La pandemia de COVID-19 profundizó las desigualdades existentes entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. En materia sanitaria, por ejemplo, en la región de América Latina y el Caribe solo Cuba fue capaz de desarrollar e implementar una vacuna propia contra el SARS-Cov-2.
Además, la falta de cooperación regional puso a los países latinoamericanos ante negociaciones desfavorables con las grandes potencias farmacéuticas. No hubo ninguna estrategia regional para afrontar la pandemia ni tampoco se intentó la construcción de un plan a mediano y largo plazo para avanzar hacia una mayor autonomía.
Después de tres años, la emergencia sanitaria global por fin finalizó y parece buen momento para empezar a pensar qué estrategias podrían implementarse para que las próximas emergencias no nos agarren tan desprevenidos.
Al respecto, los investigadores Lautaro Zubeldia Brenner (Universidad Nacional de José C. Paz) y María José Haro Sly (Johns Hopkins University) proponen impulsar una agencia regulatoria de medicamentos del Mercosur (o Sudamericana) que facilite la regulación y producción de vacunas, medicamentos e insumos médicos en la región.
“La unidad regional es fundamental para ganar mayor grado de soberanía y autonomía frente a las grandes farmacéuticas transnacionales. Por eso consideramos que una agencia regulatoria sudamericana o del Mercosur podría ser un primer paso para eso”, dice a TSS Zubeldia Brenner, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CONICET. En un artículo publicado recientemente en la revista Tempo Do Mundo, los especialistas reflexionan sobre la brecha tecnológica regional con potencias como China y Estados Unidos, poniendo el foco especialmente en la producción de vacunas en Argentina y Brasil en el contexto de pandemia.
Para entender mejor donde estamos parados, los investigadores señalan que los vaivenes políticos y la economía pendular característica de las naciones latinoamericanas siempre han dificultado los procesos de industrialización y de integración regional, generando un fuerte proceso de primarización de la economía. “Además, en los últimos treinta años se consolidó un marco regulatorio legal y productivo que condiciona las posibilidades de producción local de vacunas. Se trata de acuerdos y leyes que facilitan la producción de vacunas a través de transferencias de tecnología desde las cadenas globales de valor, lo cual ejerce un efecto de bloqueo para producir vacunas con tecnología desarrollada en nuestros países”, explica Zubeldia.
Desarrollo y producción de vacunas en Argentina y Brasil
La brecha tecnológica entre países del centro y de la periferia en lo que respecta a la producción de vacunas e insumos médicos no es nueva pero se evidenció más durante la pandemia. En Brasil, la producción de vacunas humanas está caracterizada por acuerdos de transferencia tecnológica de trasnacionales hacia institutos públicos. El país produce el 90% de las vacunas de su Calendario Nacional de Vacunación pero para poder elaborar la mayoría de ellas depende de la importación de principios activos.
En tanto, hasta finales del siglo pasado, la Argentina conservaba parte del know-how productivo pero a partir de 2002 comenzó otra fase, “en la cual gradualmente se desmantelaron las capacidades organizacionales y de producción local, junto a una entrada masiva de vacunas modernas fabricadas por transnacionales”, según indican los investigadores en el artículo.
A diferencia de Brasil, la Argentina no ejecutó grandes acuerdos de transferencia tecnológica hacia institutos públicos, sino que quienes adquirieron mayores capacidades de producción fueron laboratorios privados como Sinergium Biotech (del Grupo Insud). “Brasil logró que la mayoría de los eslabones de producción de sus vacunas se transfieran a sus laboratorios, mientras que la Argentina, en general, solo hace fill and finish (llenado y terminación) ”, apunta Zubeldia.
Con la pandemia, estas diferencias entre ambos países se acentuaron. En Brasil, los institutos públicos Bio-Manginhos y Butantan adquirieron tecnología para producir vacunas desde AstraZeneca/Oxford (anglosueca) y Sinovac Biotech (China), respectivamente. Se hicieron acuerdos de transferencia tecnológica en dos etapas: la primera importando los principios activos y la segunda terminando de internalizar la tecnología para lograr una capacidad autónoma de producción. “Cuanto más completa tenés la tecnología de proceso en tu territorio, menor es la dependencia tecnológica. Si hacés solo la última partecita, el valor agregado es aproximadamente un 25% y el resto lo estás comprando a otro país”, explica el investigador.
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La Argentina, en cambio, al no poseer institutos públicos con la capacidad y el volumen de los brasileños, y ante la situación de emergencia sanitaria, debió apurar las transferencias hacia compañías privadas, como mAbxience (Grupo Insud), para producir el principio activo de la vacuna de AstraZéneca/Oxford; y el laboratorio Richmond, para producir la Sputnik V.
El camino de la transferencia no fue sencillo. En el primer caso, el proceso de fill and finish debía hacerse en el laboratorio Liomont de México que, por la escasez de insumos, demoró mucho en terminar las vacunas. En el segundo caso, el acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) era similar al manejado por Bio-Manginhos pero culminó antes de completar la transferencia del proceso upstream. “Hubiese sido muy interesante adquirir capacidades tecnológicas, organizacionales y productivas para seguir produciendo otras vacunas vectoriales”, lamenta Zubeldia.
En lo que respecta al desarrollo de vacunas contra COVID-19, la única nación que logró hasta el momento completar un desarrollo biotecnológico autónomo fue Cuba. La isla aprobó el uso de tres vacunas: Soberana 02 y Soberana Plus (Instituto Finlay de Vacunas), y Abdala (Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología); y tiene dos más en pruebas clínicas: Soberana 01 y Mambisa. El resto de los países de América Latina cuenta con desarrollos disímiles, siendo los más avanzados Brasil y la Argentina. Brasil posee como desarrollo parcialmente autónomo la Butanvac, del Instituto Butantan, que utiliza un vector viral para vehiculizar la proteína Spike y está en fase II-III de ensayos clínicos.
En tanto, la Argentina está financiando cuatro proyectos. El más avanzado es el de “ARVAC Cecilia Grierson”, diseñada por un equipo de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que tiene como co-desarrollador al Laboratorio Pablo Cassará, de capitales nacionales. Utiliza la tecnología de proteínas recombinantes y está en fase II-III. “Yo creo que ARVAC es la muestra cabal de que la Argentina puede poner una vacuna en el mercado, hacer pruebas clínicas, montar una plataforma de producción segura (usada desde hace treinta años),diseñada por científicos argentinos y fabricada por una empresa nacional de capitales nacionales”, sostiene Zubeldia.
Otro desarrollo nacional es la vacuna a vector viral “CoroVaxG3”, de la Fundación Instituto Leloir, en el que también participaron el ANLIS-Malbrán, la Universidad Nacional del Litoral y la Escuela de Medicina de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP). Para los autores del artículo, este esquema de colaboración binacional es interesante para la sinergia en la producción regional, generar economías de escala y facilitar aspectos regulatorios pero señalan que el desafío será garantizar la apropiación regional/nacional de la renta y del conocimiento (generado con recursos públicos).
Hacia una agencia regional soberana
Luego de analizar la brecha tecnológica en la producción de vacunas de los países de la región, Zubeldia y Haro advierten sobre los aspectos negativos de seguir adquiriendo tecnología desde los países centrales. Entre ellos, indican que las transnacionales farmacéuticas suelen transferir eslabones poco importantes de la cadena de valor, de escaso agregado tecnológico, para evitar generar competidores que rompan con el reparto del mercado global. Otro gran inconveniente es que esas vacunas trasferidas fueron pensadas en centros científicos externos a la región, por lo que traen incorporados los objetivos sociales, políticos y económicos de quien las diseña.
Por eso, proponen que una Agencia Sudamericana de Medicamentos (o del Mercosur) podría ser una herramienta útil para responder de forma coordinada frente a futuras amenazas epidemiológicas, preservando los intereses soberanos de los países de la región al permitirles negociar desde un lugar de mayor fortaleza frente a las transnacionales. “Cuánto más atomizado y pequeño es el Estado, más probabilidades hay de que la transnacional te imponga sus condiciones. Sobre todo en medio de una situación como fue la pandemia porque terminás comprando los insumos de cualquier forma para salir de la urgencia”, explica Zubeldia.
Además, la parte regulatoria podría simplificarse al afrontar las pruebas clínicas de modo continental, transnacionalizando las pruebas pero hacia dentro del subcontinente y en el marco de una estrategia regional. “Las pruebas clínicas son una parte decisiva, donde las transnacionales suelen pedir muchas cláusulas regulatorias que en realidad son barreras de entrada al mercado. Una agencia sudamericana o del Mercosur sería una herramienta para poder regular estos aspectos, colocar tecnología regional y armar cadenas regionales de valor”, puntualiza el investigador.
Para finalizar, Zubeldia remarca que para avanzar en el camino de un desarrollo autónomo no basta con pensar en acortar la brecha tecnológica. Lo que hay que lograr, dice, es tener objetivos acorde a las capacidades productivas de le región y delinear una frontera tecnológica que esté en consonancia con objetivos soberanos. Pone el ejemplo de las vacunas de las vacunas de ARN (como las de Pfizer y Moderna), cuya tecnología es muy recomendada por organismos internacionales y grandes farmacéuticas.
“Lo que hay detrás de esos mensajes es el intento de posicionar una nueva tecnología para matar las tecnologías anteriores. Si buscamos acortar la brecha con ese tipo de fronteras tecnológicas, lo que sucede es que quedamos metidos en transferencias que nunca se completan y terminamos pagando asesorías tecnológicas, importando bienes de capital y principios activos, es decir, entramos en un sendero de desarrollo dependiente. Entonces lo que digo es: iniciemos un sendero de desarrollo realmente autónomo, que ubique una frontera tecnológica local con plataformas locales de producción, con tecnologías a las que podemos acceder, que sabemos que son seguras y confiables, y que van a generar valor agregado en nuestros territorios”, finalizó Zubeldia.
Con información de la Agencia TSS
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