Río Negro: hostigamiento y violencia machista contra una jueza en Bariloche

Desde hace dos años, la titular del Juzgado N°7 de Familia en Bariloche, Marcela Pájaro, es víctima del amedrentamiento y hostigamiento por parte de Sebastián Escalada, un hombre denunciado por violencia de género por su pareja y con una causa judicial por “estupro y corrupción de menores” en Paraguay. La escalada de violencia no tiene límites y la funcionaria judicial vive con custodia policial porque teme por su integridad física, a pesar de que realizó la denuncia penal por amenazas y el hombre tiene una orden de restricción; el hostigamiento no cesa.

El origen de estos hostigamientos inicia cuando en 2018 Pájaro le otorgó el permiso de viaje a su ex pareja y a sus dos hijas, oriundas de Estados Unidos. El padre de la mujer estaba cursando una enfermedad terminal y ella pidió viajar con sus dos hijas por 90 días, presentando pasajes de ida y vuelta. La jueza le otorgó el permiso advirtiendo que debía regresar en los plazos previstos. El padre de la mujer falleció, pero ella y sus dos hijas se quedaron en el estado de Texas.

La mujer solicitó a la Justicia una prórroga de su estadía, pero le fue denegada y se le ordenó que retornaran al país en un plazo de 15 días. La mujer no regresó.

Hasta allí llega la intervención de la jueza Pájaro sobre el caso, e inicia la violencia sistemática y el hostigamiento de Escalada contra la jueza en razón del fallo que le permitió viajar a su ex pareja con sus hijas.  Cabe señalar que Escalada inició el  proceso de restitución internacional de menores, conforme el trámite que la Cancillería Argentina dispone al efecto. Petición que le fue denegada por cuanto fue considerado peligroso para la integridad de sus hijas y su ex mujer, según él mismo manifestó públicamente.  Por otra parte, Escalada tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos en razón de haber sido deportado de allí hace varios años.

En marzo de este año, Pájaro denunció a Escalada porque no cesaba su acoso mediático y su violencia en redes sociales y públicamente. A tal punto que un grupo de hombres que dicen identificarse con él, se sumaron al amedrentamiento. En diálogo con El Destape, Griselda Ingrassia, una de las abogadas de la jueza, relató que este año se  efectuó  la denuncia por amenazas contra Escalada “porque las situaciones de hostigamiento iban en aumento, se presentaba en conferencias o donde participaba la jueza y a viva voz profería amenazas  en su contra, del tipo  ‘¿qué tengo que hacer? ¿matar a la jueza? o delante de la mesa de entradas del juzgado: ¿acaso debo volar el edificio?”

Reiteró, además, que la jueza “no interviene más en el caso que tuvieron a él, a su pareja y a sus dos hijas como protagonistas” y resaltó que la Dr. Pájaro “es una jueza de familia que ejerce desde 2002 en Bariloche, y durante los último tres años ha otorgado más de 45 autorizaciones de viaje como la de este caso, siendo esta la primera vez que alguien pide autorización y no regresa”.

Según precisó el equipo de Pájaro, Sebastián Escalada fue deportado de Estados Unidos en razón de los antecedentes penales que registraba en dicho país:  una causa  por matrimonio fraudulento y la otra por haber participado en un delito de defraudación en la transferencia de una compañía. En el año 1997 fue acusado en Paraguay por el delito de estupro agravado y corrupción de menores.

Varias notas en Clarín dan cuenta del hecho que tuvo notoriedad en 1997.

“Al contrario de lo que denuncia Escalada, todo el accionar de la jueza en el expediente de autorización de salida del país fue regular y ajustado a derecho. La Dra. Pájaro y el equipo interdisciplinario del Juzgado escucharon a las menores y a la madre - oriundas de Estados Unidos-, tanto como al padre el Sr. Escalada”, aseguró la letrada.

Por otra parte, Ingrassia aclaró que, “una vez concedido el  permiso a la mujer y las niñas para viajar fuera del país con plazo de retorno, el Sr. Escalada no apeló la medida, por lo cual consintió  la resolución judicial dictada en tal sentido”

“El desempeño profesional de la Sra. Jueza  fue impecable y  así quedó comprobado  en la auditoría dispuesta por  el Consejo de la Magistratura, que por unanimidad decidió archivar la denuncia que realizó Escalada contra la jueza”, precisó la letrada.

A partir de ese momento, el hombre comenzó a llevar adelante un sistemático amedrentamiento contra la jueza. “No solo hacía apariciones públicas, sino que ploteó un auto con la leyenda ‘robaron a mis hijas hace tres años’, genera grupos de desprestigio y difamación, se encargó de difundir el domicilio de la jueza y convoca a otros hombres que teóricamente estarían en su misma situación para que se manifiesten en el domicilio de ella y en el juzgado”, denunció la abogada.

Mientras la violencia psicológica y mediática iba en aumento, y teniendo en cuenta que Escalada contaba ya con una denuncia por violencia efectuada por su ex pareja, la jueza comenzó a temer por su integridad física, por lo que decidió denunciarlo penalmente por amenazas.  “En ese expediente fue citado en cuatro oportunidades, no asistió. Se libró la orden la captura, consiguieron notificarlo y, en la audiencia de formulación de cargos, el juez dispuso una orden de restricción de acercamiento, es decir:  Escalada no se puede acercar ni a donde vive la jueza ni al juzgado donde ella se desempeña”, detalló.

“Hoy la Dra Pajaro debe vivir con custodia policial por el solo hecho de haber cumplido con su deber: sentenciar”, señaló Ingrassia. Esta situación de hostigamiento ha afectado la vida personal y profesional de la jueza, que ahora se encuentra de licencia y ha generado un escarnio mediático basado en las difamaciones y operaciones que realizó Sebastián Escalada.

Otro detalle a remarcar, es que en la audiencia de formulación de cargos por amenaza, el abogado defensor de Escalada  argumentó que “los dichos de su asistido no son amenazas de causar un mal grave, no configuran delito. Son una expresión de desahogo por la naturaleza y el marco en que se manifestaron, proferidos por una persona dolida y desesperada” y pidió el sobreseimiento. Una vez más, “el desahogo”, como justificación a la violencia.

Vale destacar que, dentro de los antecedentes con que cuenta la jueza Pájaro ha plasmado en muchas de sus decisiones judiciales la agenda de género que los movimientos feministas militan y trabajan.  Así, ha fallado en pos de  la ampliación de derechos de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ que generalmente encuentran dificultades para acceder a la justicia y/o sus experiencias allí están teñidas de estereotipos y discriminación. Falló a favor de la aplicación de protocolos de interrupción legal del embarazo, a favor de solicitudes de cambio de apellido paterno en el caso de situaciones de abusos intrafamiliares, preservó la seguridad de madres e hijos en situaciones en las que padres violentos solicitaban régimen de comunicación y de visitas, entre otros.  

Sentenciar  con  perspectiva de género, no resulta cómodo para un sistema judicial patriarcal. De acuerdo a datos de la CEPAL, en el año 2018 en Argentina sólo el 20% de las personas en el máximo tribunal de justicia eran mujeres. En la justicia de la Provincia de Río Negro, el 70% de la base de la pirámide de jerarquía en el ámbito judicial es de mujeres, pero hacia la cúspide del poder, el porcentaje se invierte.

Esto se debe a un concepto denominado “techo de cristal”: una barrera invisible fundada por variables históricas que obstaculiza o imposibilita el acceso de mujeres a cargos de poder. Se trata de normas no estrictas que afectan al ámbito privado y público, que se repiten como sistema en todos los espacios de la vida profesional y laboral de las mujeres, y que también compete al ámbito judicial.

La batalla obsesiva y personal que adoptó este hombre contra la Jueza  se enmarca, para el equipo que acompaña a Pájaro, en una expresión más de la violencia machista que sufren la mayoría de las mujeres que, munidas de poder de decisión, contradicen la voluntad de un varón.