Hay otro desaparecido en democracia.
El viernes 15 de mayo, la Policía de la localidad de Monteagudo interviene en una carrera de caballos, dispersa el encuentro, a unos 10 kilómetros al sur de la capital tucumana, campo adentro, en el paraje El Melcho. Alrededor de las cuatro de la tarde, en el camino se encuentran con los hermanos Juan Antonio y Luis Espinoza.
Juan Antonio iba en su caballo, los policías lo tiran al piso, lo golpean. Luis intenta detener las agresiones, pide que dejen tranquilo a su hermano. Se escuchan disparos. Juan Antonio se desmaya. Cuando se despierta, Luis ya no está.
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En el lugar hay sangre y vainas de calibre 9mm, las armas reglamentarias que utiliza la Policía, y un rastro en el suelo que se interna en el monte y deja huella hasta el camino vecinal, donde los lugareños creen que Luis fue subido a la camioneta en la que llegaron los oficiales, una Renault Kangoo de color gris.
Juan Antonio es el testigo clave, es el último que vio con vida a Luis Enrique Espinoza, su hermano, de 31 años, casado con Soledad, seis hijos. El mayor tiene 13 años. Como su padre, es un trabajador rural. No fue a la escuela, no sabe leer ni escribir, trabajó toda su vida en el campo.
La familia denuncia que lo mataron y descartaron el cuerpo.
La causa fue caratulada como desaparición forzada de persona, por la fiscal Mónica García de Targa, del Centro Judicial de Monteros. Todas las hipótesis de los investigadores conducen al personal policial. Hay 9 agentes detenidos y un civil.
La abogada de la familia, Cinthia Campos, explicó en diálogo con El Destape que las pruebas científicas apuntan a los policías y que “las declaraciones testimoniales fueron cruciales”.
La camioneta, en la que llegaron los policías, tenía rastros de sangre y pelos. Así lo reveló el reactivo luminol, la sustancia química que utilizan los investigadores para detectar rastros en la escena del crimen. Esa Kangoo gris es propiedad privada de una mujer policía, imputada en la causa junto a otros 8 agentes de la fuerza de seguridad provincial y un civil que los habitantes del lugar identifican como un empleado de la comuna que realiza actividades policiales informales, de vigía. O, como se dice en el lugar, rigorea en la zona.
El miércoles por la noche declararon durante cinco horas dos de los oficiales que no estuvieron en el lugar, no tuvieron una participación activa, pero conocen detalles de lo ocurrido porque estaban de turno el día de la desaparición. Este jueves finalizaron la ronda de indagatorias a los otros oficiales detenidos e imputados por la fiscalía.
Fuentes con acceso a la investigación confiaron a El Destape que dos de ellos habrían quebrado el pacto de silencio y declararon “de manera clara y precisa” la zona donde podrían haber descartado del cuerpo, por lo que en las próximas horas se esperan novedades importantes.
“Hace seis días que buscamos a Luis, si los policías hubieran colaborado antes la familia no pasaría por el dolor de saber que lo mataron y no poder encontrarlo. No tiene explicación, por más que hayan sido amenazados y hostigados”, le dijo a El Destape la abogada Cinthia Campos.
El miércoles también fueron peritados otros cuatro vehículos secuestrados en los que también aparecieron manchas de sangre. Son tres camionetas y un auto, propiedad de los policías detenidos y del comisario de Monteagudo, Rubén Montenegro. Comenzaron el peritaje a las 21 y finalizaron a las 4 de la mañana de este jueves. “Encontramos bastante”, cuenta la abogada de la familia de Espinoza.
Otro dato clave es que más de 12 personas testimoniaron en la zona de Melcho ante la división de Investigaciones y Delitos Complejos de Concepción, la segunda ciudad más importante de la provincia de Tucumán. Al principio se mostraron reticentes a brindar información por miedo y desconfianza.
Viven a la vera del camino vecinal en el que se llevaron a Espinoza, un paso obligado que todos transitan. Todos se conocen. “Relataron que la actitud de la policía era sospechosa, de nerviosismo, describieron vehículos y datos importantes que se sumaron a la causa. Fue como armar un rompecabezas”, informa la abogada Campos.
“Todos en la zona aseguran que lo mataron, que está muerto porque sino ya habría aparecido por sus propios medios o lo habrían encontrado. Dicen que no se pudo haber perdido porque se criaron en el monte”, explica Mariana Romero, la primera periodista que difundió la información, en diálogo con El Destape.
La búsqueda fue incansable y multitudinaria. “Muchísima gente a caballo, vinieron de todas las localidades. Salen a las 8 de la mañana, paran un rato a las 2 de la tarde porque el sol acá es abrasador, es un ambiente muy seco, difícil, y siguen buscando”, cuenta Romero.
En los primeros días de búsqueda, la familia y amigos creían que a Luis lo habían tirado en un espejo de agua en el Dique Frontal Río Hondo, limítrofe con la provincia de Santiago del Estero, pero con el correr de las horas consideran que el cuerpo ya tendría que haber flotado.
Los rastrillajes realizados por más de 200 policías de la Brigada de Investigaciones, con los efectivos especializados de la Policía Lacustre, dos perros, una lancha y un helicóptero, no arrojaron ni un solo rastro del joven. Es la propia policía provincial, involucrada en el hecho, la que estuvo a cargo de la búsqueda desde el comienzo.
El ministerio de Seguridad provincial dispuso este martes, cuatro días después de la desaparición, el pase a disponibilidad de los agentes que estuvieron a cargo del operativo. Se informó que reconocieron ante sus superiores haber realizado dos disparos al aire para disuadir, una acción prohibida. Versión que se desmorona con los hechos: en el lugar encontraron dos postas de goma y, al menos, cinco vainas de plomo calibre 9mm. Se esperan los resultados de las pericias para determinar qué armas fueron utilizadas y quién dispararon.
La policía tardó 24 horas en informar a la fiscalía lo que ocurrió el viernes por la tarde en El Melcho, cuando el Código Procesal Penal establece un máximo de seis horas. Qué hicieron durante esas horas, es una de las preguntas.
El jefe de la Policía de Tucumán, Manuel Bernachi, decidió dar de baja a todos los jefes de la Unidad Regional Sur. También desplazó al jefe de la comisaría de Monteagudo y removió a todo el personal de esa dependencia.
Desde el ministerio de Seguridad de la Nación aseguraron a El Destape que ofrecieron medios técnicos al gobierno de Tucumán. “Estamos siguiendo el tema con mucha preocupación, es un tema local pero lo estamos observando, a disposición de las autoridades provinciales con recursos que también están disponibles si los solicita la Justicia Federal”.
Antecedentes de brutalidad policial
Dos de los policías involucrados, Gerardo Esteban Martínez Rojas y Claudio Alfredo Zelaya, ya tienen al menos un antecedente grave de violencia institucional. Cumplían funciones en una localidad cercana, Simoca, cuando en octubre de 2018 detienen a Alan Andrada, de 20 años, a la salida de un baile. La madre fue a buscarlo a la comisaría. Lo encuentra con un ojo morado y un fuerte dolor en la nuca. Lo liberan al día siguiente y dos semanas después es internado por una hemorragia cerebral, lo operan, y a los días fallece. Antes de morir, Alan llega a decirle a la madre que en la comisaría lo habían golpeado mucho y le da los nombres de los oficiales. Esta semana los reconoció por las protestas de la familia y amigos de Luis Espinoza.
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