La decisión partió desde la Legislatura de Jujuy. Luego de que se contabilizaran cinco femicidios en poco más de un mes y la gente saliera a la calle a movilizarse en las diferentes ciudades de la provincia, se aprobó el pasado jueves 29 de octubre una ley que declara la Emergencia Pública en materia de Violencia de Género.
Según se conoció, fue denominada "Ley Iara" por Iara Sabrina Rueda, una adolescente de 16 años que fue hallada asesinada y semienterrada a ocho cuadras de su domicilio en la localidad de Palpalá, a fines de septiembre pasado. Esto produjo que el Estado actúe de manera firme y concreta contra una de las mayores problemáticas que atraviesan a nuestro país en la actualidad.
El Consejo Provincial de la Mujer será el organismo encargado de aplicarla y tomar las diferentes medidas necesarias para la prevención y lucha de la violencia de género. Entre ellas aparecen la puesta en funcionamiento de diferentes centros de atención integral a mujeres en diferentes localidades y promoción de hoteles o residencias para las víctimas y sus hijos e hijas.
La ley también alcanza a los diferentes medios de comunicación, tanto públicos como privados, que deberán generar campañas de prevención y también una preparación adecuada para tratar a la información que se da a conocer, con la perspectiva de género necesaria para evitar también la violencia simbólica y verbal que se hace presente en algunos casos.
También buscarán asistir económicamente a las víctimas, tanto mujeres como personas de la comunidad LGBT+, activar diversos programas productivos de inclusión laboral, junto a la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Además crearán la división especializada de búsqueda de personas en el ámbito de la brigada de investigaciones, capacitando a la policía local. Quien no asista al curso, será expulsado.
¿Cuánto durará esta emergencia?
Por dichos de los propios legisladores, buscaron brindar una herramienta legal de prevención para atender a la denuncias, casos y desaparición de mujeres. Además, el proyecto recibió aportes de 70 colectivos de mujeres, sindicatos, políticas y estudiantes. Esta emergencia se declaró por dos años y podría extenderse por dos años más con partidas presupuestarias, leyes, subsidios y programas de por medio.
Los asesinatos de Cesia Reinaga (20), Iara Rueda (16), Roxana Mazala (33), Gabriela Cruz (24) y Alejandra Álvarez (17), en poco más de un mes, fueron claves para que la sociedad salga a la calle y fuerce a que el gobierno jujeño tome cartas en un asunto que preocupa cada día más y se presenta, año a año, más visible. "Es una pandemia social", sentenció la funcionaria del oficialismo, Mariela Ortiz.
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