Policías de la provincia de Buenos Aires detuvieron a un joven de 17 años durante un operativo en el barrio Tolosa, de La Plata, lo golpearon con culatazos de las armas reglamentarias y lo trasladaron a la comisaría 6ª. Ahí, según la denuncia penal de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), lo torturaron durante horas con descargas eléctricas y golpes, exigiéndole que confiese un robo. Fue en la madrugada del sábado 25 de julio. Además, el interrogatorio policial ilegal se realizó sin la presencia de un abogado defensor ni tutor o familiar del menor de edad, una violación de las garantías constitucionales esenciales, entre ellas la Convención de derechos del Niño. También lo amenazaron de muerte si denunciaba lo ocurrido, según informó el organismo.
La CPM informó este martes que presentó la denuncia penal por torturas luego de entrevistarse con la víctima, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires. También denunció los hechos a la Auditoría General de Asuntos Internos.
Desde la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense informaron que uno de los agentes involucrados fue desafectado de la fuerza, sin embargo le solicitaron al fiscal del caso que se investigue la participación de más policías en el hecho. "Hay varios que intervinieron en la detención, en el traslado a la comisaría, luego en el traslado al centro Almafuerte. Hay muchas irregularidades”, dijo el abogado Ignacio Álvarez, director de Políticas contra la Violencia Institucional de la subsecretaría, en diálogo con El Destape.
“La prohibición del traslado a la comisaría es muy clara en el sistema de promoción y protección de derechos, y termina siendo la puerta de entrada a hechos de violencia y abusos policiales”, aseguró Álvarez.
Según relató la CPM, alrededor de las 5 de la mañana del sábado 25 de julio, agentes de la Policía Bonaerense que patrullaban el barrio Tolosa, en la capital provincial, persiguieron durante algunas cuadras al joven, lo detuvieron, lo golpearon y lo trasladaron a la comisaría. Ahí lo encierran en un calabozo vacío, lo obligan a permanecer de pie durante más de 9 horas, y tres policías lo torturaron con descargas eléctricas de manera sistemática, mientras filmaban el interrogatorio ilegal. La CPM informó que las imágenes fueron difundidas por los propios agentes en las redes sociales. Mientras lo torturaban, los policías buscaban que el joven declarara contra sí mismo y que incrimine a otras personas.
Recién en la tarde del sábado, los policías llevan al joven a realizarle un reconocimiento médico y durante el traslado en el patrullero siguieron aplicándole descargas con la picana. La denuncia de la CPM advierte que ninguna de las lesiones que tenía fue registrada.
Casi diez horas después de su detención, interviene por primera vez un funcionario judicial, y desde el organismo que preside Adolfo Pérez Esquivel cuestionan que no generó las condiciones para que pueda declarar sin presiones ya que los mismos policías lo esperaban para trasladarlo. “Intervino la UFI 3 de La Plata que, a pesar de la ilegalidad del operativo, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía. En otra de las tantas ilegalidades que tiene este hecho, a pesar de lo dispuesto por la ley, las autoridades no le dieron intervención a ninguno de los organismos del sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, informó el comunicado de la comisión.
El joven fue alojado en el centro cerrado Almafuerte, en Melchor Romero, y al momento de ingresar no informó las lesiones que tenía por temor a represalias. El personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía en el cuerpo. Toda la información surge del testimonio de la víctima ante la Comisión Provincial por la Memoria.
El gobierno bonaerense, a través de la subsecretaría de Derechos Humanos, asegura que el objetivo es que en la causa se garantice la figura del Abogado del niño, niña y adolescente, y que hicieron las presentaciones para que se impulse la investigación y se impida la participación de la Policía Bonaerense en las medidas que tome la fiscalía, además de establecer contacto con los familiares de la víctima para el acompañamiento que requieran.
Este nuevo caso de violencia policial se suma a una larga lista de graves violaciones a los derechos humanos ejecutadas por fuerzas federales y provinciales durante la cuarentena. Algunos organismos de derechos humanos advirtieron que se incrementaron los índices de letalidad policial, con víctimas que son en su mayoría jóvenes y pobres.
La Policía Bonaerense está en el centro de la investigación sobre la posible desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro hace ya tres meses, y se repiten los hechos de violaciones a los derechos humanos. Los números demuestran altos niveles de violencia estatal, con casos de distinta gravedad, y algunos irreparables.
El 5 de julio, en Mar del Plata, sobre la ruta 66, el policía Arcángel Bogado disparó al menos siete veces contra Brandon Romero, un joven de 18 años que murió por un tiro que impactó en su cabeza, quedó tendido sobre la ruta y fue atropellado. El agente dijo que se defendió de un robo y sigue libre a pesar de que en su declaración asumió la responsabilidad de la muerte.
El 10 de julio, en La Matanza, dos policías persiguieron y mataron a Lucas Nahuel Verón, en el día de su cumpleaños 18 años. Lucas iba en moto con un amigo. Fueron a comprar gaseosas a un maxikiosco. Cuando regresaban, cerca de las dos de la mañana, un patrullero de la Bonaerense comenzó a perseguirlos y dispararles. Una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató.
El 14 de julio, en Gerli, una policía mató a Daniel Alejandro Montes, de 19 años. Ella había arreglado a través de las redes sociales para comprar dólares en una esquina. Llegó vestida de civil. Otra vez, la versión del robo. Asesinó a balazos a Daniel con el arma reglamentaria.
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