El 12 de octubre se realizó en la plaza Independencia una protesta en contra del gobierno nacional y provincial. En el marco de dicha protesta, un joven se tomó una fotografía que luego publicó en sus redes en las que se lo ve estrangulando con ambas manos a una persona caracterizada como la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner.
A raíz de esta situación, la organización Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) presentó una denuncia contra Augusto Colombres, el joven tucumano que fue identificado por realizar este gesto que incita a la violencia.
Desde la organización, consideraron que la conducta denunciada "no constituye ni una opinión política ni artística susceptible de reclamar el amparo constitucional o convencional a la libertad de expresión".
En este sentido, enfatizaron que defienden la libertad de expresión aun en los casos en que pueda existir un completo desacuerdo con determinadas expresiones políticas y/o artísticas:
"Lo que no defendemos, sino que denunciamos, es el discurso de odio, siendo aquél cualquiera que promueva públicamente la violencia como única manera de lidiar con el diferente, con el contrario, con el disidente o con el adversario, particularmente cuando este pertenece a un colectivo especialmente vulnerable a la violencia como son las mujeres”, expresó Fernanda Marchese, Directora Ejecutiva de Andhes.
La organización analizó con preocupación ciertos patrones que se repiten y escalan el espiral de violencia. Señaló que en muchos casos, para manifestarse recurren a la violencia de género para hacerlo, en una espiral de odio que va creciendo.
A través de su denuncia, se busca que el Poder Judicial ordene la restauración del daño ocasionado, o la realización de medidas de carácter educativo, como medidas alternativas a la imposición de una pena, pero siempre con la finalidad de preservar el estado de derecho, la paz y la democracia como valores supremos de la convivencia política y social.
Según Andhes, de acuerdo a datos aportados por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) 8 de cada 10 mujeres políticas argentinas sufrieron violencia durante sus carreras. Entre los casos analizados el 54% corresponden a expresiones discriminatorias, el 25% se refieren a situaciones de acoso, 16% por amenazas y el 5% por campañas de desprestigio.
En ese contexto, Andhes consideró que no pueden tolerarse, sin más, expresiones públicas, que sin importar de donde provengan, involucren un mensaje de odio y violencia contra las mujeres.
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