por el Estado Argentino, podría habilitar una enorme cantidad de litigios y reclamos ilegítimos, que recaerán nuevamente sobre las espaldas de todo el pueblo argentino".
En este sentido, agrega como ejemplo la demanda que existe contra nuestro país en CIADI por parte de la empresa estadounidense Metlife, que sostiene precisamente el térmnino que los funcionarios incorporaron en la carta de intención cuestionada.
Y concluye afirmando que "si a ello le sumamos que el actual titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (FGS), Juan Martín Monge, haya sido el CEO de la empresa demandante (Metlife) hasta diciembre de 2016 la necesidad de la sanción de la presente se convierte en un ejercicio de responsabilidad institucional, sin perjuicio de las acciones penales y de responsabilidad civil que pudieran corresponder".
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