Los propietarios de los autos y motos que circulan en la ciudad de Buenos Aires deberán realizar la primera Verificación Técnica Vehicular (VTV) a los vehículos a los cuatro años de su adquisición y tendrán que volver a efectuar el control cada dos años, según una ley sancionada sete jueves en la Legislatura porteña que amplió los plazos vigentes para este trámite de seguridad vial.
La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos afirmativos y 20 abstenciones -del bloque del Frente de Todos y representantes de izquierda-, no obstante algunos artículos del proyecto fueron objetados por los bloques de la oposición que decidieron no prestar acompañamiento durante la sesión ordinaria. Los bloques que dieron el visto bueno la norma fueron Vamos Juntos (VJ), Unión Cívica Radial (UCR), La Libertad Avanza, Republicanos Unidos (RU) y el Partido Socialista.
Según informaron fuentes parlamentarias, la propuesta elaborada por el diputado de Republicanos Unidos Roberto García Moritán contó con un dictamen favorable de la Comisión de Tránsito y Transporte, cuya redacción fue modificada en las horas previas al debate en el recinto.
Además, se amplió de un año a dos la vigencia de los certificados de la VTV para motos y autos de hasta ocho años de antigüedad, "salvo que alcancen los 80.000 kilómetros de recorrido, con 4.000 de margen". Desde febrero, la tramitación de la VTV en la ciudad de Buenos Aires cuesta $7.242 para autos; pero desde mayo aumentará a $9.296, de acuerdo con el anuncio efectuado por la gestión local, en la cual se fijó una suba de 130% en dos tramos durante 2023.
La nueva normativa estableció que la VTV sea gratuita para jubilados y pensionados mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos y para las personas con discapacidad. "En cuanto a las personas con discapacidad, el beneficio incluye a padres o tutores, los descendientes, cónyuge y la pareja conviviente de persona con discapacidad, esta última con la acreditación de dos años de convivencia con la persona discapacitada. En todos los casos el vehículo debe estar destinado al uso de la persona con discapacidad", detalla el texto.
Por último, la redacción contempla que, a futuro, la gestión porteña "tienda a una mayor cobertura espacial y buscar lugares para sumar sedes verificadoras"; mientras que autoriza a cambiar los contratos vigentes que sean impactados por las bonificaciones aprobadas.
El legislador del Frente de Todos Juan Modarelli criticó los cambios que se realizaron al proyecto original debatido y despachado en la Comisión de Tránsito y Transporte y explicó la abstención: "Ni siquiera terminamos de entender la letra grande" del texto, se quejó.
"Para nosotros era central que se ampliará la oferta de verificadores. Aprobada la ley se logra un buen modelo, más abierto; donde los privados que cumplan con las condiciones necesarias pueden sumarse", explicó García Moritán.
Con información de Télam.