En la crisis de 1890 la banca londinense -fuertemente golpeada por el default argentino- comenzó a presionar por la entrega de las tierras de la pampa húmeda, hipotecadas en distintas entidades financieras. Carlos Pellegrini maniobró entonces apoyos estadounidenses y fundó el Banco de la Nación, que concentró todas las hipotecas vencidas. Se había salvado la burguesía autóctona durante varias décadas.
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La segunda ofensiva extranjerizante de los activos argentinos vino de la mano del capital industrial norteamericano y europeo. Fue la etapa "desarrollista" inaugurada tras el derrocamiento de Perón en 1955, en la que numerosas empresas trasnacionales de alimentos, laboratorios, químicas, automotrices y bancos llegaron al país comprando establecimientos locales a fin de apropiarse del dinámico mercado interno legado por el primer peronismo. La puja entre el capital nacional y el capital extranjero surcaría las tres décadas posteriores, asumiendo las formas globalizadas de grupos empresarios diversificados después de la violenta reestructuración anti-industrial de la dictadura cívico-militar.
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La Argentina enfrenta un nuevo ataque extranjerizante de activos y mercados locales.
El tercer ataque desnacionalizador llegaría con el Consenso de Washington a principios de los 90’, pero esta vez el objetivo lo constituirían las empresas públicas poseedoras de la energía, el transporte, las comunicaciones y la inversión en infraestructura en su conjunto. Los grupos económicos nacionales fueron derrotados al fracasar el Plan Bunge & Born de 1989 al inicio del gobierno de Menem y cedieron frente a la ola compradora de activos estatales y también privados, llevada a cabo por empresas europeas -predominantemente españolas- que buscaban escala en la región frente al cambio de reglas que implicaba la entrada en vigencia de los tratados de la Unión Europea.
Después de la crisis de la Convertibilidad, la extranjerización de activos nacionales se estabilizó más por la recuperación estatal de empresas privatizadas que por una vocación nacionalista de la burguesía local.
Esta pincelada histórica alcanza para evidenciar que la Argentina enfrenta un nuevo ataque extranjerizante de activos y mercados locales. Pero a diferencia de las anteriores -que derivaban de una presión del exterior- la presente es promovida por el propio gobierno de Cambiemos como eje de sus alianzas de sustentabilidad política. Se reclama la intervención extranjera y se promueven concesiones a sus intereses como único medio de conducir al país en esta coyuntura. La debilidad externa en la que Cambiemos ha colocado a la economía argentina en el actual escenario internacional es una muestra del recorrido en curso.
Desde el comienzo de la exteriorización de la crisis externa en abril el Índice del Mercado de Valores (MerVal) se redujo un 15 %, en tanto que el tipo de cambio de referencia del Banco Central subió un 48 %. Este abrupto movimiento inverso de caída del promedio de los valores bursátiles y devaluación del peso, deprecia a los activos argentinos en un standard del 70 %. Y el deterioro promete proseguir.
En esa misma línea, la baja del precio de los "commodities" exportables aumenta el tamaño de la unidad de explotación agropecuaria rentable. A la vez, la dolarización de las tarifas de energía rompe la ecuación de costos de cualquier empresa industrial. ¿Qué agente económico cuenta con los recursos y el respaldo político para afrontar un proceso de inversión en el presente? Sin duda, las condiciones macroeconómicas internas que impuso el gobierno de Cambiemos aunadas al escenario global, fuerzan una caída de valor de los activos y mercados argentinos, invitando a apropiarse de ellos a precios de remate.
El desfile compungido por tribunales de los otrora poderosos "capitanes de industria" que emergieron triunfantes de la restructuración impuesta por la dictadura cívico-militar es un reflejo del horizonte hacia donde se dirige el Gobierno.
Mientras el Presidente del Banco Central, Luis Caputo, acelera la desmonetización de la economía argentina tomando prestado de donde puede. Los pesos totales hoy representan apenas el 24,8 % del PBI, por debajo del promedio del 31 % que siempre supo haber.