El próximo 31 de enero vencerá la ampliación del decreto de necesidad y urgencia que congeló alquileres, suspendió desalojos y prorrogó contratos en contexto de emergencia por la pandemia del coronavirus. Si bien el contexto es diferente respecto a cantidad de actividades habilitadas y cierta reactivación del empleo - que estuvo frenado en los primeros meses del año pasado -, el panorama sanitario es el mismo de agosto 2020, con altos números de contagios y de muertes. Desde Casa Rosada y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat aún no hay precisiones sobre la posible extensión de una medida que impactará en nueve millones de inquilinos.
Según dijeron fuentes del Gobierno, el tema no está en la agenda de la semana que viene, al menos por ahora, y todavía hay tiempo para analizar la decisión. Si bien dos semanas es mucho tiempo en la experiencia 2020-2021, es poco para conseguir una nueva vivienda en caso de un contrato vencido o de un desalojo. A principios de año, la Federación de Inquilinos Nacional envió una carta al presidente Alberto Fernández pero aún no tuvieron respuesta de él ni del ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, según explicaron a El Destape.
El 29 de marzo se dictó el DNU original para brindar estabilidad a las familias de la Argentina durante la pandemia. El mismo fue extendido en iguales condiciones el 25 de septiembre del año pasado con fecha de vencimiento del 31 de enero de 2021 y, si no se vuelve a prorrogar, las organizaciones de inquilinos alertan por una ola de desalojos.
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“No son tiempos para dudar ni demorar definiciones tan importantes que afectan a 9 millones de personas. Cuando se extendió el decreto en septiembre, lo anunciaron 48 horas antes. El ministro Ferraresi esta vez se comprometió a dar una respuesta antes de las fiestas, algo que no sucedió, y ya sólo faltan 25 días para que cientos de miles de familias sean desalojadas. Exigimos entonces, que comuniquen una decisión. Gobernar es tomar decisiones. La incertidumbre que significa no saber dónde vamos a vivir mañana, debe ser resuelta", dijo Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional el 4 de enero, cuando envió una carta a Fernández.
En la misiva, las organizaciones explicaron que "no hay dudas de que en el 2021 el Estado tiene que continuar con su voluntad de proteger a todos los que alquilamos viviendas, hoteles y pensiones. Es urgente que el 25% de los hogares que viven bajo techo rentado, reciban el año que comienza con la esperanza y la seguridad de no ser desalojados o hacinados en viviendas familiares".
Por eso, detallaron que "la importancia de anunciar esta medida con prontitud está directamente relacionada con la angustia que padecen quienes no saben qué pasará con sus viviendas cuando, dentro de un mes, venza la vigencia de dicho DNU" y pidieron "la elaboración de un plan de desendeudamiento para los y las inquilinas que no pudieron hacer frente al alquiler durante la crisis pandémica". El endeudamiento es la cara B del DNU que permitió la prórroga en los pagos mensuales en caso de no tener los fondos para poder afrontar el gasto. Por eso, el desendeudamiento está en la agenda de las organizaciones hace tiempo.
Según la última encuesta nacional de inquilinos publicada en junio, el 38.4% de los inquilinos no iba a poder hacer frente al pago total del alquiler en el mes de noviembre. Se trata de 1.344.000 hogares en todo el país. De ese universo, el 58.5% acumulaba deudas de dos meses o más. O sea, 786.240 hogares estaban en condiciones de ser desalojados al momento de finalizar el decreto.
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