En los últimos días y luego de los repetidos pedidos de la querella, la Justicia decidió dar un buen golpe de timón y enviar la causa que investiga la “instigación al suicidio” de Anabelia Ayala, a 10 meses de su violenta muerte el 1° de enero pasado, y que tiene al futbolista Oscar “Junior” Benítez como el único sospechoso e imputado, a una unidad especializada en violencia de género. “Es como pedí desde un principio. Antes de la indagatoria dijo (el fiscal) que se la quedaba, pero tiene que laburar mucho y no está a la altura. Esperamos poder trabajar con personas que saben del tema”, dijo el abogado querellante Rodrigo Tripolone a El Destape. A su vez, se abrió una investigación paralela por “omisión de auxilio” contra la familia de Benítez mientras el entorno del jugador denuncia “amenazas” en Esteban Echeverría.
“Atento al escrito presentado por el Dr. Rodrigo Tripolone, siendo que este despacho ha dispuesto la remisión y radicación de la presente UFI 17, temática de ‘Violencia de Género y Familiar’, por así corresponder, es que se dispone pase el presente legajo de manera física a dicha sede judicial”, manifestó el fiscal Juan Manuel Baloira –a cargo de la UFI N° 3 de Almirante Brown– en la resolución a la cual accedió este medio. Mientras que, asimismo, indicó que “previamente se extraigan copias certificadas de las partes pertinentes a los fines de formar una nueva investigación, independiente de la presente, respecto el acontecimiento del delito de ‘omisión de auxilio’ - Art. 108 del Código Penal”; es decir, una investigación paralela por el accionar del entorno de Benítez, por conocer sobre la violencia física y psicológica que ejercía sobre la mujer.
Por su parte, Tripolone indicó que existen unas 38 denuncias de la familia Benítez contra los Ayala por supuestas “amenazas” y hace días, desde la Justicia citaron a Juan Carlos -el padre de Anabelia- y otros familiares con motivo de “buscar silenciarlos” mientras la causa, después de tanto, parece avanzar. En esa línea, el letrado apuntó: “Encima que perdieron a la hija, ahora empieza la persecución judicial”. Tanto el padre, como la madre María Cecilia, fueron notificados de la imputación por dicho delito en el cual interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Esteban Echeverría.
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En este contexto y a pesar de los obstáculos presentes, la querella tiene como único objetivo seguir avanzando en la investigación por el suicidio de su representada, que hasta el momento no alcanzó grandes respuestas a las incógnitas que rodean el caso. Uno de los señalamientos principales del abogado fue el trabajo del fiscal Baloira, a quien acusó -en repetidas ocasiones- de no estar a la altura y poner frenos en las averiguaciones correspondientes. “Es como pedí desde un principio. Antes de la indagatoria dijo que se la quedaba, pero tiene que laburar mucho y no está a la altura”, expresó.
A lo largo de la causa, el abogado de los Ayala pidió diversas medidas pero el Dr. Baloira “no las hace o tarda demasiado”. Entre ellas, se destacan: el congelamiento de las redes sociales del imputado Benítez –a pesar de que el fiscal “le dio todo el tiempo del mundo” a que elimine lo que quiera a lo largo del proceso–; la finalización de las pericias sobre los dispositivos ya secuestrados durante los diversos allanamientos; que declare el conductor de Uber que la ayudó a salir de México cuando el futbolista se encontraba jugando en Atlético San Luis y la declaración de otros testigos –entre ellos, el novio anterior de Anabelia– y por último, la reconstrucción en el lugar de los hechos. “El sabe que hizo todo mal”, lanzó.
Cabe recordar que Benítez ya fue condenado a cinco años de prisión efectiva por los delitos de “coacción agravada, daños, daño informático, amenazas, desobediencia y tenencia ilegal de arma de guerra”, en perjuicio de la familia de su expareja entre los años 2021 y 2023. “En caso de elevarse a juicio, la instigación al suicidio entiende un juez correccional; como el que ya lo condenó…Ni siquiera un tribunal de tres jueces. En cambio, elevando a juicio la causa por femicidio, la instigación va a un tribunal y existe la posibilidad de que sea juzgado por jurados. Los jueces técnicos se aferran al Código Penal y no los sacás de ahí. En cambio, ciudadanas y ciudadanos comunes sienten y piensan de otro modo”, agregó Tripolone.
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El caso que puede sentar precedente para Benítez
Un jurado popular definió, a mediados de agosto de este año, en la provincia de Córdoba, que Diego Concha –responsable de Defensa Civil local, a cargo del combate de los incendios forestales– fuera condenado por el homicidio de la bombera Luana Ludueña, quien se suicidó a los 26 años, en 2022, luego de que el ex funcionario y máxima autoridad en control del fuego la abusara sexualmente. La joven había tenido dos intentos de suicidio tras dicha agresión.
Según dictaminaron los jueces, el hombre de 53 años abusó sexualmente de Luana y por dicha razón, la fiscalía a cargo de Fernando López Villagra lo acusó de “homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por su calidad funcional, por ser miembro de una fuerza de seguridad y por el daño causado en la salud de la víctima”, por lo que pidió 20 años de cárcel por la posterior muerte violenta. Cabe señalar que no calificó a la muerte como femicidio ni pidió perpetua por considerarlo “desproporcionado”.
Por su parte, la querella representada por el abogado Carlos Nayi reclamó la prisión perpetua por el delito de “homicidio con motivo de abuso sexual calificado”. Finalmente, los jueces hicieron lugar al pedido de la familia de la joven y se impuso la máxima condena posible por un delito en Argentina.
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A lo largo del proceso judicial, los jurados declararon que el de Luana fue un crimen enmarcado en “violencia institucional”, debido a que Concha abusó de su poder como jefe de un área clave del Gobierno provincial para abusar de la joven, que luego se quitó la vida culpa de dicha violación. “Todo lo que se habló acá, realmente no pasó, esa es la realidad. Pido que Jesús ilumine a los técnicos y al jurado popular”, dijo el funcionario en sus últimas palabras, después de que su defensa –a cargo de Carlos Hariabedian y Sebastián Becerra– pidiera la absolución por ser una “relación consentida”. En esa línea, aseguró que no pedía “favores sexuales” para ingresar al equipo que dirigía y negó pertenecer a un “círculo rojo” de poder dentro del Estado provincial.
Asimismo, el acusado ya tenía en su haber una denuncia por cuatro supuestos actos de violencia contra una ex pareja y fue detenido por ellos en noviembre del 2021. Quedó imputado por lesiones calificadas, amenazas reiteradas, amenazas por uso de arma de fuego y coacción. Tras la última audiencia y luego de confirmarse la condena a perpetua por la joven de 26 años, los papás de Luana lograron algo de justicia. “Cada vez que lo escuchamos (a Concha) nos destruye más, cada vez que habla destruye más a la familia. Luana murió día a día, luego del ataque final”, sentenció su mamá Cristina.
Lo logrado por la querella que representó a la familia de Luana, es lo que Tripolone quiere plantear en el caso de Anabelia: llevar los hechos a un juicio por jurados y que estos sean los que sentencien si Benítez es culpable o no.