Violencia de género: acusan a un preso de enviar un juguete sexual desde la cárcel

Consideran que se trató de un nuevo acto intimidatorio. El preso tenía el domicilio de la fiscal del caso.

21 de julio, 2020 | 14.33

Un hombre llamado Benjamín Ricardini, que cumple una condena de 7 años de prisión por hostigar a su ex pareja, quedó imputado en una nueva causa por amenazas agravadas: luego de que una fiscal allanara su celda del penal de San Martín, se lo acusó de haber enviado a la casa de su víctima, en San Isidro, un paquete sospechoso que inicialmente se pensó que podía ser un explosivo y que en realidad contenía un juguete sexual.

La causa se inició el 22 de junio cuando la ex mujer de Ricardini denunció que recibió en su celular un mensaje de texto de un número desconocido que decía: "Te va a llegar un paquete". Ella no quiso recibirlo y el paquete quedó en la puerta del domicilio. La mujer pensó que podía ser una bomba, ya que uno de los hechos por los que Ricardini fue condenado a 7 años de prisión fue por haberle arrojado a la abogada de su ex una bomba molotov en la puerta de su casa de San Isidro.

"No era un explosivo. Lo que le habían enviado era un consolador, todo un mensaje en el contexto de violencia de género y hostigamiento padecido por la víctima", indicó a Télam una fuente judicial.

La fiscal a cargo del caso, Laura Zyseskind, consideró que el envío del paquete fue un nuevo acto intimidatorio y lo dejó aprehendido en una nueva causa caratulada como "amenazas agravadas por ser anónimas en concurso real con desobediencia", ya que una de las condiciones de su última condena era que no podía contactar a la víctima de ninguna manera.

El allanamiento fue realizado en la celda 5 del pabellón 6 de la Unidad 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicada en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín, donde Ricardini cumple su tercera condena. En el operativo, los investigadores le secuestraron a Ricardini el teléfono móvil marca Samsung que tenía registrado en el SPB como autorizado, luego de la acordada judicial que habilitó a los presos con visitas suspendidas por la pandemia del coronavirus, a tener un celular para poder contactar a sus familiares. Pero también tenía en forma clandestina dos chips, un Apple Watch, tres pendrives y una lectora de discos compactos.

Lo que más inquietó a los investigadores es que le encontraron un cuaderno con varias anotaciones, entre ellas, los datos personales del domicilio y el número del celular particular de la  fiscal Laura Zyseskind y de una auxiliar letrada del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro, que fue el que lo condenó el año pasado.

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