Un proyecto de ley que obliga a las prepagas a incorporar la detección y la atención médica de los casos de violencia de género avanza en el Senado y este miércoles recibió dictamen favorable en un plenario de comisiones del Senado y quedó en condiciones de ser convertido en ley. La iniciativa busca incorporar un protocolo de abordaje integral y regular las prestaciones para que se pueda acompañar a las víctimas de violencia de género y que se pueda prevenir.
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Según explicó la presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, María Eugenia Catalfamo, "lo que buscan estos proyectos es incorporar al Programa Médico Obligatorio un protocolo de abordaje integral, con todas las prestaciones que están vigentes, no solo para acompañar una vez sucedida la violencia de género sino también para prevenirla”.
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Por su parte, la senadora Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba), autora del proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, consideró que la propuesta constituye "el cierre en esta pelea contra el flagelo de la violencia", ya que permite "detectar la situación para el reconocimiento del problema". "La asistencia que se le da a la víctima solo se lleva a cabo en el sector público, el abordaje contra la violencia de género se ve incompleto. Con esto vamos a universalizar esa atención y también se abre una nueva perspectiva en la formación de los profesionales", agregó.
En qué consiste el proyecto
Vigo sostuvo que el costo de esta inclusión en las prepagas no es sustancial, señaló que "el médico será el agente principal para tirar el alerta" sobre este tipo de casos y advirtió que "no tener un programa prestacional para la atención desde el ámbito de la salud" implica tener "diagnósticos retrasados". El tema fue votado esta mañana por unanimidad en un plenario de las comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Trabajo del Senado y quedó en condiciones de ser convertido en ley.
La senadora indicó que en la Argentina este tipo de atención se lleva a cabo desde el sector público y no desde el privado y mencionó entre las prestaciones que buscan incorporarse el programa médico obligatorio están las prácticas preventivas terapéuticas, quirúrgicas y farmacológicas. Vigo añadió que la ley obligará "a los profesionales a especializarse en estos temas y a dar certezas" para la atención sanitaria de estas patologías.
En tanto, la presidenta de la comisión de Trabajo, la peronista bonaerense Juliana Di Tulio, consideró que con esta ley se evita "un gran costo en la vida de la mujer, se promociona salud y se previenen enfermedades que son más graves" con lo que se hace "una especie de ahorro para el sistema de salud.
La violencia de género requiere un abordaje holístico
Según los fundamentos del proyecto, la violencia de género afecta a más de un tercio de las mujeres en el mundo. Pese a los esfuerzos realizados desde distintos programas a nivel nacional y en los distintos niveles provinciales y locales para prevenir y asistir a víctimas de violencia de género, continúa registrándose un alarmante y creciente número de casos de violencias de todo tipo y, lo más grave, de femicidios, explica. Por lo tanto, sostiene que esta problemática aún se encuentra lejos de poder erradicarse y obliga a multiplicar esfuerzos en todos los niveles institucionales que puedan abordar la asistencia a las víctimas.
El Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres dependiente del INDEC registró entre 2013 y 2017 260.156 casos de violencia de género, lo cual no implica sino considerar a través de la acción pública la garantía de los derechos y oportunidades de una gran porción social a la cual atañen y afectan las políticas públicas en materia de violencia de género.
Según un estudio de más de 20.000 casos, la violencia psicológica predomina, con el 86,9% de los casos, seguida de la física, presente en más del 67% de los casos. Por otro lado, el Registro de Femicidios elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que cada treinta y un horas muere una mujer en nuestro país a causa de violencia de género. Por otra parte, el 93,3% de los casos de violencia de género dan cuenta de la repetición de los actos: el 40,5% de los casos refiere a un período de 1 a 5 años de maltrato y el 23% de los casos refiere a situaciones de violencia padecidas por más de una década.
De estas estadísticas se desprende que para la mayoría de los casos resulta ineficiente y escaso un abordaje a posteriori de la problemática, sustentado sólo en evaluaciones y tratamientos restringidos a la cuestión fisiológica eludiendo un análisis holístico del problema subyacente. "El Estado no puede escindirse de la complejidad de este fenómeno, sino que, por el contrario, debe garantizar que las prestaciones médicas, terapéuticas, psicológicas, psiquiátricas y farmacológicas a las víctimas de violencia de género sean programadas y ejecutadas en tanto política de estado y por todos los prestadores que componen los tres sectores del sistema de salud argentino: el sector público, el sector de las obras sociales y el sector privado", remarca.
Por último, sostiene que la permanencia temporal de la violencia de género supone implicancias sociales, culturales y sanitarias. Respecto a las políticas públicas en materia de salud el reconocimiento específico de la problemática resulta una herramienta clave para la erradicación de estas situaciones a futuro, la minimización del daño a corto plazo y la asistencia eficiente a las víctimas a través de un abordaje responsable e integral de la problemática.
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