Este 8 de mayo se celebra en Argentina el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Esta fecha conmemora el abuso de poder que tuvo lugar en 1987, cuando tres jóvenes fueron acribillados por efectivos policiales en la Comisaría de Ingeniero Budge. Este hecho sacudió a la sociedad y generó un fuerte repudio hacia las fuerzas de seguridad que utilizaban el "gatillo fácil" como práctica habitual.
La violencia institucional es un problema que afecta a toda la sociedad, y que se manifiesta de diferentes formas. Desde hostigamientos y persecuciones, hasta detenciones arbitrarias y requisas injustificadas, las prácticas de abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad son una realidad que se ha naturalizado y aceptado como algo "normal" durante años.
De qué trata la Ley N°26811
Desde hace algunos años se ha puesto en el centro del debate político la necesidad de erradicar estas prácticas violentas y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. Es por eso que en 2013 se sancionó la Ley Nº 26.811, que establece el 8 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional.
La ley tiene como objetivo principal generar conciencia sobre la problemática de la violencia institucional y promover la reflexión en torno a las prácticas de abuso de poder. Para lograrlo, se propone la realización de jornadas de reflexión en escuelas, centros de estudiantes, organizaciones barriales, sociales y juveniles.
Además, la ley dispone la señalización de cada uno de los parajes donde se hubieran perpetrado hechos de violencia institucional, como una forma de repudio a los hechos que allí sucedieron. También se establece la inclusión de jornadas alusivas al Día Nacional en los calendarios escolares, con el objetivo de consolidar la concepción democrática de seguridad y respetar la plena vigencia de los derechos humanos.
La violencia institucional como problema social
La violencia institucional es una realidad que afecta a todos los sectores de la sociedad, pero que se concentra especialmente en los sectores más vulnerables. La construcción de representaciones sociales de unos "otros peligrosos" ha generado la estigmatización de ciertos grupos sociales, que son considerados como enemigos y por lo tanto, objeto de la violencia institucional.
Es importante destacar que la lucha contra la violencia institucional es una tarea continua que implica cambios profundos en la forma en que se concibe y se ejerce el poder por parte del Estado. Además, la ley Nº 26.811/13 es solo un primer paso en la dirección correcta para enfrentar este grave problema.
Es fundamental que se siga trabajando en la capacitación y sensibilización de las fuerzas de seguridad para que entiendan que su rol es proteger a la ciudadanía, no reprimirla. Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar la impunidad y garantizar que se sancione a quienes cometen abusos de poder.
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