Este lunes, el militar Elías Funes asesinó a su pareja Marianela Vegas Merino con un fusil FAL y se suicidó. Dos días antes, el Policía Federal Gustavo Antonio Boland mató a su pareja con su arma reglamentaria, Elsa Susana Muñoz, de tres disparos. Estos dos casos ocurridos en La Pampa reabrieron el debate sobre el acceso que tienen los efectivos a las armas cuando no están de servicio. Según advierten desde las organizaciones que reclaman nuevos y mejores protocolos, las parejas o mujeres cercanas a un miembro violento de las fuerzas de seguridad están expuestas a un doble riesgo: viven amenazadas y sienten que no pueden denunciarlo ante sus propios compañeros.
En los últimos cinco años, el 9 por ciento de los femicidios ocurridos en el país fueron perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad, ya sea activos o retirados, y al menos el 42 por ciento de ellos usaron sus armas para cometer los asesinatos, de acuerdo al informe de MuMaLa que sistematiza los elaborados desde su Registro de Femicidios, Femicidios Vinculados y Trans/Travesticidios. Del estudio se desprende que de todas las profesiones o dedicaciones de los femicidas, el mayor agrupamiento se da entre los miembros de las fuerzas de seguridad.
“Ese dato se explica en la falta del abordaje en algunas instituciones, la carencia de la Ley Micaela y la falta de sensibilización. Si vamos al historial mensual hablamos de un 13 por ciento de los femicidios cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. Por eso la exigencia es siempre al Estado y al Poder Ejecutivo”, resaltó a El Destape Victoria Aguirre, vocera nacional de MuMaLa.
En ese sentido, el proyecto de ley de Emergencia Ni Una Menos que fue presentado por MuMaLa en 2021 para “mitigar y revertir el número de víctimas de violencias de género en todo el territorio nacional” hace también foco en la sustracción de armas reglamentarias a varones pertenecientes a las fuerzas de seguridad que estén implicados en casos de violencia de género.
La iniciativa, que tiene aún estado parlamentario, reclama la “adopción de protocolos nacionales y provinciales de abordaje y seguimiento a integrantes de fuerzas de seguridad que ejercen violencia de género, que incluyan el retiro de arma reglamentaria u otras de su posesión”.
“El hecho de que el violento pertenezca a las fuerzas tienen un doble riesgo para las víctimas: el primero es que está expuesta a situaciones de violencia por parte de una persona que está permanentemente con armas reglamentarias, lo que representa un mecanismo de coerción importante para las víctimas, de intimidación y de manipulación. El otro hecho que se desprende es que disminuye o desalienta a las víctimas a la hora de dar el paso de poder denunciar, entonces la situación de vulnerabilidad que esto conlleva atraviesa en el accionar de la víctima fuertemente impidiendo la posibilidad de pedir ayuda y lamentablemente quedan expuestas a ser víctimas de femicidios”, indicó al respecto Daniela Gasparini, referente de Mumala y presidenta de Libres del Sur CABA. Psicóloga y especialista en estudios de género.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se erige fuertemente contra el “estado policial”, que habilita a que los funcionarios de fuerzas de seguridad porten su arma las 24 horas y pone muchas veces en riesgo a las mujeres que conviven con ellos. De acuerdo a sus estadísticas sobre el AMBA, de todas las mujeres que mueren a manos de la fuerza, el femicidio es la causa con mayor proporción. Y la mayoría comete esos asesinatos con sus armas reglamentarias, como establece el informe de Mumala.
“Todo esto de la portación hace a la subjetividad policial, que ya sabemos que es muy masculinizada. El arma y la fuerza física es un elemento identitario muy fuerte para ellos. Existen normativas que permiten a las autoridades políticas restringir esa portación por fuera del horario, pero es solo en casos en los que exista una denuncia previa. Esto muestra que los protocolos se aplican pero llevan a una porción muy mínima de los casos”, reflexionó Juliana Miranda, investigadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS.
Miranda pidió además que se aborde la problemática desde una perspectiva más integral, que reconozca que “el problema no es solo el arma”. “Hay algo que tiene que ver con la utilización de otras redes de contacto, distintas adquisiciones, habilidades y destrezas propias de la formación de los miembros de la fuerza que también se utilizan para ejercer violencia de género”, remarcó.
La difícil tarea de denunciar
En ese mismo sentido, Aguirre destaca que las víctimas de violencia de género que conviven con su agresor tienen muchas veces coartada la libertad de acción, porque realizar una denuncia implica para ellas “una exposición muy peligrosa, revictimizante”.
“Para nosotras esa primera denuncia es la puerta de acceso a la justicia así que si eso no está garantizado por el Estado vamos a seguir contabilizando muertas cada 24 hs y vamos a seguir manteniendo esto de que el 20 por ciento de las víctimas de femicidios tenían denuncias previas y sería muy lamentable que sigamos manteniendo un promedio entre un 9 y un 15 por ciento de femicidios en las fuerzas de seguridad”, puntualizó. Para evitar que esto ocurra, propone que se les permita a las víctimas realizar denuncias en otro lugar o en un ente autónomo que no dependa de la jerarquía de la fuerza.
En el marco de la Mesa Federal de Seguridad, Género y Diversidad creada por resolución 407/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la que participan representantes de las 24 jurisdicciones del territorio nacional, se publicó en 2021 un documento que sienta los lineamientos mínimos para el correcto abordaje, intervención y prevención de violencias basadas en género dentro de las fuerzas policiales y de seguridad y está destinado a funcionarios/as de las carteras de seguridad e instituciones policiales con responsabilidad en la materia.
"El personal de las fuerzas no está exento de las formas de violencia de género que tienen lugar en el ámbito privado y que son constitutivas de las estructuras sociales patriarcales en las que vivimos nuestras relaciones. Sin embargo, las características de la tarea policial y también de las culturas institucionales en las que se desarrollan, requieren de una mirada particular y muchas veces de acciones específicas que garanticen el derecho a vivir una vida libre de violencia y prevenga situaciones de alto riesgo e incluso la letalidad", indican en el documento. Este diario se comunicó con la cartera para abordar el tema pero no obtuvo respuestas.
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