Durante la mañana de este sábado surgieron fuertes rumores sobre la posible fuga de José Florentín, uno de los futbolistas de Vélez Sarsfield acusados por abusar sexualmente de una joven de 24 años, en la provincia de Tucumán. Horas más tarde, el abogado del jugador desmintió dichas versiones que indicaban que había viajado a Paraguay, su lugar de nacimiento. Sobre él y sus tres compañeros implicados -Sebastián Sosa, Braian Cufré y Abiel Osorio- recae la prohibición de salir del territorio por parte de la Justicia tucumana.
El representante legal del volante, Carlos Atim, aseguró a Doble Amarilla que el hombre de 27 años se encuentra en su domicilio de Caballito, Ciudad de Buenos Aires e incluso, "asistió a su psicólogo durante la mañana" de este sábado. Además, reconoció que el paraguayo "viajará el lunes a Tucumán para presenciar la cámara Gesell" de la víctima.
El hecho, que ocurrió durante la madrugada del 3 de marzo pasado luego del partido entre Atlético Tucumán y Vélez, tiene a los cuatro jugadores mencionados como únicos acusados; aunque los tres de campo (Osorio, Cufré y Florentín) son los más comprometidos. Por otro lado, Sosa podría ser juzgado por una "participación secundaria" por haber invitado a la joven de 24 años, a través de Instagram, al hotel donde ocurrió el abuso. Durante las últimas horas se conocieron algunos chats que complicarían -aún más- la situación de los tres primeros.
Frente a ello, la fiscal María Eugenia Posse -a cargo de la investigaciónv en la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual de la 3° Nominación- envió una solicitud para prohibir a los cuatro futbolistas salir del país por 90 días, en medio de la investigación, que fue aceptada por la Justicia. Mientras tanto, emitió una medida cautelar a la espera de la declaración de la denunciante en la Cámara Gesell que se realizará el próximo lunes, desde las 9.30 hs -a la que asistiría Florentín-.
Los argumentos del juez para prohibir su salida del país
En la resolución judicial a la que tuvo acceso El Destape, el magistrado Lucas Alfredo Taboada señala que se trata de una situación en la que "la víctima reviste de un doble estándar de vulnerabilidad, en su carácter de víctima y de mujer", razón por la cual resulta necesario incorporar la perspectiva de Género como "pauta hermenéutica constitucional y convencional, y como principio rector" para resolver dicho requerimiento de la fiscal. Mientras que cita al Alto Tribunal local, remarcando que las mujeres víctimas de violencia "gozan en el proceso judicial de un 'especial' estándar de protección y una mayor 'sensibilidad'" por parte del Poder Judicial.
"Resulta entonces necesario garantizar en el presente proceso tomando todas las medidas que resulten necesarias a fin de evitar una revictimización de la denunciante, quien sufrirá un segundo hecho de violencia, en este caso por parte del Estado, en caso de no brindar las garantías procesales para arribar a una respuesta por parte de la Justicia", argumenta el magistrado. Asimismo añade que resulta "un pedido razonable" frente al hecho investigado y su gravedad; específicamente, por la "multiplicidad de medidas investigativas" que están pendientes. "Hasta que ello suceda, es imperioso asegurar la sujeción al proceso de los imputados", poniendo especial énfasis a que dos de ellos son extranjeros y pueden conseguir asilo en el exterior contando con la economía para hacerlo.
Sobre el cierre, el juez Taboada resuelve prohibir la salida del país por el plazo de 90 días a los cuatro imputados "sin autorización" de la Justicia, "atento a lo considerado y lo dispuesto en la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales" y también en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
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