La pandemia del coronavirus dejó en evidencia la importancia del acceso a una vivienda digna en el país y el preocupante déficit habitacional que aqueja a distintas jurisdicciones. En total hay nueve millones de inquilinos en toda la Argentina y la porción que corresponde a la provincia de Buenos Aires es la segunda más importante, casi cabeza a cabeza con la Capital Federal, por lo que las dificultades para alquilar implican un grave problema. Ante ese panorama, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, le pidió al Colegio de Escribanos de la Provincia que establezca aranceles u honorarios diferenciados a la hora de certificar las firmas de los contratos para beneficiar a las personas más vulnerables económicamente y ayudarlas en estos tiempos difíciles.
“Son evidentes, sobre todo en un contexto de pandemia, las dificultades que enfrentan estas personas por no contar con los recursos económicos suficientes para acceder al alquiler de una vivienda digna, lo que implica que enfrenten gatos de acceso demasiado altos para sus ingresos mensuales”, expresó Lorenzino. Es por eso que en su pedido al Colegio de Escribanos provincial, el Defensor del Pueblo recomendó que tome todas las medidas posibles que apunten a reducir los costos en la certificación de las firmas por parte de los notarios en los contratos de locación de inmuebles con fines de vivienda única y permanente para este sector vulnerable.
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“A la hora de alquilar, las familias tienen que hacer frente a muchos gastos que tienen que ver con los honorarios, depósitos, impuestos, entre otros, que se suman a lo que de por sí tienen que gastar por alimentación, educación, servicios, etcétera. Es por eso que hay que generar mecanismos para que quienes más lo necesitan puedan tener una vida digna”, explicó el Defensor.
En el proyecto elevado, al que accedió El Destape, se hizo un minucioso análisis de cuánto dinero es necesario para no ser pobre, la dificultad de lograr ese ingreso con un salario mínimo, vital y móvil y los costos que demanda el ingreso a una vivienda. Un combo que termina dando negativo. Según datos oficiales del segundo semestre de 2019, el 12,6% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires son inquilinos. Más de un millón ochocientas mil personas.
Según el texto, el área de Inquilinos de la Defensoría encontró varios problemas y que hay sectores que "se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por no contar con recursos económicos suficientes para acceder al alquiler de una vivienda digna, resultando los gastos de acceso demasiado onerosos para sus ingresos mensuales".
Para mostrar la gravedad del problema en números explicaron que, según el INDEC, un adulto promedio necesita $14.408 mensuales para cubrir la canasta básica total y no ser pobre. Si se trata de un hogar compuesto por dos padres y un hijo adolescente, se necesitarían $35.444 mensuales; mientras que uno que cuenta con cuatro integrantes (compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) necesitaría un ingreso de alrededor de $44.521 mensuales para no caer por debajo la Línea de Pobreza.
Eso entra en crisis si se tiene en cuenta a la "población que percibe el salario mínimo vital y móvil, que actualmente se encuentra en la suma de $ 20.588, por lo que una familia con dos salarios mínimos vitales y móviles alcanzan un ingreso de $41.176, es decir por debajo de la línea de la pobreza en muchos casos".
Por eso, explicaron en el proyecto, resultan "evidentes las dificultades que implica acceder al alquiler de una vivienda digna y al mismo tiempo solventar aquellos gastos que aseguren la alimentación, educación, vestuario, transporte, y servicios de la familia a fin de tener una vida digna". Algo más dificultoso aún para quienes sólo perciben un beneficio social por parte del Estado.
Teniendo en cuenta ese marco, resaltaron que para acceder a un alquiler hay que pagar muchos conceptos tales como honorarios profesionales del martillero interviniente, deposito en garantía, alquiler del primer mes por adelantado, impuesto de sellos, de corresponder, así como gastos administrativos que se encuentran fundamentalmente compuestos por informes de garantías ante al Registro de la Propiedad Inmueble y certificaciones de firma por ante escribano público.
Para "brindar herramientas complementarias a las ya existentes, que faciliten el acceso a la vivienda de estos grupos vulnerables, resulta propicio requerir la toma de medidas por parte del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, tendientes a reducir los costos en la certificación de las firmas por parte de los notarios, en aquellos contratos de locación de inmuebles con fines de vivienda única y permanente".
Esas medidas giran en torno a una recomendación concisa: que el Presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires arbitre los medios necesarios para establecer aranceles u honorarios diferenciados y accesibles al momento de certificar las firmas de los contratos de locación de inmuebles con fines de vivienda, única y permanente, cuando los requirentes sean locadores pertenecientes a grupos socio económicos vulnerables.
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