Los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) están investigando presuntos ciberataques rusos contra infraestructuras civiles ucranianas como posibles crímenes de guerra, dijeron a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con el caso.
Se trata de la primera confirmación de que los ataques en el ciberespacio están siendo investigados por fiscales internacionales, lo que podría dar lugar a órdenes de detención si se reúnen pruebas suficientes.
La investigación está examinando los ataques a infraestructuras que pusieron en peligro vidas humanas al interrumpir el suministro eléctrico y de agua, cortar las conexiones con los equipos de respuesta a emergencias o bajar los servicios de datos móviles que transmiten avisos de ataques aéreos, según un funcionario.
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Los fiscales de la CPI están trabajando junto a equipos ucranianos para investigar "los ciberataques cometidos desde el comienzo de la invasión a gran escala" en febrero de 2022, dijo el funcionario, que declinó ser nombrado porque la investigación no ha terminado.
Otras dos fuentes cercanas a la fiscalía de la CPI confirmaron que estaban investigando los ciberataques en Ucrania y dijeron que podrían remontarse hasta 2015, el año después de la toma y anexión unilateral de la península de Crimea de Ucrania por parte de Rusia.
Moscú ha negado previamente que lleve a cabo ciberataques, y los funcionarios han tachado tales acusaciones de intentos de incitar el sentimiento antirruso.
Ucrania está recopilando pruebas para apoyar la investigación del fiscal de la CPI.
La fiscalía de la CPI no quiso hacer comentarios el viernes, pero ya ha declarado antes que tiene jurisdicción para investigar ciberdelitos. También ha dicho que no puede comentar asuntos relacionados con investigaciones en curso.
¿PUEDE UN CIBERATAQUE SER UN CRIMEN DE GUERRA?
Los ciberataques dirigidos contra los sistemas de control industrial, la tecnología que sustenta gran parte de la infraestructura industrial mundial, son poco frecuentes, pero Rusia forma parte de un reducido club de naciones que poseen los medios para hacerlo, señalaron los investigadores en ciberseguridad.
El caso de la CPI, que podría sentar un precedente para el derecho internacional, está siendo seguido muy de cerca.
El cuerpo de derecho internacional que cubre los conflictos armados, consagrado en las Convenciones de Ginebra, prohíbe los ataques contra objetivos civiles, pero no existe una definición universalmente aceptada de lo que constituye un crimen de guerra cibernética.
Los juristas redactaron en 2017 un manual llamado Manual de Tallin sobre la aplicación del derecho internacional a la ciberguerra y las operaciones cibernéticas.
Pero los expertos entrevistados por Reuters dicen que no está claro si los datos en sí mismos pueden considerarse el "objeto" de un ataque prohibido por el derecho internacional humanitario, y si su destrucción, que podría ser devastadora para los civiles, puede ser un crimen de guerra.
"Si el tribunal se hace cargo de esta cuestión, nos aportaría una gran claridad", afirmó el profesor Michael Schmitt, de la Universidad de Reading, que dirige el proceso del Manual de Tallin.
Schmitt cree que el ataque informático a Kyivstar, propiedad de la empresa neerlandesa Veon, cumple los criterios para ser definido como crimen de guerra.
"Siempre te fijas en las consecuencias previsibles de tu operación. Y ésta era una consecuencia previsible que ponía en peligro a seres humanos".
La agencia de inteligencia ucraniana declaró que había facilitado detalles del incidente a los investigadores de la CPI en La Haya. Kyivstar dijo que estaba analizando el ataque en colaboración con proveedores internacionales y el SBU, la agencia de inteligencia ucraniana.
Con información de Reuters
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